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Elena García, presidenta del sector de educación de CSIF Andalucía.
Seguimos sumando opiniones en El Correo de Andalucía en torno a la educación como motor de cambio social. Una serie de entrevistas a los líderes sindicales, tanto del sector público, como de la privada o la concertada que continuará la próxima semana con más representantes.
Hoy hablamos con Elena García Fernández, presidenta del sector de educación de CSIF Andalucía, sindicato mayoritario en la región con 103 delegados de 372 posibles (27,69%). Nacida en Córdoba en 1974, es maestra de Educación Infantil y licenciada en Psicopedagogía. En la actualidad tiene su destino en el IES Zoco de la capital cordobesa por la especialidad de Maestra de Pedagogía Terapéutica.
Su andadura profesional comenzó en 1997 en Madrid y en 1999 accedió a la función pública docente. Ha tenido diversos cargos de responsabilidad en la organización sindical y desde el año 2019 es la presidenta de la central sindical.
-Está siendo un comienzo de curso ajetreado, con la entrada de la LOMLOE en las aulas andaluzas. Una reclamación histórica de CSIF es la reducción de la burocracia. Pero la sensación es que, cada vez, hay más y más carga.
Efectivamente, las exigencias de tipo burocrático van in crescendo y resultan a todas luces innecesarias e ineficaces en la mayor parte de los casos. En CSIF hemos presentado un Plan de Choque contra el exceso de burocracia en los centros educativos y celebramos que la Consejería haya anunciado la creación de un grupo de trabajo, en el que CSIF estará presente, para analizar y adoptar medidas para reducir la carga burocrática innecesaria al sector docente. Aspiramos a que este curso 2022-2023 sea el de la eliminación del papeleo superfluo en los centros educativos andaluces y así lo vamos a exigir a la Administración educativa.
¿Cómo ha sido la primera toma de contacto con la actual consejera y su viceconsejera?
Pues se ha tratado de una toma de contacto en la que nos ha sonado bien la música que hemos escuchado e incluso podemos coincidir en los objetivos que ha enumerado la consejera y que son: La mejora de los resultados académicos, la mejora de la inclusión educativa y el impulso a la Formación Profesional. No obstante, está claro que para conseguir estos objetivos es necesaria una importante inversión en el sistema educativo público andaluz que lo vertebre y lo dimensione adecuadamente.
¿Y sobre los cargos intermedios?
Desde nuestra organización mantenemos con ellos una relación fluida y de colaboración, que es siempre lo que prima por parte de CSIF si de lo que se trata es de avanzar y mejorar en la enseñanza pública andaluz y en las condiciones de sus profesionales.
¿Qué opinión le merecía el antiguo consejero de Educación, Javier Imbroda?
A Javier Imbroda le tocó capitanear la Consejería en un momento muy complicado y con él conseguimos alcanzar tres importantes acuerdos: Dos de ellos vinculados a los recursos que recibieron los centros educativos, y uno de ellos con el que se ha podido dar un importante paso para saldar la deuda histórica de la equiparación retributiva del profesorado andaluz y conseguir situarnos en un punto intermedio y en una situación más justa. Sí echamos en falta desde nuestra organización un mayor impulso y apuesta decidida por la educación pública en su etapa como titular del ramo, que continuamos demandando actualmente.
¿Se conseguirá bajar la ratio en este mandato y no cerrar líneas?
Es nuestro objetivo que se reduzca la ratio y que se ponga freno al cierre de unidades en la enseñanza pública. Y ello, naturalmente, debe venir acompañado de un incremento de las plantillas del profesorado, no como un fin en sí mismo, sino para conferir una mejora a la calidad del sistema educativo público andaluz.
¿Cómo ve la eliminación de la demanda social que la LOMCE incluía?
CSIF no estaba en absoluto de acuerdo con la demanda social que establecía la LOMCE, ya que desde nuestra organización rechazamos toda medida que perjudique a la enseñanza pública.
Elena García en su despacho.
¿Qué postura tiene CSIF sobre la escasez de plazas públicas en la Formación Profesional, cuando todos los expertos hablan de su papel clave en el futuro más cercano?
