El Gobierno presentará una norma para evitar la picaresca con los alquileres de temporada

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha propuesto una regulación total de las diferentes modalidades de alquileres, habitual, temporal y turístico. Tras la aprobación de la ley de vivienda, en mayo de 2023, que aplica principalmente a la primera fórmula, el Ejecutivo trabaja en cambios regulatorios para solventar los problemas de tensión de precios en la segunda y la tercera modalidad. Sin embargo, toda esta normativa choca con el marco competencial de la vivienda, la mayoría en manos de las comunidades y ayuntamientos, buena parte gobernados por el Partido Popular, contrario a este tipo de regulaciones.

La cartera liderada ahora por Isabel Rodríguez introdujo medidas en la ley de vivienda para intentar limitar la subida en los precios de alquileres tradicionales. Estos son los que se rigen por la ley de arrendamientos urbanos, en definitiva aquellos cuya duración es de mínimo cinco años. En esta regulación se incluyeron topes a la renovación de los contratos y la posibilidad de limitar los precios a través de la declaración de zonas tensionadas. La efectividad real de esto último ha sido limitada (o casi nula) porque solo Cataluña lo ha aplicado. Las comunidades gobernadas por el PP, no.

Sin embargo, fruto de las limitaciones que para estos los contratos la ley de vivienda —y la mayor rentabilidad de otras fórmulas—, muchos propietarios han trasladado sus inmuebles a alquileres turísticos, competencia mayoritariamente de los municipios, y de temporada o por habitaciones. Los primeros engloban a estancias de días o pocas semanas, mientras los segundos abarcan hasta once meses. Normalmente, esta última fórmula es la que se emplea para alquileres por habitaciones a estudiantes o jóvenes profesionales.

Este miércoles, el Ministerio de Vivienda pondrá encima de la mesa una propuesta de desarrollo normativo del alquiler temporal o de media estancia. En una entrevista en La Ser el martes, Isabel Rodríguez explicó que hay que "perseguir el fraude o el abuso de la ley", por ejemplo, mediante la práctica de encadenar contratos temporales para evitar las limitaciones de uno habitual, como la duración mínima de cinco años o los límites en la renovación de los precios.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encuadrado esta nueva regulación del alquiler temporal dentro de las diferentes iniciativas para "poner coto" a los pisos turísticos. En una entrevista en la misma cadena, este lunes, Sánchez se refirió a las propuestas como crear un registro estatal de pisos turísticos o a la reforma de la ley de propiedad horizontal. Estas iniciativas serán objeto de impulso en otra mesa de trabajo en la que también participa el Ministerio de Industria y Turismo, constituida a finales del pasado año.

“Creo que el mensaje político es que el Gobierno de España no permanece ajeno a esta cuestión y que, desde luego, con nuestras herramientas, porque hay muchas competencias que están en manos de las comunidades y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver uno de los principales problemas que explica el alza de los precios del alquiler”, aseguró.

Alquiler de temporada

Hasta el momento, no obstante, el Ministerio de Vivienda no ha dado muchas pistas del contenido sobre la nueva regulación de los alquileres temporales o de media estancia. Isabel Rodríguez, en la mencionada entrevista, sí señaló: "Lo que tenemos que hacer es dar continuidad a la ley de arrendamientos urbanos que preveía este tipo de alojamientos e irnos a la causa de estos alojamientos. Estos alojamientos tienen una causalidad y es lo que tenemos que desarrollar ahora en estas normas. Si no hay causa, no da lugar a un contrato temporal y, por tanto, evitaremos ese abuso". Además, reclamó a los inquilinos: "No nos pueden ofrecer un contrato temporal, tenemos que denunciarlos, tenemos que rechazarlos si nuestra causa no es temporal".

En esta línea, la Generalitat de Cataluña aprobó un decreto para regular esta tipología en abril. Finalmente, fue tumbado por la Diputación Permanente del Parlamento, con la abstención del PSC y los votos en contra de Junts, Vox, Ciudadanos y el PP. Esta normativa regional incluía una obligación a los caseros de justificar por qué su contrato sí debía ser temporal, sobre la base de unos determinados parámetros.

Esta votación fallida revela las cartas de las formaciones conservadoras, tanto de los populares como de Vox. Si la norma que pretende aprobar el Gobierno depende de su aplicación en las comunidades, se antoja verdaderamente complicado que sea efectiva: únicamente País Vasco, Asturias, Navarra, Cataluña y Castilla La-Mancha no están gobernadas por partidos de la derecha.

Más consenso en alquiler turístico

En el caso del alquiler turístico sí hay más consenso entre los diferentes colores políticos. Consistorios liderados por derechas e izquierdas han puesto sobre la mesa regulaciones para ponerles freno. Sin ir más lejos, Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, impuso una moratoria de licencias a nuevos pisos vacacionales, mientras prepara una regulación concreta, además de aumentar las sanciones más bajas a los inmuebles ilegales desde los 1.000 a los 30.000 euros. Un paso más allá fue Jaume Collboni del PSC, su homólogo en Barcelona, que anunció el pasado junio que a partir de 2028 se extinguirán las 10.000 licencias legales existentes en esta clase de apartamentos.

En torno a esta problemática hay un cierto revuelo social. El pasado fin de semana, miles de manifestantes salieron a las calles de ciudades como Málaga para protestar por su auge. Esto obligó a Francisco de la Torre, regidor de la ciudad andaluza, a reconocer que se trata de un "problema especialmente grave para los jóvenes", además de pedir a la Junta de Andalucía y a Moncloa un "impuesto turístico" para "impulsar turismo de calidad", inspecciones a viviendas turísticas ilegales y subvenciones a los alquileres de familias con problemas económicos.

Una de las bazas con las que cuenta el Ejecutivo para regular el turístico es la ley de propiedad horizontal, que Vivienda y Agenda Urbana se plantea reformar. La idea sería dar más poder a las comunidades de vecinos para poder vetar que se instalen pisos de estas características. Hoy en día tienen esa posibilidad, pero se necesita los votos a favor de tres quinta partes de los residentes, algo que no es sencillo en muchas ocasiones. Por el momento, la ministra solo ha anunciado que, con el futuro cambio normativo, "los vecinos tendrán que dar su autorización para que se puedan implantar este tipo de actividades económicas".

Mientras tanto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inició también en junio una investigación para perseguir y sancionar la publicidad de viviendas turísticas sin licencia en plataformas como Airbnb o Booking. La cartera liderada por Pablo Bustinduy (del ala de Sumar del Gobierno) envió un requerimiento a las plataformas sin que estas hayan emitido aún una respuesta, aunque escudan su responsabilidad en que son únicamente un lugar donde colgar anuncios, no promocionar pisos de su propiedad. A mayores, Vivienda y Agenda Urbana ultima el "desarrollo de un registro único de los contratos que se están tramitando vía plataformas digitales con la finalidad de poder ofrecer esos datos para poder perseguir los fraudes de ley".