El Gobierno desliga la continuidad de la legislatura de los Presupuestos y se da tres meses para negociarlos

Los Presupuestos son contingentes, pero el Gobierno es necesario. Antes de sentarse con los grupos parlamentarios para abordar formalmente la negociación de las cuentas públicas, Moncloa intenta instalar el mensaje de que no son imprescindibles. Por un lado, se lanzan guiños en forma de cumplimiento de acuerdos para allanar la negociación, como se hizo aprovechando el último Consejo de Ministros del año, mientras que por otro se prepara el terreno para asumir una hipotética prórroga.

Una nueva prórroga supondría un quebranto y se “sudará la camiseta” para evitarla, pero en caso contrario, fuentes del Ejecutivo defienden que apenas afectará a las políticas públicas por el crecimiento económico. Mucho menos, a la continuidad de la legislatura. Unos argumentos similares a los que comenzaron a desplegarse el pasado año por las mismas fechas.

Feijóo defiende los pactos con Junts si "no hay chantajes" y sirven para cambiar las políticas de Sánchez

Entre algunos de los socios de investidura se ha asumido que con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo no tiene sentido agarrarse a lo que dictan los manuales de ciencia política, según los cuales el rechazo a unos Presupuestos por parte del Congreso equivale a poner fin a la legislatura y obliga a convocar elecciones. El Gobierno no solo está dispuesto a presentar las cuentas públicas sin garantías de apoyo, al contrario que en 2024, sino también a seguir adelante.

Solo una moción de censura desviaría la hoja de ruta del Gobierno. Una vía que sigue cultivando Alberto Núñez Feijóo con su acercamiento a Junts, aunque desde Moncloa entienden que no se materializará porque lo castigarían tanto los votantes de unos como de otros.

Hay quien en el Gobierno ve un entendimiento de Junts con PP y Vox como “suicida”, pues tendría repercusión inmediata en las urnas si la moción se vincula a un pacto de mínimos para convocar elecciones. Frente a ello, desde Moncloa echan mano de la producción legislativa para mostrar optimismo en encauzar la relación con Junts.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfriaba el pasado viernes la reunión con Carles Puigdemont -"no hay fecha ni lugar"-. Un encuentro al que se comprometió públicamente Pedro Sánchez ante la exigencia del 'expresident de aplicársele la “amnistía política”. Otras fuentes coinciden que nada hace presagiar que será inminente. Según la lógica de lo que se hizo con la negociación de la investidura, sería esperar a que hubiese algún avance sobre la mesa para dar contenido a dicha reunión. Ahora mismo, Junts considera que ni siquiera se dan las condiciones para sentarse a negociar los Presupuestos.

Cuentas no heredadas

El 1 de enero se prorrogarán de forma automática los Presupuestos de 2023 por segundo año consecutivo. El Gobierno se ha puesto de plazo el mes de abril para llegar a un acuerdo. Un largo trimestre sobre el que Alegría daba cuenta de la voluntad de seguir legislando pese a las dificultades e insistía en desligar la continuidad de la legislatura de su aprobación.

La propia portavoz ya dio aire a una nueva prórroga de las cuentas públicas al diferenciar entre los gobiernos que heredaban unos Presupuestos frente al caso actual de unos Presupuestos del 2023 que elaboró este mismo Ejecutivo. “Somos conscientes de que son negociaciones arduas y complejas. Pero también es importante recordar que el actual Presupuesto, ya prorrogado, fue aprobado por este Gobierno”, subrayó en su última comparecencia del año tras un Consejo de Ministros.

Guiños a Junts

Desde el Ejecutivo reconocen en los compromisos pendientes con Junts, y que los posconvergentes exigen cerrar antes de sentarse a negociar los Presupuestos, hay varios escollos. Principalmente, en lo que respecta a la transferencia de las competencias en inmigración, pero también a la hora de que el catalán, junto con el euskera y el gallego, se conviertan en lenguas oficiales de la UE. Para lo primero el Gobierno tiene líneas rojas, que vinculan con la Constitución, frente a la exigencia de un traspaso “integral”. Se trata en esta caso de las competencias exclusivas que la Carta Magna otorga al Estado en materia de “nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.

En lo relativo al uso del catalán en el Consejo Europeo, es preciso un consenso de los Veintisiete para cambiar el reglamento. Con todo, y coincidiendo con la nueva presidencia de turno de Polonia del Consejo Europeo, se le ha trasladado a este país la prioridad de España de abordar esta carpeta.

En el mes de enero, además, se multiplicarán los guiños a los independentistas, comenzando con la quita parcial de la deuda y continuando con la reunión de la Junta de Seguridad para transferir a los Mossos las competencias de seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos. El Gobierno se da hasta el mes de abril para desbloquear los Presupuestos 2025, pero el mensaje es que con nuevas cuentas o sin ellas, se pretende estirar la legislatura. Además, todas las encuestas trasladan que los números no son favorables para sumar una nueva mayoría progresista.