La Junta usa imágenes de satélite para detectar edificaciones ilegales

El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento en su reunión de este martes, 23 de enero, de un balance de actuaciones de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en materia de inspección urbanística y de ordenación del territorio, labor que se ha reforzado hasta el punto de "triplicar" las acciones frente a las edificaciones ilegales, "primando la prevención frente a la represión".

Para ello, la Junta de Andalucía ha recurrido a nuevas herramientas tecnológicas, como el uso de drones o, más recientemente, un servicio pionero con imágenes vía satélite en tiempo real para detectar cambios en el territorio, según se pone de relieve en la referencia del Consejo de Gobierno.

Este servicio, según defienden desde la Junta, supone "un paso significativo en la vigilancia de la legalidad territorial", ya que efectúa una "monitorización constante" del territorio seleccionado, de manera que identifica "cambios persistentes" a nivel del suelo.

Eso permite a la inspección "detectar de manera temprana nuevas infracciones en materia de urbanismo y ordenación del territorio", ya que los cambios de las áreas de interés se consultan "en tiempo real", según valora la Junta, que destaca que, con ello, "se garantiza una pronta e inmediata reacción, hasta el punto de detectar y actuar en los procesos de construcción irregular en una fase primaria".

Desde el Gobierno andaluz han subrayado además que este apoyo tecnológico se suma a las medidas que se han desarrollado desde 2019 para "reforzar la labor inspectora, que se ha traducido en el triple de actuaciones".

Así, la Junta ha concretado que el número de construcciones y parcelas objeto de expedientes de restablecimiento de la legalidad ascendió a 462 en 2022, y a 450 en 2023, cifra muy superior a las 38 parcelas y edificaciones objeto de expediente en 2018.

Además, se pone el foco en la prevención, como, según subrayan desde el Gobierno andaluz, indica que en los últimos dos años se hayan efectuado 740 precintos --375 en 2022 y 365 en 2023-- frente a la ausencia de precintos de parcelas y edificaciones en 2018.

En el balance, según continúa la Junta, destaca un "cambio de mentalidad" entre los infractores, ya que ahora optan por el derribo voluntario de casas ilegales para eludir las multas. En concreto, durante el pasado año 2023 se contabilizó la comunicación de más de 30 reposiciones voluntarias de la realidad física alterada en el territorio andaluz.

Por último y fruto de la colaboración con la Administración de Justicia, se han emitido durante el pasado ejercicio 85 informes periciales a instancias de la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo y de juzgados y tribunales del orden penal.

A este refuerzo de la labor inspectora han contribuido también los cambios normativos, según defiende la Junta, que al respecto ha citado el Decreto ley 3/2019 de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, que "fijó un refuerzo de la inspección para mitigar los efectos ambientales, territoriales y paisajísticos de estas edificaciones".

A posteriori, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), aprobada en noviembre de 2021, "acabó con las lagunas detectadas en las leyes anteriores", ya que incorpora el concepto de disciplina territorial, atribuye a la comunidad autónoma competencia directa para actuar en los supuestos de mayor trascendencia y crea el Cuerpo de Subinspección.

Además, el reglamento de la Lista, según valora la Junta, "simplificó la tramitación de los procedimientos, obligó a una mayor coordinación con la jurisdicción penal y ahondó en la importancia de las medidas cautelares y el precinto".

El último paso se dio el pasado verano con la toma de conocimiento en el Consejo de Gobierno del Plan General de Inspección Territorial y Urbanística para el cuatrienio 2023-2026, estableciendo las líneas prioritarias de intervención de la Inspección para el próximo cuatrienio.

Este plan, con una vigencia de cuatro años, fija como líneas prioritarias la prevención de la implantación ilegal en suelo rústico de usos residenciales cuando sean nuevas parcelaciones urbanísticas o generen riesgo de formación de asentamientos; o el control de nuevos usos residenciales ilegales en los ámbitos de los planes especiales de adecuación ambiental y territorial.