Qué supondrá la subida del canon del agua en Andalucía en 2024

La factura del agua se incrementará para sufragar las obras hidráulicas de emergencia después de que el Gobierno andaluz lo suprimiese durante 2023

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Ricardo Gamaza

Los recibos del agua en Andalucía volverán a gravarse con un euro como cuota fija y un importe variable en función del consumo, según figura en los presupuestos de Andalucía para 2024. La medida supone recuperar el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés general que ya se venía cobrando desde el año 2011 y que el Gobierno andaluz del PP decidió unilateralmente suprimir desde el 1 de enero de 2023, en plena sequía.

La medida de recuperar este canon, que tienen un carácter finalista, es decir, solo se puede usar ese dinero recaudado para obras urgentes del ciclo del agua en la Comunidad Autónoma, se ha recibido con alivio por parte de las organizaciones sociales que defienden el derecho humano al agua y los expertos en la materia, que ya criticaron la supresión de este canon para 2023 dictaminado por el PP andaluz.

Se trata de un gravamen esencial para poder afrontar la sequía, como apuntaba la Mesa Social del Agua en un escrito enviado al Gobierno andaluz cuando lo suprimió en el que reclamaba que «la mayoría de los municipios que han sufrido cortes a lo largo del verano de 2022 son pueblos menores de 20.000 habitantes que gestionan el agua de forma aislada o esperan inversiones para conectarse a grandes sistemas. Sin desconocer la necesidad prioritaria de ordenar el uso de los recursos locales, la mayoría de estos casos podrían haberse evitado si estuvieran integrados en sistemas supramunicipales o si se hubieran construido las obras incluidas en convenios firmados con ese fin desde hace años”. Un contexto en el que este gravamen existía «para sufragar actuaciones correspondientes al conjunto del ciclo integral del agua”, por lo que la Mesa Social del Agua, de la que forman parte todas las organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias de importancia en Andalucía postulaba que “es necesario planificar una relación de actuaciones con un enfoque realmente de obras de emergencia: Consideramos necesario un plan de choque para evitar los cortes de agua en Andalucía en el marco del impulso de la gestión pública a través, cuando sea necesario, de sistemas supramunicipales eficaces y transparentes”.

Entonces los expertos y la propia Mesa Social del Agua criticaron que la supresión en 2023 del canon del agua era una medida “electoralista” y lesiva para los pequeños municipios, que este año han visto como la sequía se ceba más en las pequeñas poblaciones que no cuentan aún con las infraestructuras que debían haberse llevado a cabo antes de afrontar la escasez de agua que ahora les asfixia. Para Jaime Morell, presidente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS) “lo que hay que exigir es que inviertan lo recaudado, ya que a día de hoy tienen 700 millones de euros recaudados y sin gastar que deberían haberse ejecutado en infraestructuras, es decir: agua, saneamiento y depuración”.

El presidente de AEOPAS asegura que ninguna otra comunidad autónoma española ha eliminado este canon ni siquiera temporalmente, como sí hizo Andalucía, donde la sequía es paradójicamente más grave que en el resto de España. En 2019 incluso se realizó una modificación legal en el canon para poder afrontar el coste de infraestructuras hidráulicas en lugar de pedirle al Estado que las asumiera, y poder cumplir la directiva de depuración ejecutando todas las depuradoras declaradas de interés general en Andalucía.

Por su parte, el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) Leandro del Moral, selñala que este canon “es un tributo cuyo destino se amplió en 2019 precisamente para sufragar actuaciones correspondientes al conjunto del ciclo integral del agua”, por lo que nunca se entendió la razón por la que el Gobierno andaluz lo suprimió de un plumazo en 2023.

La Junta de Andalucía eliminó el canon del agua como medida electoralista dentro del paquete de anuncio de rebaja de impuestos. En el caso de este gravamen afirmó que supondría “un ahorro global estimado de 140 millones de euros para las familias y las empresas sin que esta medida afecte a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha”. El Gobierno andaluz incluso aseguró que “se podrán licitar nuevas actuaciones, gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta”.

A día de hoy, el gobierno de Moreno Bonilla da marcha atrás y apuesta por seguir llenando la hucha para ejecutar las obras urgentes en materia de agua en Andalucía que siguen esperando que se acometan mientras la sequía hace que sean más personas las que sufren cortes de agua.