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El colegio Altair de Sevilla.
Tras las sentencias del Tribunal Supremo (TS) avalando la financiación pública de los colegios no mixtos, al desestimar el argumento de la Junta para retirar el concierto a estos centros por discriminación y vulneración del principio de igualdad, permitirá a 500 alumnos matricularse en estos centros elegidos como primera opción pero que habían solicitado de forma condicionada ante la incertidumbre de si el próximo curso serían de pago. Son 500 alumnos de nuevo ingreso de Infantil a Bachillerato que tuvieron que presentar la solicitud de plaza en el periodo de escolarización para estas etapas en marzo si bien la sentencia afecta en total a un millar ya que en los 9 colegios andaluces no mixtos también entrarán el próximo curso otros 500 alumnos para estudiar ciclos de FP subvencionados pero las solicitudes para esta etapa se presentan en junio, por lo que en su caso podrán hacerlo ya sabiendo que se mantienen los conciertos.
Tanto el secretario general de la patronal CECE, Rafael Caamaño, como los directores de los centros Altair y Ribamar, Javier Delgado y Macarena López respectivamente, señalaron la disponibilidad de la Junta a acatar el fallo del TS y facilitar un proceso para escolarizar a los alumnos que desean estudiar en estos centros. Confiaron en que dado que el proceso general para formalizar las matrículas será del 1 al 10 de junio y el Supremo se ha pronunciado antes, lo lógico es que estos alumnos se matriculen en ese plazo igual que el resto. Dado que en marzo no pudieron solicitar formalmente plaza en estos centros al no estar disponibles en la oferta sostenida con fondos públicos, centros como Altair aconsejaron a las familias pedir otra escuela si bien Javier Delgado entiende que la renuncia a la plaza otornada siempre es un derecho y si la Junta articula el sistema a la hora de matricularse no habrá problema en hacerlo en estos colegios.
Por su parte, pese a la satisfacción con la sentencia, Caamaño defendió que pleitear en los tribunales “no es agradable para nadie” y pidió que el modelo pedagógico de la educación diferenciada y su financiación pública para garantizar el derecho a elegir de los padres se recoja en el Pacto de Estado por la Educación que se está negociando y en el posible acuerdo andaluz reclamado por formaciones como Cs para dar “estabilidad” a estos centros y a las familias. La Junta ya ha dejado claro que acatará el fallo y mantendrá los conciertos a estos centros pero también puso enfasis que rechaza un modelo pedagógico que a su juicio discrimina a los alumnos de uno u otro sexo. Además el Constitucional aún debe pronunciarse sobre el recurso de la Junta contra la Lomce por blindar la financiación pública de la educación diferenciada.