La Junta veta una ley contra la pobreza energética aprobada por unanimidad en Cataluña

El Consejo de Gobierno ha rechazado la tramitación en el Parlamento de una proposición de ley registrada por Podemos para reducir la pobreza energética. La norma del partido violeta para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética reproduce gran parte de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Entre las medidas, contempla que los gastos de vivienda y suministros básicos no superen el 30 por ciento de los ingresos familiares para personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad.

Sin embargo, esa similitud con la norma catalana es una de las razones por las que la Junta la ha rechazado y ha propuesto frenar su tramitación parlamentaria. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que la proposición de ley no sólo no tiene una memoria económica “suficientemente razonada” –necesitaría 300 millones de euros- sino que su similitud con la ley catalana de modificación del Código de Consumo, aprobada en 2014, la hace inviable, puesto que dicha norma ha sido recientemente suspendida en su mayor parte como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central. El Ejecutivo central recurrió los artículos del Código de Consumo catalán que buscaban mitigar la pobreza energética. En ellos se describía qué ciudadanos deben considerarse dentro de esa categoría para beneficiarse de las ayudas habilitadas por la Generalitat, es decir el derecho a aplazar el pago de los recibos durante los meses de invierno.

Además, el Ejecutivo andaluz ha puesto en valor sus propias medidas contra la pobreza energética, como el programa de suministros vitales, en vigor desde hace dos años, que incluye un plan a la contratación a personas desempleadas gestionado por los ayuntamientos, y que ha permitido crear 26.000 contratos. Vázquez también ha reseñado el plan de garantía alimentaria para las familias más vulnerables, que ha supuesto el beneficio directo de 51.600 menores en situación de riesgo (276.600 este año) de tres comidas diarias dispensadas a través de los comedores escolares.

Podemos confiaba en que su proposición de ley llegara al Parlamento y recabara tantos apoyos como obtuvo en la Cámara catalana. La norma contempla ayudas públicas combinadas con rebajas, e incluso quitas, por parte de las compañías suministradoras para los consumos mínimos en función de criterios exclusión social. También obligaría a las empresas suministradoras de luz, agua y gas, a solicitar un informe a los servicios sociales para conocer la situación de exclusión social en la que se encuentran las familias, en función de los supuestos que recoge esta ley, antes de proceder al corte del suministro, así como también tendrá que informar a los usuarios de los derechos a los que se pueden acoger antes de proceder al corte.

Se da la circunstancia de que algunas de las medidas que articula la propuesta de Podemos guardan cierta similitud con el programa del PSOE a las elecciones generales. El secretario general socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a crear «una nueva tarifa social» para luchar contra la pobreza energética y dirigida a los «consumidores vulnerables», un marco de cobertura «que garantice la subsistencia los meses más fríos, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo», ha dicho, y que tendría un coste de 120 millones de euros en el Presupuesto del Estado.

Para ello, la cobertura energética básica se considerará un derecho social, según explicó Sánchez, precisamente en un reciente acto público en Córdoba. Se regulará «quién está en situación de pobreza energética» y se impedirá «la interrupción de suministro energético por impago». «Los consumidores vulnerables accederán a una tarifa social, en función de sus ingresos, y no habrá corte de suministro en invierno para quienes se encuentren en situación de pobreza energética», explicó.

La proposición de ley de Podemos, con el criterio contrario del Consejo de Gobierno, tendrá que debatirse en la Mesa, órgano rector de la Cámara, que decidirá si frena o permite su tramitación parlamentaria.