La Junta planea recurrir el fallo del TS que avala la escuela no mixta

Tras las sentencias del Tribunal Supremo (TS) avalando la financiación pública de los colegios no mixtos, al desestimar el argumento de la Junta para retirarles el concierto por discriminación y vulneración del principio de igualdad, los nueve centros andaluces afectados (siete en Sevilla y dos en Córdoba) esperan instrucciones para matricular a 500 alumnos de nuevo ingreso que no pudieron solicitar formalmente estas escuelas en marzo durante el proceso de escolarización abierto para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. El plazo general para matricularse en esas etapas se abrirá del 1 al 10 de junio por lo que los centros afectados confían en poder matricular a esos 500 alumnos en ese plazo y otros 500 en FP cuando se inicie el proceso de escolarización de esa etapa (el plazo para presentar las solicitudes será del 15 al 30 de junio). La Consejería de Educación asegura que «habilitará los procedimientos necesarios para que la admisión, matrícula e inicio de curso se haga con normalidad en estos centros» pero también anuncia que, aunque ahora acate el fallo que la obliga a subvencionar estos centros, estudia presentar un recurso de amparo.

Así, la Junta deja claro que seguirá batallando jurídica y políticamente contra el sostenimiento con fondos públicos de un modelo educativo que «segrega entre niños y niñas» y forma «de espaldas a una realidad igualitaria y diversa». No solo estudiará recurrir en amparo la sentencia del Supremo y confía en que el Constitucional falle a su favor en el recurso presentado contra la Lomce por considerar inconstitucional que blinde la financiación pública de la educación diferenciada. También en el plano político «se promoverán iniciativas parlamentarios tanto en Andalucía como en el Congreso de los Diputados para que se derogue de una vez por todas la Lomce y, mientras que esto ocurre, que se deje sin efecto el artículo 84 de la misma que blinda la financiación con dinero público de la educación segregada» como se han suspendido otros aspectos de la ley como las reválidas. Resulta por tanto difícil que la Junta recoja el guante que ayer le lanzó el presidente de la patronal de escuelas concertadas (CECE), Rafael Caamaño, que abogó por que el aval de los tribunales al modelo de educación diferenciada haga que éste se contemple en el Pacto de Estado por la Educación y el posible pacto andaluz para evitar litigios futuros que «no son agradables para nadie» y dar «estabilidad» a estos centros y a las familias «que tienen derecho a elegir» el modelo pedagógico para sus hijos. Una libertad de elección que para el presidente de la federación de Ampas de los centros concertados Fapyma, Abel Martínez, sólo existe si esta opción está disponible para todos y no sólo para quien la pueda pagar, lo que convertiría a estos colegios «dados sus buenos resultados académicos en centros elitistas». Martínez defendió que la coexistencia de este modelo junto a otros está consolidada en países como Inglaterra, EE.UU o Bélgica y «aquí se persigue por criterios ideológicos».

Para la abogada de CECE que ha llevado el pleito, Carmen Mora, defendió que no existe ninguna sentencia que considere la educación diferenciada inconstitucional. Las dudas se planteaban sobre su financiación pública pero el TS «ha invalidado el argumento de la discriminación» usado por la Junta para negar el concierto a estos centros que además tienen demanda (Altair ha recibido 56 solicitudes para 50 plazas de nuevo ingreso en Infantil y Ribamar 26 para primero de ESO frente a las 22 del curso pasado y prevé 120 para FP). Por ello, para negarse a financiarlos la Junta tendría que motivar su decisión y «un modelo le puede gustar más o menos pero la elección no compete a la administración sino a las familias».