-
Los miembros de la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, detrás de la presidenta Susana Díaz, durante su discurso de investidura. -
El Consejo de Gobierno de esta semana, el último antes de las vacaciones, bloqueó la tramitación parlamentaria de dos leyes propuestas por dos partidos de signo político muy distinto –PP y Podemos-. Pocos días antes, el Ejecutivo andaluz también había vetado la llegada de otra ley al Parlamento, esta vez no propuesta por un grupo político, sino por una iniciativa legislativa popular avalada por las firmas de 42.000 ciudadanos. El veto a una norma registrada por la oposición es más o menos habitual, ha ocurrido reiteradamente en anteriores legislaturas. Pero el veto a una iniciativa legislativa ciudadana, una herramienta facilitada por el Gobierno socialista para fomentar la participación de la gente en política y acercar la calle al Parlamento, no sólo no tiene antecedentes en la historia parlamentaria, sino que resulta «tremendamente impopular», según coinciden el resto de fuerzas políticas. Ahora PP, Podemos e IU prevén unir sus votos en el Parlamento para forzar un debate en el pleno sobre la tramitación de dicha ley ciudadana, obligando a la Junta a rectificar el veto impuesto.
El rechazo del Ejecutivo andaluz a la tramitación de propuestas de ley ajenas a su agenda se sustenta siempre en el mismo argumento: aprobar una norma no prevista por la Junta implicaría un gasto sobrevenido en el presupuesto autonómico y una caída en los ingresos que obligaría a la Administración andaluza a recortar de otras partidas ya consignadas. Con esta premisa, el Consejo de Gobierno vetó el martes pasado la ley de Medidas Tributarias en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de Andalucía, propuesta por el PP-A, y la Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la Administración Pública Andaluza, planteada por Podemos. La iniciativa legislativa popular, presentada por una plataforma ciudadana donde se integran varias ONG y sindicatos, pedía la tramitación de una Ley de Renta Básica. En los tres casos, el argumento del rechazo fue el mismo: la insuficiencia presupuestaria.
Lo complejo de este veto gubernamental no es que frene la aprobación de una ley, sino que impide el debate en el Parlamento sobre la necesidad de dicha ley. «El PP defiende que al menos se llegue al debate. Para superar el veto del Gobierno del PSOE, nos hemos acostumbrado a añadir una coletilla a todas las iniciativas que registramos en el Parlamento: sin menoscabo del presupuesto en vigor. Así al menos se puede llegar a debatir», explica el portavoz popular, Carlos Rojas.
La Junta impide que el debate llegue a la Cámara porque el Ejecutivo socialista está en minoría, y porque si se produce un improbable acuerdo de todos los partidos de la oposición, cualquier ley podría salir adelante. «Pero esto no es un riesgo presupuestario sino democracia pura y dura», dice un diputado de Podemos que desconocía la potestad que tiene su grupo para reactivar el debate sobre las leyes que el Gobierno previamente ha vetado.
El reglamento de la Cámara establece tres vías para sacar adelante una ley: a propuesta del Gobierno, a iniciativa de cualquier grupo parlamentario y a través de una iniciativa popular. El camino habitual, el más recto, es el primero, pero para ello el Gobierno debe contar con mayoría en el Parlamento, y ahora no la tiene. Tendrá que negociar cualquier iniciativa legislativa que quiera aprobar, y garantizarse los votos que le faltan para la mayoría absoluta. Así es como Susana Díaz logró su investidura tras 80 largos días de negociación, con el respaldo de Ciudadanos, y así es como funcionará el Parlamento a partir de septiembre. Sin diálogo entre Gobierno y oposición será difícil que la legislatura avance y que la acción política andaluza cristalice en leyes.
De momento ha empezado mal. El Consejo de Gobierno ha actuado al margen del Parlamento, aprobando los proyectos de ley que dejó pendientes en el mandato anterior. Y la oposición registra sus iniciativas sin pactarlas ni negociarlas, de modo que sólo consigue que la Junta las frene todas.
El segundo camino para aprobar una ley surge de los grupos parlamentarios o de diputados concretos. Estos registran la proposición de ley en el Parlamento, que luego es analizada por la Mesa, órgano rector de la Cámara, que la admite a trámite y la remite al Consejo de Gobierno. Y éste, por ahora, veta el debate arguyendo insuficiencia financiera para aprobar la ley.
Pero hay un camino de vuelta que los partidos nuevos consultados por este periódico, Podemos y Ciudadanos, desconocían: si la Mesa no está de acuerdo con el veto del Ejecutivo, puede forzar un debate en el pleno para decidir si la ley se tramita o no en el Parlamento. El artículo 124.4 del reglamento de la Cámara advierte de que «si no existiese coincidencia de interpretación entre el Consejo de Gobierno y la Mesa del Parlamento respecto a si una proposición de ley, de aprobarse, supone o no aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto en vigor, el Pleno decidirá tras un debate en el que intervendrán los distintos grupos parlamentarios en un único turno de diez minutos».
La Mesa está compuesta por siete miembros. El PSOE cuenta con tres, incluido el presidente, Juan Pablo Durán, pero no tiene mayoría. Para recuperar el debate sobre la ley de Renta Básica avalado por 42.000 firmas ciudadanas, una vez más, tendrían que ponerse de acuerdo los otros cuatro grupos de la oposición. «Nosotros vamos a apoyar la iniciativa. Es un hecho insólito e injusto que se haya frenado ese debate. Ese veto echa por tierra ese mensaje de investidura de Susana Díaz, apelando al diálogo y a la participación ciudadana», dice el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo.
Una de las claves de esta legislatura, en un Parlamento fragmentado en cinco grupos y con un Gobierno en minoría, será la búsqueda de alianzas entre partidos muy distintos entre sí para posibilitar la actividad legislativa. Por ahora, sólo PSOE y Ciudadanos han sabido entenderse en el marco de un acuerdo de investidura que recopila 76 medidas: contra la corrupción, económicas y sociales. Se trata de una alianza con distanciamientos, que no impide al partido de Albert Rivera ejercer la oposición a la Junta, como demostró al solicitar una comisión de investigación por el fraude de los cursos de formación o la comparecencia del consejero de Empleo por las irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.