El agua es esencial en nuestras vidas. Y lo es aún más en estos momentos para combatir la propagación del Coronavirus. Las medidas de higiene personal y de limpieza en el hogar hacen que el agua de grifo sea fundamental y esencial para nuestra salud.

Detrás del agua de grifo que permite beber, que nos lavemos las manos, pongamos una lavadora o limpiemos nuestra vivienda, están los operadores públicos del agua, que mantienen toda una red de infraestructuras imprescindibles para que el agua de grifo continúe llegando a los hogares con la certeza de que es sana y segura, y pueda ser después devuelta a la naturaleza en las condiciones de salubridad necesarias para proteger nuestro medio ambiente.

Infraestructuras que van desde la captación del agua en la naturaleza, su traslado a las estaciones potabilizadoras para su tratamiento, que permita garantizar que la calidad del agua que se va a transportar a los hogares cumple los parámetros de calidad y seguridad necesarios para su consumo.

Pero el ciclo del agua una vez que ha llegado a los hogares para su uso o consumo no acaba ahí. Cuando usamos el agua, los operadores públicos del agua garantizan también que vuelva a la naturaleza en condiciones óptimas para proteger nuestro medio ambiente. Para ello, las denominadas ‘aguas grises’, esas que abandonan el hogar al tirar de la cadena del inodoro o por los desagües, son de nuevo transportadas a las estaciones de tratamiento de aguas residuales, donde son sometidas de nuevo a procesos que las ‘limpien’ antes de ser vertidas al medio ambiente. En esta complicada tarea, los trabajadores del agua están bajando literalmente a las cloacas a desatascar el alto incremento de toallitas húmedas que se está registrando desde que comenzó el confinamiento, entre otras tareas arriesgadas.

“Un ciclo que es posible gracias a la labor de héroes y heroínas anónimas: los trabajadores y trabajadoras del agua pública”, explica la Asociación de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) que aglutina a las principales empresas de agua de España con las que acaba de lanzar la campaña #Héroesdelagua en redes sociales, basada en varios vídeos en los que se muestra ese “trabajo invisible de personas que cada día dan lo mejor de sí para que todas y todos podamos disfrutar de un bien tan preciado como es el agua de grifo”.

El fondo de la campaña no se queda solo en el homenaje a las personas trabajadores de las empresas públicas del agua, sino que pone de relevancia “la importancia de los valores colectivos de nuestras empresas públicas de agua: la solidaridad, la cohesión y la cooperación”. De hecho, mientras las empresas públicas de agua se están esforzando en mantener sus servicios a la ciudadanía -considerados esenciales por el Estado desde el inicio de la crisis del coronavirus-, las multinacionales privadas del agua están trabajando para lograr hacer caja.

En este sentido, la Red Agua Pública (RAP), un movimiento ciudadano que suma a intelectuales de toda España, ha lanzado otra campaña contra las multinacionales privadas del agua, calificando de “egoísta, insolidaria y mezquina la actitud del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua y ampliar la duración de sus concesiones”. La campaña, que ha tenido un alto impacto en redes sociales, se originó después de que el pasado 3 de abril, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) enviase una carta dirigida al gobierno donde argumentaba, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, “se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural”. El presidente de la patronal del agua también exigía en su misiva la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria.

AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua en España, no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

El 17 y el 31 de marzo, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua. En el primer decreto ley (8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.

Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Al contrario que el sector privado, los operadores públicos de agua han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en ambos decretos ley adelantándose, incluso, a su aplicación en tanto que asumen las obligaciones del derecho humano al agua de respetarlo, protegerlo y cumplirlo.

En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud del lobby privado del agua, la RAP reivindica suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación; establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios públicos esenciales vinculados a derechos humanos; dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana; y facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.

“Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro”, recalca este movimiento ciudadano.