Si se quiere hacer una apuesta firme por la Formación Profesional se tiene que incrementar la oferta pública de plazas, puesto que son miles los alumnos y alumnas que se quedan fuera curso tras curso. Además se tienen que mejorar los recursos y las infraestructuras para que se ofrezca una FP de calidad y se puedan formar los técnicos medios y superiores cualificados que necesita nuestro mercado laboral.
Siempre habéis defendido al profesorado andaluz como la piedra angular del sistema educativo. ¿Por qué sigue, no obstante, siendo denostado por muchos actores sociales, entre ellos, muchas familias?
En efecto: El profesorado es la piedra angular del sistema educativo público. Son los expertos y, sin embargo, no está exento de críticas porque en demasiadas ocasiones se va a lo fácil y a lo simple, que es buscar culpables, en lugar de hacer un análisis en profundidad sobre los problemas y las carencias del sistema educativo, la primera de las cuales es la gran inestabilidad legislativa que siempre ha habido en esta materia. Desgraciadamente, es cotidiano que se ponga a los y las docentes en el centro de la diana, lo que pone de manifiesto también la pérdida de valores que está experimentando la sociedad, así como la pérdida de autoridad a la que lamentablemente se aboca al profesorado. Tenemos que celebrar, no obstante, que en Andalucía se haya aprobado la Ley de Reconocimiento de la Autoridad Pública del Profesorado, si bien aún tiene que desarrollarse y hacerse efectiva.
¿Cuál es el feedback que os llega de los docentes?
El profesorado siente que no está suficientemente reconocido ni valorado, a pesar de que desempeña una función crucial que es formar a la sociedad del mañana.
¿Por qué hay tanta polémica en torno al proceso de estabilización? Da la sensación de que se está realizando un efecto llamada a muchos interinos de otras CCAA. ¿No sería mejor ‘obligar’, como ha hecho Aragón, a hacerlo de forma presencial para evitar este efecto llamada?
Los procesos de reducción de la temporalidad han quedado totalmente desvirtuados con la actuación del Gobierno central, que ha establecido tres sistemas de acceso a la función pública docente. De este modo, hasta 2024 nos vamos a enfrentar a un sistema de concurso de méritos y a dos de concurso oposición (uno con ejercicios eliminatorios y otro sin ellos). La polémica está servida porque se trata de tres tipos de plazas distintas, con lo que no hay satisfacción entre el colectivo aspirante e interino, y no hay satisfacción tampoco por parte de CSIF ante esta situación, con la que se ha complicado lo que podía haber sido más sencillo.
Lo cierto es que País Vasco, Galicia y Cataluña, introducen en sus bases para el concurso de méritos tener el idioma cooficial. Canarias parece que intentará favorecer a sus interinos puntuando más a quienes tengan experiencia laboral allí, retrasando el concurso un año. ¿Qué hará Andalucía al respecto?
La propia Constitución Española establece como principios la Igualdad, el Mérito y la Capacidad en el acceso a la función pública, docente en este caso. El hecho de exigir en las bases como requisito o exigencia la certificación de ese idioma cooficial nos parece que pudiera estar vulnerando fundamentalmente el principio de Igualdad. Deben existir unas bases comunes en todas las comunidades y la lengua cooficial no debe suponer ninguna discriminación ni obstáculo.
Por otro lado, ¿Por qué no hay transparencia en la adjudicación de plazas para el concurso y el concurso-oposición transitorio? La gente duda sobre las razones del reparto de plazas para una y otra vía.
La Administración educativa andaluza debe haber definido los requisitos de cada una de las plazas en virtud de los que establece la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad, ya que en caso contrario podría enfrentarse a demandas judiciales. En cualquier caso, y sin justificar por ello que pudiese darse falta de transparencia en relación a este complejo proceso, hay que tener en cuenta que estamos hablando de procedimientos selectivos de las enormes dimensiones que supone el sistema educativo público andaluz. Lo que sí llama muchísimo la atención es que haya habido tantísimas plazas sin ofertar desde 2016.
Aclárenos por qué hay tanta indignación entre los docentes de Magisterio y el famoso ‘No al 2x1’.
