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Vista general de la sala con Griñán en el centro mientras responde a la Fiscalía Anticorrupción. / Raúl Caro (Efe)
«Aquí no había malversación». Con esta frase es como cerró el expresidente y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, recordando la conclusión a la que llegó el magistrado Jorge Barreiro que instruyó la rama política de los ERE cuando esta llegó al Tribunal Supremo. Griñán estuvo mañana y tarde contestando preguntas, en las que desligó a la Consejería de Hacienda (que dirigió entre abril de 2004 y abril de 2009) del fraude, señalando directamente a la gestión que se hizo de los fondos de la partida de los ERE por parte de Empleo y, en concreto, de la Dirección General de Trabajo de Francisco Javier Guerrero. Griñán también puso en valor que la propia Cámara de Cuentas no halló «tacha alguna».
Una de las cuestiones en las que más se centró la Fiscalía Anticorrupción fue en su etapa al frente de Hacienda y sobre el hecho de que no actuara ante los reparos de la Intervención en sus memorias de control financiero permanente del Instituto Andaluz de Fomento (IFA), que era el organismo que a través de las transferencias de financiación, recibía fondos de Empleo para abonar las ayudas otorgadas por su Dirección General de Trabajo. Griñán aseguró que no estaban dirigidas a él como responsable de Hacienda. De hecho, dijo que no las conoció «hasta esta causa» y que entonces fue cuando preguntó a Carmen Martínez Aguayo, que entonces era su viceconsejera, por qué no les fueron trasladadas y le dijo «exactamente que no les había sido remitido porque no requerían de ninguna actuación del consejero».
Ante la incredibilidad del fiscal, Griñán explicó que si la Intervención no hizo un informe de actuación, que hubiese implicado la adopción de medidas por parte del Consejo de Gobierno, es porque «no había nada relevante» y «mucho menos menoscabos de fondos públicos», algo que le hubiera obligado a hacerlo. Más adelante recalcó, en este sentido, que el interventor siempre habló que las transferencias de financiación «eran inadecuadas, pero legales». En este sentido, su exposición fue una defensa de este «mecanismo presupuestario» que, según destacó, «es muy habitual en todas las administraciones». Es más incidió en que se parte del error de que se asocia a estas la ausencia de fiscalización previa, «no es así». «El IFA solo pagaba las ayudas de Empleo, la fiscalización previa debió hacerse dónde se reconocía la subvención que era en Empleo».
Este fue otro de los pilares de su declaración, señalar al órgano gestor de las ayudas sociolaborales. Así negó que el presidente y el Consejo de Gobierno conocieran el montante y los destinatarios de las ayudas. «Solo llegaba la ficha presupuestaria, que incluía el programa de las ayudas, la cuantía y el gestor», que era la Dirección General de Trabajo, que era quien «conocía los destinatarios». Llegó a afirmar que la gestión de las ayudas sociolaborales «no solo es discutible, sino censurable».
Sobre la elaboración del presupuesto Griñán dijo que era la Dirección General del Presupuesto la que asumía la elaboración del anteproyecto. «Lo más importante» en este apartado era «equilibrar los gastos y los ingresos». El expresidente y el exconsejero indicó que él llevaba a cabo «reuniones con todos los consejeros», no solo con el de Empleo como le preguntaba el fiscal. «Empleo tenía la obsesión con el SAE porque lo estaba desarrollando», aunque eran reuniones en las que «ya estaba prácticamente cerrado el presupuesto» y no había lugar a más cambios.
Ahí es cuando el fiscal le preguntó por la 31L y él reconoció «que el programa 31L no lo conocía hasta esta causa». «Son más de 250.000 funcionarios y multitud de programas, no se puede conocer a ese detalle, al menos a nivel del consejero». El fiscal le mostró un documento en el que se especificaba que este programa suponía un 45 por ciento del presupuesto de Empleo. Griñán le contestó entonces que «eso es una parte insignificante de la Consejería de Empleo», donde era el SAE el que se llevaba la mayor parte. «Si le quita el SAE le quita todo. Es como si a Salud se le quita el SAS, se le quita todo», ha añadido. El fiscal le enseñó también su comparecencia en la comisión para presentar el presupuesto, en la que hace referencia a un incremento del programa destinado a prevención de riesgos labores, mucho menor. Griñán justificó que en este caso el conocimiento detallado del mismo porque su intervención fue a raíz «de una pregunta concreta».
En su defensa, el extitular de Hacienda señaló que ya como presidente de la Junta de Andalucía y tras saltar el escándalo de los ERE fue él quien le propuso al Consejo de Gobierno que se auditase por la Cámara de Cuentas de Andalucía el programa 31L durante los diez años en los que se centra la investigación. «No halló tacha alguna», repitió varias veces.
La otra parte del interrogatorio a Griñán giró en las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, que él mismo firmó como Ministro de Trabajo. Griñán se remontó incluso a órdenes anteriores que dijo «son el origen de todo» y que se dictaron tras la entrada de España en la Unión Europea, etapa «de reconversión empresarial» y de cambios para el país. «Son consecuencia de una larga reconversión industrial», aseveró. Así indicó que en primer lugar hubo una orden en 1982, que fue modificada en 1986, en la que ya se conceden competencias a las comunidades autónomas. En ese momento se estaba llevando a cabo una reforma laboral «en la que se regulan los expedientes de regulación de empleo y es ahí cuando se contemplan los planes sociales que se negocian con sindicatos y empresarios». «El objetivo era cubrir a trabajadores que se quedaban sin nada entre una prestación y la jubilación», recalcó.