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Javier Tebas, en rueda de prensa. / Efe
La lucha por erradicar la violencia en el mundo del fútbol tras la muerte de Jimmy, el aficionado del Deportivo de La Coruña asesinado por seguidores radicales del Atlético de Madrid cuando se dirigía al estadio Vicente Calderón, ha tenido una especial incidencia en el fútbol sevillano. Los dos principales clubes de la ciudad están viviendo en sus propias carnes la aplicación de algunas de las medidas adoptadas el pasado 4 de diciembre por el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol tras ese grave punto de inflexión, y que entraron en vigor once días después.
Fundamentalmente, se les han aplicado dos de ellas: las sanciones por violencia verbal y el apercibimiento de cierre parcial del estadio (ésta última en el caso concreto del Betis). Tanto el Sánchez-Pizjuán como el Benito Villamarín han visto cómo los informadores recogían una y otra vez lo que se consideran “actuaciones contrarias a las conductas tipificadas en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”.
Todo esto ha situado al fútbol sevillano en el disparadero. Pero surgen algunas preguntas. ¿Se están aplicando con ecuanimidad las medidas adoptadas por el CSD, la LFP y la RFEF? ¿Hay un mismo rasero para todos a la hora de implementar ese paquete de acciones que se completa con la retirada de puntos y descensos y la regulación de venta de entradas y desplazamientos de las aficiones? ¿Están pagando justos por pecadores? Para muchos, el trato no es justo.
La prueba más clara de ese sentimiento de injusticia es que los dos clubes sevillanos han mostrado ya su profundo malestar por lo que consideran un trato desproporcionado y discriminatorio hacia sus aficiones.
Este martes, representantes de la Federación de Peñas del Sevilla y del Betis expusieron sus quejas ante los responsables de la Liga de Fútbol Profesional. En concreto, Ramón Somalo por parte sevillista y José Manuel Hiruelo por parte bética. Fue durante el Seminario de Seguridad celebrado en Barcelona, al que también acudieron Javier Tebas, presidente de la LFP; Ana Muñoz, directora general de Deportes del CSD; Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía; los coordinadores de seguridad de los clubes; representantes de la AFEPE (Aficiones Unidas, asociación que engloba a 45 federaciones de peñas); directores de partido de la LFP; y los directores de seguridad de clubes.
“Sevilla y Betis coincidimos, al igual que con otros clubes, en que se están tomando contra nosotros medidas ejemplarizantes. Ya se lo manifesté a Javier Tebas en su momento: si se aplican medidas, que sea a todos por igual”, explica Somalo, que añade: “Lo primero que me dice Tebas es que el otro día hubo una pelea en Los Bermejales. Y claro: que ocurran esas cosas tampoco nos ayuda. Todos debemos poner de nuestra parte”.
Somalo habla de un “frente común con el Betis” a la hora de luchar contra el trato injusto, algo por lo que también aboga Hiruelo. “Estamos en sintonía con el Sevilla”, dice el representante de las peñas béticas. Éste también tomó la palabra en en la reunión, donde recordó que “hay que aplicar las leyes de tal forma que no paguen justos por pecadores”. “Deben pagar los violentos, no los aficionados que están a su lado. El espíritu de la norma es castigar al infractor”, sostiene.
No se trata, pues, de proteger a todo el mundo bajo el manto de la palabra afición. Se trata de que la lucha contra la violencia se lleve a cabo con eficiencia y ecuanimidad en todo momento.