Se trata de una problemática que afecta al Cuerpo de Maestros. Desde CSIF exigimos que se respete el principio de especialización, que confiere mayor calidad al sistema educativo, y que los restos horarios en los que maestros y maestras especialistas no tienen que impartir propiamente su materia se utilicen, en lugar de en tutorías, para realizar los apoyos educativos al alumnado que más lo necesita y los desdobles pertinentes.
A esto, le sumamos la escasez de orientadores en los centros...
La atención a la diversidad es una asignatura pendiente en nuestra comunidad. Si bien es cierto y hay que valorar el incremento en los últimos cuatro años de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, no es menos cierto que dicho incremento no es proporcional al del alumnado al que hay que atender. Por lo tanto, hacen falta más maestros y maestras de PT y AL, que actualmente están desbordados y en el mejor de los casos sólo pueden dedicar una hora semanal por alumno o alumna. Además hacen falta más orientadores en Primaria y Secundaria, para hacer posible una detección y atención temprana al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
¿No cree que el sistema educativo actual, aunque se maquille, está totalmente desactualizado? ¿Cuál sería su opción? Otros países, como Polonia han vuelto a los 8 años de educación básica y 5 de secundaria.
Más que desactualizado, nuestro sistema educativo es completamente inestable desde el punto de vista legislativo. No es de recibo que en los últimos 25 años se hayan tenido más de seis leyes orgánicas educativas. Es necesario un Pacto de Estado por la Educación que le confiera estabilidad y que la educación no se convierta en un arma arrojadiza en la contienda política. Respecto a la estructura de dicho pacto como tal, se debe tener en cuenta la opinión de los expertos en Educación, que son los docentes. Pero la clave para tener un sistema educativo eficaz es conferirle mayor estabilidad y respeto hacia la Educación por parte de todos los agentes implicados.
¿Está agotado el sistema actual de oposiciones, donde ya se han roto las costuras en las últimas convocatorias en muchos tribunales?
Desde CSIF, a nivel nacional, ya que es un asunto que concierne al Ministerio de Educación, hemos reclamado que se haga una revisión con el objetivo de que el sistema de acceso sea lo más objetivo posible
¿Por qué un opositor no puede reclamar ni ver su examen tras ser corregido?
Esta cuestión habría que planteársela a la propia Administración andaluza. Es cierto que se resuelven en un corto periodo de tiempo los procesos selectivos docentes, si bien no por ello debería verse mermado el derecho de reclamación, en su caso, ni la transparencia.
Ha surgido una corriente social en la que se pide un adelanto del comienzo de curso unos días. Otros, piden reducir las horas de clase a 55’ para conciliar mejor y salir media hora antes de los centros educativos. ¿Está de acuerdo con estas medidas?
No compartimos el adelanto del curso escolar. Los días previos de organización de los centros son necesarios e imprescindibles. Además, nuestro alumnado está por encima de la media de la OCDE en cuanto a horas lectivas y además tampoco está demostrado que el número de horas lectivas incida en mejores niveles educativos y de éxito escolar.
Y no se pueden confundir los centros educativos con la necesidad de conciliación de las familias, para la que deben existir otros recursos distintos a los propiamente educativos. Además no es un clamor docente ni la reducción del horario de atención al alumnado, ni salir media hora antes. En absoluto. Lo que sí reclama el profesorado son medidas de teletrabajo, que afectaría al horario no lectivo, un aspecto en el que CSIF está trabajando y exigiendo a la Administración que dé pasos que avancen hacia ello.
¿Se conseguirá, algún día, una convivencia pacífica entre pública y concertada?
Existe una convivencia. Lo que no se puede perder de vista es que la Educación Pública ha de ser el eje vertebrador del sistema educativo. Estamos totalmente en contra de que se impulsen los conciertos y entendemos que la pérdida de unidades derivada de la bajada de la natalidad no se cebe con la Educación Pública, que es lo que está pasando.
¿Cuál es la mayor amenaza actual de la educación pública?
La falta de una apuesta firme, avalada por las inversiones que serían necesarias. A mi juicio, en Andalucía nos encontramos ante un profesorado sobrepasado y no reconocido. Sin duda, los docentes y las docentes andaluzas adolecen de falta de reconocimiento. Valga como ejemplo que carecen de carrera profesional, con lo que las posibilidades de progresar en su profesión son nulas. Igualmente, las plantillas son escasas y la ratio es excesiva.