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Asiento vacío en la comisión de investigación el que tenía que haber declarado ayer la ministra Fátima Báñez. / Efe
La cercanía de las comparecencias más mediáticas en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de ayudas para cursos de formación y las elecciones generales del 26 de junio no es baladí para los partidos políticos. A ninguno gusta que sus cargos importantes sean interrogados por sus rivales en la Cámara en fechas tan sensibles. Desde que comenzó la comisión, una docena de comparecientes –exaltos cargos de la Junta– se ha acogido a su derecho a no declarar. El exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, (imputado en este caso y en el fraude de los ERE) incluso se negó a escuchar las preguntas de los grupos, un gesto por el que la comisión instó al Parlamento a acudir a la Fiscalía.
Ayer se dio un paso más en ese sentido tras consumarse la incomparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, que dio plantón a la comisión (su declaración estaba prevista desde el 21 de abril) amparándose en un informe del Consejo de Estado y de la Abogacía General del Estado que «rechaza la comparecencia de ministros en comisiones de investigación autonómicas». El dictamen, solicitado por su propio Ministerio y hecho público el domingo por la tarde, advierte de la «falta de competencias» del Parlamento andaluz para requerir la presencia de la ministra. La consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genaro Moya tampoco compareció al esgrimir su «total desconocimiento» sobre el procedimiento de las subvenciones otorgadas por la Junta».
El revuelo político provocado por la ausencia de la ministra fue notable. El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, encargó a los servicios jurídicos de la Cámara que estudien si la ausencia de la ministra tiene consecuencias legales. La respuesta de los letrados podría dilatarse un mes (la campaña electoral se inicia en 23 días), pero entretanto Podemos ya se apresuró ayer a anunciar que denunciará a Báñez ante el Tribunal Supremo, e IU instó a elevar el caso a la Fiscalía, como se hizo con el plantón de Rivas. «No comparecer ante una comisión de investigación es como si un testigo no comparece ante un tribunal», dijo el diputado de Podemos, Juan Moreno Yagüe.
Por la mañana, el Ministerio de Empleo había remitido un escrito a la comisión, vía correo certificado y electrónico, del subsecretario de Estado, Pedro Llorente, que informaba de que no se iba a atender el requerimiento del Parlamento para que la ministra acudiese a la comisión. Confirmada la incomparecencia de Báñez, el presidente de la comisión, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, calificó de «bofetada sin manos a los andaluces y una deslealtad institucional» la decisión de la ministra. PSOE, Podemos, C’s e IU llegaron a un acuerdo para realizar la sesión –aun con la silla de la ministra vacía– y en ella los cuatro criticaron la ausencia de Báñez. Visiblemente molesta, la diputada del PP, Teresa Ruiz Sillero, acusó al presidente de la comisión de «montar un circo con el fin de beneficiar al PSOE» y pidió su dimisión.
El PP-A fue el único partido que se opuso a la citación de la ministra cuando se hizo la lista de comparecientes, pese a que su presidente, Juan Manuel Moreno, aseguró que aportaría «muchas sorpresas». La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, dijo ayer que la ausencia «no fue voluntaria», que ella quería comparecer, pero que el Consejo de Estado «la obligaba» a no hacerlo. Crespo consideró «ilógica» la comparecencia de la ministra e insistió en que desconoce «los criterios de concesión de las ayudas de la Junta y el contenido de los expedientes». El resto de grupos coincidió en que el PP ha quedado «deslegitimado» para seguir esta comisión.