Los topes de precios del Gobierno para bajar la luz evitaron 1.000 millones de ingresos extra para las eléctricas

El Gobierno puso en marcha durante la crisis energética un sistema para evitar posibles beneficios extraordinarios de las eléctricas en plenas oleadas de subidas de precios. El Ejecutivo trataba de impedir que algunas compañías aprovecharán la escalada histórica de precios energéticos para disparar sus ingresos de forma abusiva, así que estableció un precio tope para los contratos de venta de electricidad, adelantándose a la Unión Europea y fijando límites más estrictos que los que finalmente avaló Bruselas para el conjunto de estados miembros.

La medida estuvo en vigor durante más de dos años, desde octubre de 2021 y hasta que el Gobierno puso final a este mecanismo el pasado 31 de diciembre, al entender que la situación de los mercados energeticos se había normalizado tras los picos durante la crisis. El objetivo de la medida era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados que marcaba entonces el mercado mayorista.

Los precios del mercado eléctrico se disparaban por la alta cotización del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂, que son costes que precisamente estas tecnologías en realidad no soportan. Así que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, estuvo obligando durante esos más de dos años a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extra obtenidos por los contratos de venta firmados por encima de un precio tope fijado en 67 euros por megavatio hora (MWh) para evitar los denominados beneficios caídos del cielo.

Devoluciones millonarias

Desde el pasado enero las compañías productoras de electricidad pueden vender su energía al precio que consideren sin limitaciones de topes máximos. Pero mientras estuvo en vigor el mecanismo, las compañías energéticas se vieron forzadas a devolver al sistema eléctricos ingresos excesivos por un total de 1.062 millones de euros, según los últimos registros oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las eléctricas lanzan una avalancha de proyectos para convertir embalses en ‘superbaterías’ por toda España

La CNMC, encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector eléctrico, confirmó que las minoraciones forzosas de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros entre octubre y diciembre de 2021, que fueron de 370,4 millones en el conjunto de 2022 y ahora ha desvelado que las devoluciones forzosas se dispararon hasta los 560,1 millones de euros en 2023, el último año de vigencia de la medida (230 millones por encima de las previsiones que manejaba el Ministerio para la Transición Ecológica para ese ejercicio), según el último informe del organismo hecho ahora público.

El otro tope: la ‘excepción ibérica’

El Gobierno fue levantando durante la crisis energética un armazón legal para intervenir el mercado eléctrico y frenar los picos históricos de precios de la electricidad. España articuló varios mecanismos de topes de precios para paliar el impacto de las grandes subidas en las facturas de los hogares y las empresas. Una red de seguridad que, además del límite al precio de venta de la electricidad de nucleares, hidroeléctricas y renovables, también lo integraba la conocida como excepción ibérica, que también dejó de estar vigente con el arranque de 2024.

La excepción ibérica (el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz) desapareció de manera forzosa porque la Comisión Europea decidió no prolongar para este año el marco temporal de crisis por la guerra de Ucrania, que funcionaba como aval para que los estados miembros adopten medidas de emergencia. En cualquier caso, el sistema del tope al gas decayó tras llevar ocho meses inactivo de facto porque los precios de gas natural estuvieron todo ese tiempo por debajo del tope fijado por el mecanismo.

España y Portugal pusieron en marcha en junio de 2022 la denominada excepción ibérica, que imponía un tope al precio de gas que se usa para producir electricidad para que el resto de tecnologías de generación no se contagiaran por las subidas precio del gas, que llegó a registrar máximos históricos durante la crisis energética. El Gobierno calcula que el mecanismo ha ahorrado a todos los consumidores españoles más de 5.100 millones mientras estuvo vigente por la rebaja de los precios del mercado mayorista de la electricidad

¿Fin de las rebajas de impuestos?

El Gobierno sí decidió mantener en 2024 una fiscalidad reducida a las facturas de la luz y el gas, pero aplicando una subida escalonada frente a los niveles se aplicaron durante la crisis energética. Con subidas progresivas del IVA de la luz y el gas, del Impuesto Especial de la Electricidad (IEE), del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que derivarán previsiblemente desde julio en una normalización total de la fiscalidad de las facturas energéticas.

La gran industria usa un atajo para reclamar al Gobierno una gran rebaja de su factura de luz

El Ejecutivo también mantuvo el mecanismo que limita las subidas que se pueden aplicar a las tarifas de último recurso de gas (TUR) y la vigencia de la tarifa vecinal de gas. Su vigencia está prevista en principio hasta finales de este mes, y está por ver si el Ejecutivo finalmente decide prolongarlo. Lo mismo sucede con el nuevo tipo de bono social, excepcional y temporal, destinado a hogares de clase media con motivo de la crisis energética y la incertidumbre económica provocada por la guerra.