Competencia advierte de riesgo de sobreinversiones por la falta de separación de actividades en Red Eléctrica

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda a Red Eléctrica reforzar la separación de sus funciones como transportista único y operador del sistema eléctrico para evitar sobreinversiones. El organismo considera un riesgo que, pese a que hay una segregación contable y funcional, no haya una separación jurídica entre estas dos actividades, de cara a las "muy significativas" inversiones que se van a desarrollar en el sector eléctrico en los próximos años y dado que la misma empresa que debe planificar el despliegue de nuevas redes es la única titular de esas infraestructuras.

Red Eléctrica es la principal filial del grupo Redeia. Presidido por Beatriz Corredor, esta compañía desarrolla las actividades reguladas de transporte y operación del sistema eléctrico. Como transportista es el encargado de explotar, mantener y desarrollar las redes de alta tensión; mientras que como operador del sistema su función principal es garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la correcta coordinación del sistema de producción y transporte.

Al ser el único transportista del sistema eléctrico (monopolio natural) no existe ningún riesgo de que Red Eléctrica pueda tomar decisiones como operador que perjudiquen a otros transportistas; pero sí podría haber "conflictos entre la operación del sistema y el transporte al estar ambas funciones integradas en la misma sociedad", sobre todo en cuestiones de planificación de la red de transporte, afirma la CNMC.

Entre sus tareas como operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica debe definir qué inversiones en redes se requieren para evitar que se produzcan 'apagones' en España (a partir de sus demandas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprueba una lista de nuevos despliegues). Y la CNMC sostiene que la compañía podría "sobrevalorar las necesidades de infraestructuras" o "priorizar inversiones con mayor expectativa de retribución con independencia de aspectos relacionados con la seguridad del suministro" al tratarse de "una empresa de titularidad privada que adoptará decisiones de inversión atendiendo, entre otros, a criterios de rentabilidad y maximización del beneficio".

El grupo Redeia está compuesto en un 20% de titularidad pública a través de la SEPI, mientras que el 80% restante cotiza en bolsa. "Por lo tanto, la exigencia de la mera separación contable y funcional se aprecia como un escenario con un potencial mayor riesgo de conflictos de interés entre actividades incompatibles, con independencia de que la legislación europea no exija la separación jurídica al operador del sistema -si bien no la prohíbe- y por más que organización societaria de REE se encuentre reglada en la normativa sectorial en vigor a la fecha del presente informe", defiende la CNMC.

Además, el organismo que dirige Cani Fernández subraya la "asimetría" entre los sectores eléctrico y gasista en cuanto a la exigencia de separación jurídica de la operación y gestión técnica, que solo se prevé para este último.

Otras recomendaciones

Además, la CNMC recomienda que la retribución variable de los "responsables" de la Unidad de Operación del Sistema sea ajena a los resultados de grupo, para vincularla a objetivos específicos de esta unidad, y evitar que se liquide a través de acciones de la compañía. Así como la exclusión de su directora, que en este caso es María Concepción Sánchez Pérez, del Comité de Compras del grupo y del Comité de Supervisión del transportista para "eliminar el riesgo de posibles situaciones de conflicto de interés" entre ambas actividades. 

Además, aboga por reforzar la "separación física" entre los empleados del operador del sistema y los de transporte para "garantizar que no se produzcan traspasos de información comercialmente sensible, especialmente, en caso de traslado intragrupo de empleados con acceso previo a este tipo de información" y recomienda incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios firmados con terceros. También, que la operación del sistema y el transporte no compartan servicios estratégicos como pueden ser los servicios jurídicos, de regulación y control.