«La mesa del agua nace para enfrentar los desafíos de la emergencia climática»

-La Mesa Social del Agua de Andalucía está constituida por un gran número de organizaciones sociales, sindicales, agrarias, colectivos de científicos, organizaciones de consumidores y asociaciones ecologistas. Esta amplia coalición de actores sigue abierta a la incorporación de nuevos actores ya que nos encontramos ante un gran reto que entre todas tenemos que debatir y solucionar.

-¿Por qué es ahora cuando se ha creado esta organización social?

-La gestión tradicional del agua ya ha tocado techo y está en pleno declive. El elefante en la habitación es el cambio climático: nos enfrentamos a transformaciones radicales en el planeta en los próximos 50 años, no en dos siglos. Necesitamos un nuevo planteamiento y debemos enfrentarnos a dos preguntas fundamentales cómo gestionamos y cómo producimos. En este contexto hay que superar la vieja lógica amigo/enemigo y nos coloca en el desafío de fomentar canales de diálogos y arribar a consensos cada vez más abarcadores. Para enfrentar los desafíos que supone la emergencia climática y la gestión del agua es fundamental desterrar el antagonismo de la política.

-Y lo hacen desde la ciudadanía...

-Es necesario involucrar a la ciudadanía en el conocimiento y valor del agua como elemento básico en nuestras vidas. No obstante, tenemos que tener claro que la responsabilidad principal es y debe ser de los poderes públicos, que deben velar y garantizar por un correcto uso de un bien público y también comprometer su acción política a garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento desde las instituciones locales, provinciales, nacionales y mundiales para asegurarlo como un auténtico derecho ciudadano.Por eso, debemos apostar por un auténtico pacto del agua como bien público de todas y para todas las personas.

-Sin embargo muchos actores, sobre todo medioambientales, señalan que el pacto es solo una excusa para crear nuevos embalses y nuevos trasvases. Que simplemente se trata de crear un “traje a medida” a los grandes regantes y a las compañías hidroelectricas.

-Creo que un “pacto de teatro” sería irrelevante, y sólo serviría para crear unas expectativas que nunca se cumplirán. Lo que está ocurriendo es que convivimos con un clima más seco, más cálido y más errático. La Administración andaluza debe de ser consciente de la necesidad de una gestión adaptada a estos cambios y a los que puedan devenir. Por eso, desde la Mesa Social por el Agua defiende que el Pacto Andaluz por el Agua debe incorporar una serie de principios que garanticen laprotección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública y los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental. En este contexto la agricultura y la ganadería más que un problema deben de ser parte de la solución.

-¿En qué sentido la agricultura debe ser una solución?

-El orden de preferencia para los usos del agua queda establecido por Ley y en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente. A falta de dicho orden, la legislación vigente plantea unas preferencias de carácter general, encabezadas por el respeto a los ecosistemas (verdaderas fábricas de agua) y el abastecimiento a la población, si bien no discrimina en los usos agrícolas, aquellos respetuosos con el medio ambiente como la agricultura y ganadería ecológica frente a otros que no lo son. Ante el Cambio Climático, la Agricultura y Ganadería Ecológica se muestran como una de las herramientas más eficaces, por lo tanto, la gestión del agua tiene que priorizarla frente a otros usos no respetuosos. En situaciones de sequía, la Agricultura y Ganadería Ecológicas tienen que estar tras el abastecimiento urbano, y por delante de otros, por el uso y respeto al agua.

-¿Cómo cree que puede articularse esa solución?

-El canon de agua superficial que se cobra a través de las Confederaciones Hidrográficas por la utilización del agua tendría que repercutir de una manera clara en el territorio y, especialmente, en el fomento y desarrollo de la Agricultura Ecológica, al ser respetuosa con la calidad de agua. Sería recomendable un pequeño canon para las aguas subterráneas, actualmente inexistente, con la finalidad de controlar en calidad y cantidad los aprovechamientos que actualmente se están realizando.

-Es una nueva vuelta de tuerca l principio de ‘Quien contamina paga’, aplucado en esta ocasión al agua...

-Sí, en el caso del agua, tendría que haber una discriminación positiva a favor de la Agricultura Ecológica, pues no contamina frente a la convencional. Los costes asociados a la potabilización para el abastecimiento urbano en España, por descontaminación de plaguicidas, herbicidas e insecticidas utilizados en el pasado y en la actualidad, se evalúan en cantidades económicas muy importantes, frente a las irrisorias que reciben la Agricultura y Ganadería Ecológica. La Administración, también debería incentivar los acuerdos entre las ciudades y el mundo rural para la protección de las fuentes de suministro tal como están haciendo ciudades como París con sus agricultores sostenibles.

-La agricultura ‘convencional’ está entonces en el centro del debate.

-Creemos que habría que intensificar los controles en la Agricultura Convencional, en especial en regadíos, sobre uso de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas e insecticidas, creando la figura de Zona saturada de contaminantes y limitando su uso. Hay que informar a la población sobre calidad de las aguas, presencia y cantidades de plaguicidas en aguas.

-Pero imagino que además hay otras grandes cuestiones por resolver...

-Muchas cuestiones quedan sobre la mesa en este debate. Por ejemplo, habría que potenciar las infraestructuras verdes, aquellas que facilitan la infiltración y recarga de acuíferos, potenciando de este modo la depuración natural, encaminadas a un mejor uso y prevención de la contaminación de las aguas, frente a la situación actual de descontaminación y planteamiento de nuevos embalses por colmatación de existentes. Habría que modificar el procedimiento actual de deslinde y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico, como herramienta efectiva ante los riesgos de inundación, planteando que la seguridad de las personas y del territorio está condicionada al respeto de los riesgos ciertos que traen las crecidas de los ríos.

-Al final muchas de estas cuestiones tienen que ver con la factura del agua. ¿Quién debe pagar los costes ambientales del agua?

-El contribuyente no puede soportar fiscalmente el coste ambiental del agua. Los productores en régimen superintensivo tendrían que pagar mucho más por el líquido elemento, porque su sistema productivo conlleva un mayor consumo de nutrientes y agua, además de minimizar la mano de obra en el campo. Nuestra agricultura cumplió con éxito los retos del siglo XX; una agricultura productiva que aportó alimentos a bajo precio para el desarrollo de nuestras ciudades. No obstante, el campo del futuro es otro y precisa un nuevo cambio cultural e institucional; de la hegemonía de la ecológica depende también el desarrollo de nuestras ciudades.

-¿Y en abastecimientos a ciudades y pueblos?

-Es preciso abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados. Un debate también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía y que requiere una atención prioritaria.

-Recientemente el Ejecutivo andaluz señaló que investigan el desfase de 71,5 millones en el canon del agua en Andalucía que debían haberse dedicado a la depuración.

-Al margen de la polémica generada , desde Aeopas creemos que el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración que se introdujo en la Ley de Aguas de 2010 es un instrumento claro, al afirmar que éste sólo puede destinarse, de manera exclusiva, a financiar las infraestructuras de depuración. Es un instrumento eficaz y solidario. No obstante, el problema de la financiación de la depuración en Andalucía no se soluciona únicamente con el canon, es necesario complementarla a través del Estado. Desde Aeopas hemos reclamado un “Pacto por la depuración” entre las diversas administraciones implicadas; Junta tiene que instar al Gobierno central a completar el Plan Nacional de Calidad de las Aguas y las diputaciones provinciales también tienen que implicarse.