El Gobierno autoriza al gigante BlackRock a controlar un 20% de Naturgy pese al rechazo de Sumar

El Gobierno autoriza a BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, a entrar en Naturgy como uno de sus grandes accionistas. El Consejo de Ministros ha autorizado la solicitud de la firma comandada por Larry Fink para adquirir el fondo GIP, que es uno de los principales socios de la energética española con un 20,6% del capital. GIP y el fondo CVC (con el 20,7%) estuvieron negociando la venta de sus participaciones en Naturgy al grupo energético Taqa, controlado por el fondo soberano de Abu Dabi, pero la operación descarriló y de momento se mantienen como accionistas de la energética.

El Ejecutivo ha estado analizando desde el pasado enero la operación de BlackRock para absorber GIP por sus implicaciones en un sector estratégico como el energético y para determinar hasta qué punto se veía afectada por la protección del ‘escudo antiopas’ levantado por el Gobierno durante la pandemia para blindar compañías de sectores claves de compras por inversores extranjeros.

“Esta adquisición mantiene las garantías sobre empresas que son estratégicas, como Naturgy”, sentencian fuentes oficiales del Ministerio de Economía, que no precisan claramente si se han impuesto condiciones específicas a BlackRock para entrar de manera indirecta al grupo energético, que es la mayor gasista y la tercera mayor eléctrica del mercado español. Desde el Ejecutivo se apunta que se ha dado una autorización a una operación financiera y que el comprador asume las condiciones que vinculaban a GIP como accionista de Naturgy.

Desde que BlackRock anunció el acuerdo para comprar GIP por 12.500 millones de dólares, la operación ya se convirtió en objeto de la contienda política en España y también dentro del propio Gobierno de coalición progresista. Y es que Sumar (también Podemos) reclamaron públicamente al Ejecutivo que impidiera que el gigante BlackRock tomara el control del 20% de Naturgy. Unas exigencias que no han sido atendido por el equipo económico del Gobierno comandado por el PSOE.

“Siempre hemos mantenido que nuestra regulación guarda un equilibrio que permite realizar este tipo de operaciones, atrayendo con ello inversiones y salvaguardando los intereses estratégicos de nuestro país”, apuntan desde el departamento comandado por Carlos Cuerpo, entendiendo que se ven salvaguardados esos intereses estratégicos a pesar de las críticas de Sumar. 

Naturgy lanza un plan de futuro para accionistas que “quieran estar” y sin esperar a la entrada de nuevos socios

Las críticas de Sumar y Podemos

 “El Gobierno debe impedir la toma de control del 20% de Naturgy por BlackRock. Este fondo tiene dimensiones colosales y participaciones significativas en 19 empresas importantes de país. Su creciente poder amenaza nuestra autonomía”, subrayó en enero el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, en su perfil de X (antes Twitter). Y es que BlackRock tiene participaciones significativas en varios de los gigantes empresariales españoles, singularmente en los del sector energético.

La gestora estadounidense es ya el primer accionista de Repsol, con el 5,47% del capital y el segundo de Iberdrola, con el 5,395%, sólo por detrás del fondo soberano de Qatar (8,7%), y también tienen posiciones relevantes en Enagás, el gestor del sistema gasista español, el 5,4% entre participaciones directas e indirectas; y también en Redeia, matriz de Red Eléctrica de España y del grupo de satélites Hispasat, con un 4,99%. El gigante inversor también tiene una presencia sólida en el sector bancario español (con participaciones en Santander, con el 5,4%; en BBVA, con el 5,9% del capital; y en Banco Sabadell, con el 3,9% del capital) o en el de infraestructuras ( con un 5,3% del grupo de construcción ACS).

Las críticas a la operación también llegaron desde Podemos. “La energía es un derecho, no un negocio. Si los buitres quieren tomar el control y ponen en riesgo la democracia, España debe profundizar la intervención en este sector estratégico y crear una energética pública”, ha subrayado en el mismo sentido Irene Montero, una de las cabezas visibles de Podemos y ex ministra de Igualdad. “A los buitres se les mira cara a cara”.

Las condiciones a otros accionistas

El Gobierno sí que estableció condiciones explícitas al fondo australiano IFM para desembarcar en el accionariado de Naturgy a través de una opa, con garantías de mantenimiento de empleo y de inversiones en España. Moncloa ya utilizó el ‘escudo antiopas’ en Naturgy e impuso hace tres años compromisos a IFM para aprobar su opa parcial con la que buscaba tomar un 23% del capital (una operación que fracasó, sólo consiguió comprar en torno a un 10%, pero luego el fondo ha ido adquiriendo pequeños paquetes en el mercado hasta controlar actualmente un 15% de la energética española).

Simón (Criteria): “Acordaremos un plan para crear valor en Naturgy con estos accionistas o con otros”

El Consejo de Ministros exigió a IFM compromisos para apoyar el mantenimiento de la sede en Naturgy en España; para garantizar el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla en España; para respaldar inversiones en proyectos vinculados a la transición energética en España; para rechazar desinversiones en las filiales de la energética de redes eléctricas y de gas natural (incluido el gasoducto con Argelia); para impulsar una política de dividendos prudentes que garantice poder ejecutar las inversiones verdes necesarias y una estrategia de endeudamiento que permita mantener la calificación crediticia de grado de inversión; así como para rechazar la exclusión de la compañía en la bolsa española.

“Naturgy cuenta con infraestructuras críticas en el aprovisionamiento y distribución de gas natural y realiza actividades reguladas en energía y gas, por lo que la autorización de la operación está sometida a condiciones”, explicó Moncloa en agosto de 2021 sobre el ‘ok’ condicionado a IFM. “Las condiciones fijadas tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en bolsa y las obligaciones de transparencia asociadas”, justificó el Ejecutivo.