El Gobierno ultima con los sindicatos una oferta pública de empleo de más de 40.000 plazas para este año

El Gobierno ha trasladado a los sindicatos más representativos en la función pública una propuesta para la oferta pública de empleo del 2024. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ultima una lista de más de 40.000 plazas para este ejercicio, un número ligeramente superior a las publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del año pasado, cuando la oferta ascendió a 39.574. En dicho cómputo se incluye a los efectivos de la Administración General del Estado (AGE), así como las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado; no así los de las comunidades autónomas o los municipios, que sacan sus propias ofertas públicas.

La intención del ministerio liderado por José Luis Escrivá es llevar la lista definitiva de plazas a un "próximo" Consejo de Ministros, lo que podría suceder el próximo martes 25 de junio. "Con este volumen de empleo, que incluye tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna, se garantiza la generación de empleo neto", apuntan fuentes de su departamento.

La propuesta gubernamental genera más aversión que satisfacción entre los sindicatos negociantes, si bien el Gobierno puede legalmente sacar adelante sin su beneplácito. CCOO y Csif se oponen, mientras UGT ha emitido un comunicado en el que se muestra "satisfecha" con la cifra. Esta última detalla que de las 40.121 plazas que les han remitido en la última propuesta, 20.840 serán de turno libre, y al menos 10.600 corresponderán a promoción interna. A estas cabría sumar la oferta para las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (6.520 en turno libre y 2.161 en promoción interna), según esas mismas fuentes.

CCOO ha calificado la cifra propuesta por el Gobierno de "pobre", en la misma línea que Csif, que la ve "insuficiente, llega con retraso y mantiene la tasa de reposición", según recoge su comunicado. El sindicato ha criticado que la lentitud en los plazos de ejecución de las oposiciones provoca que "miles de plazas han caducado desde 2019 por retrasos" y que ello "se reduce la creación de empleo neto" estimada por el Gobierno. Es decir, que descontando jubilaciones y otras salidas, los efectivos de la Administración aumentan menos de lo que publicita el Ejecutivo, según la central.

Las cifras de la OPE son las más elevadas de todas las hasta ahora convocadas y superan por primera vez la simbólica barrera de las 40.000 plazas, si bien dentro de ese cómputo se incluyen al menos 3.000 plazas de las contenidas en las ofertas de 2022 y 2023 y que no se han cubierto hasta el momento. La propuesta, como viene siendo habitual, mantiene el compromiso de reserva de un 10% de las plazas para la inclusión de personas con discapacidad, y de ellas un 2% se reservan para personas con discapacidad intelectual.

Última OPE con tasa de reposición

La Oferta Pública de Empleo del 2024 será la última en la que aplique la tasa de reposición, la fórmula legalmente establecida que limita el número total de plazas que cada año puede sacar el Gobierno. Dicha tasa condiciona los empleos ofertados en función del número de empleados públicos que se jubilan cada año. El ministro Escrivá ha adelantado que pretende cambiar la legislación y eliminar próximamente esta figura, hasta el punto que, según pretende, ya no rija en 2025.

El fin de esta restricción no es baladí, ya que permitirá a la Administración agilizar las convocatorias de nuevas plazas y hacer frente así a la jubilación masiva de efectivos que se espera en la próxima década. Y es que la plantilla está muy envejecida y no tardará en pasar al retiro. Según cálculos de Csif, el 60% de los empleados de la Administración General del Estado (AGE) -que incluye servicios como el Sepe o la Seguridad Social- se jubilarán antes de 2035.

Pendientes de la subida salarial

La decisión de Pedro Sánchez de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y prórrogar los existentes ha provocado diversas derivadas a nivel de función pública. Por un lado, ha condicionado los ritmos de la OPE de este año y, por el otro, mantiene el salario de los empleados públicos congelado. Ya está pactado que las nóminas suban un 2%, con efecto retroactivo al 1 de enero, si bien ante la falta de presupuestos que habilite dinero para esa partida, el Gobierno debe todavía aprobarlo legislativamente.

Hasta ahora la opción escogida por el ministro Escrivá era incluir la subida salarial dentro de un proyecto de ley, como enmienda, que está todavía pendiente de debatirse en el Congreso. Sin embargo, la precaria aritmética parlamentaria con la que maniobra el Gobierno tiene varados prácticamente todos los proyectos legislativos y podría desplazar la subida salarial al real decreto ley que incluya la OPE 2024. No obstante, este supuesto no está confirmado, aunque tampoco lo descartan los negociadores implicados.