Los intercambios dialécticos entre el consejero de Empleo de turno y la diputada del PP-A a cuenta de los cursos de formación siempre acaban en duelos al sol, y hoy no hubo excepción. La formación para desempleados regresa a la actualidad política andaluza ahora que la Junta se vanagloria de que se han vuelto a poner en marcha (después de seis años de paralización) y el PP-A lo niega. Importan los cursos de formación por lo que se hace en el presente, pero también por lo que se hizo o se dejó de hacer, según se mire, en el pasado.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, actualizó ayer en comisión parlamentaria las cifras que la administración solicita que se reintegren por los cursos que se convocaron entre 2007 y 2011. Cuando las competencias sobre la formación volvieron en 2015 a la Consejería de Empleo desde Educación, ésta transfirió 8.505 expedientes. De los 6.501 que se han revisado desde entonces, Carnero informó de que se ha pedido el reintegro de 149 millones de euros. En 4.751 expedientes se ha comprobado que “no había incumplimiento” y 1.750 han concluido con resoluciones de reintegro. No hubo, sin embargo, actualización del dinero que se ha recuperado hasta el día de hoy, y la cifra sigue estancada en los 8,7 millones que ofreció el entonces consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, a Ruiz Sillero hace ocho meses. La diputada del PP acusó de “opacidad” a Carnero y recordó la iniciativa que se aprobó en el Parlamento que obliga a la Junta a actualizar cada dos meses la información. La Junta reconoce “un retraso considerable”, pero insiste en que “se está siguiendo el procedimiento pertinente” y se ha visto influenciado por “la judicialización y la politización de estas subvenciones” que ha hecho el PP-A.
Otro de las confrontaciones entre el Gobierno y el PP-A es a cuenta de que se informe de a cuánto ascienden los reintegros reclamados a cada entidad. El consejero ofreció algunos datos, pero no los que correspondían a empresas que fueron subvencionadas para dar cursos y que están vinculadas a ex altos cargos del PSOE-A o la propia Junta. Es el caso de Aulacen Cinco, a nombre de la esposa de Rafael Velasco, ex vicesecretario general de los socialistas andaluces, o las beneficiarias relacionadas con el exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda. Tampoco aportó cifras Carnero sobre el dinero reclamado a UGT, “una cosa es el reintegro que solicita y otro el que finalmente se determina después de los recursos y reclamaciones”, justificó el consejero. En el caso de UGT-IFES, se han concluido reintegros definitivos en siete expedientes, que están recurridos por la entidad. Respecto a Aulacen5 S.L., se ha concluido un expediente de reintegro definitivo que está en fase de recurso mientras que en las empresas pertenecientes a Ángel Ojeda, la Junta ha determinado un total de 13 expedientes de reintegros definitivos que se encuentran en diferentes fases.
Para Ruiz Sillero se trató de una actitud “chulesca”, que venía a incumplir el mandato del Parlamento después de aprobar la iniciativa antes referida. El PP-A, además, considera que la Junta sigue un “procedimiento erróneo” para hacer las revisiones de los expedientes, lo que, a su juicio, se hace “para no perjudicar a la red clientelar a la que han regado durante años con subvenciones”. Para el consejero, la actitud de los populares carece de “respeto y seriedad”.
Tampoco se ponen de acuerdo sobre si la formación para el empleo se ha reactivado o no. Carnero ofreció datos sobre la convocatoria de 2016, puesta en marcha en septiembre de este año, en la que ya hay 4.042 parados andaluces cursando alguna de las áreas formativas que ya están en funcionamiento. Ruiz Sillero negó que los cursos de formación en Andalucía se hayan puesto en marcha, cuando sólo el 0,4 por ciento de los parados de la comunidad están participando en ellos, no se vuelve a poner en marcha porque Susana Díaz no quiere; porque no sabe cómo hacerlo después de las consecuencias del fraude de la formación”.