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Leo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua. / El Correo -
Leandro del Moral, miembro fundador de la Nueva Cultura del Agua.
Hoy se celebra el Día Mundial del Agua, un recurso esencial para la vida y cuyo acceso ha sido declarado por la ONU derecho humano desde el año 2010. Leo Heller, Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua y Leandro del Moral, miembro fundador de la Nueva Cultura del Agua, explican los importantes desafíos de esa consideración de derecho humano en la actualidad.
Para velar por la implementación real del derecho humano al agua, la ONU creo la figura del Relator Especial, que desde su creación ha estado ocupado por Leo Heller, quien visito recientemente Sevilla para conocer los modelos de agua andaluces y mantuvo un diálogo con uno de los miembros fundadores de la Nueva Cultura del Agua (FNCA), Leandro del Moral. En ese diálogo, organizado por Ecoperiodismo con el patrocinio de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública y Saneamiento (AEOPAS), el Relator advierte que “cortar el agua si la familia no tiene capacidad de pagar la factura es una violación de los derechos humanos”.
Aunque en las sociedades del mundo rico estemos acostumbrados a tener acceso al agua, la situación mundial y el grupos más desfavorecidos no es así. Según el último informe de la ONU sobre el acceso al agua potable, 3 de cada 10 personas del planeta no disponen de agua potable en sus hogares. Pero no hay que pensar en lugares lejanos como África para encontrar esos casos; en Andalucía el colectivo de trabajadores africanos viene denunciando desde hace meses que en Lepe (Huelva), los temporeros que malviven en chabolas durante la temporada de la recogida de la fresa tampoco tienen acceso al agua para satisfacer sus necesidades esenciales.
“En España la figura del Relator tiene influencia e impacto”, asegura Leandro del Moral. Para el representante de la Fundación Nueva Cultura del Agua e impulsor de la recién creada Mesa Social del Agua, que añade también que “los grandes problemas del agua ya se conocen”, pero la visión panorámica del Relator es de gran importancia. En este sentido, Leo Heller ha aclarado que “muchos países han aumentado el acceso de las personas al agua y saneamiento, pero las desigualdades han aumentado; ya que están dando servicios a los que pueden costearlos y son más ricos”. Por suerte, según el Relator, en otros países se ha trabajado “aumentado las coberturas y a la vez disminuyendo las brechas de desigualdad”, que es la dirección que marca la declaración del agua como derecho humano.
Según el Relator especial de la ONU, “la crisis económica y el desempleo han creado un tipo de problemas que se han hecho muy comunes en países desarrollados: accesibilidad, cortes, desconexiones en el acceso al agua...”. Para Heller, en los países ricos “los problemas son distintos, por ejemplo: yo he visitado Portugal y no es comparable su situación con la de Lesoto: En Portugal hay gitanos que no tienen acceso en muchas ocasiones al agua; en Irlanda he encontrado un problema muy grave de personas que viven en la calle sin acceso al agua o baño; en Canadá hay un problema con los indígenas que reciben un aporte insuficiente de agua por parte del Estado; en Estados Unidos hay ciudades donde he identificado una contaminación del agua con plomo y otros metales pesados porque el prestador del servicio intentan economizar sin gastar para garantizar la calidad del agua; en Francia he realizado una comunicación sobre Calé donde hay un grave problema con los refugiados que intentan cruzar a Inglaterra, allí la situación es inaceptable para el país icono de los derechos humanos...”
En este sentido, el catedrático Leandro del Moral apunta que “en este déficit de derecho humano al agua en cuanto al abastecimiento y saneamiento se ha hecho más hincapié en estos años en los sectores de la población que tienen conexión al agua: la población que estando conectada no puede pagar la tarifa y los operadores, las empresas, cortan el suministro”. Sin embargo, explica el representante de la FNCA, hay otra problemática muy acuciante que no se ha solucionado: “poblados con infraviviendas rurales de población compuesta por trabajadores agrícolas inmigrantes, en Huelva, Almería... que no tienen acceso al agua ni al saneamiento”.
En el lado opuesto de las infraviviendas rurales de inmigrantes agrícolas hay otra situación: “la de los chalés y segundas residencias ilegales, que son cientos de miles, que al estar en situación irregular carecen de los servicios de agua y que reclaman con la bandera del derecho humano la conexión al agua”, explica Del Moral.
En este sentido, el Relator asegura que “no puede haber discriminación de ningún tipo en el acceso a los servicios de agua, y una de las bases de la no discriminación es la tenencia de la propiedad, de la tierra: no se puede discriminar porque la persona no sea dueña de su tierra o de su casa. Pero en los países en desarrollo donde hay favelas y asentamientos ilegales, los prestadores de servicios se excusan en no dar agua con el argumento de que es una invasión o una ilegalidad ese ocupamiento...Eso no es aceptable desde el punto de vista de los derechos humanos”.
Respecto a la aplicación real del denominado “mínimo vital”, la cantidad mínima de agua que la ONU considera que debe tener una persona para una vida digna, Leandro del Moral explica que “en España hay un debate sobre la cantidad de agua que establece ese mínimo vital y que en Andalucía se ha establecido en 100 litros por persona y día; sin embargo, observamos que cuando los operadores son privados prefieren derivar el problema de dotar de esa cantidad esencial de agua a Caritas, Cruz Roja... entidades sin ánimo de lucro”. Para el Relator, derivar la prestación de un mínimo vital de agua no puede recaer en el concepto de limosna o caridad: “ese no es el camino porque quienes tienen los medios para dar el servicio son los operadores de agua y no las entidades caritativas; entre otras cosas porque eso acarrea discriminación social”. Para Heller “es necesario que haya una regulación de este tema, independiente de que el operador sea público o privado, que diga explícitamente que no se desconecta el agua y que hay que proteger a los más pobres para que tengan acceso al agua”.