El Gobierno estudiará fórmulas "flexibles" para que los empleados vuelvan poco a poco al trabajo tras una baja

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene previsto citar de manera "inminente" a patronal y sindicatos para abordar fórmulas "flexibles" para que los empleados de baja médica se reincorporen progresivamente a su puesto de trabajo. Una especie de status intermedio entre la alta y la baja y que será siempre "voluntaria", según ha anunciado la ministra Elma Saiz este jueves durante su comparecencia en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en Madrid.

"Hay personas que en algunos procesos puedan quizás incorporarse a trabajar. [...] Hay procesos, por ejemplo, quien esté saliendo de un proceso de cáncer, desde la voluntariedad y garantía de su salud y seguridad pueda incorporarse a trabajar con una incapacidad temporal que no sea estar de alta o estar de baja. O en casos de pluriactividad, que puedan estar de baja para una actividad, pero en otra sí que puedan desarrollar otros trabajos", ha afirmado Saiz.

La propuesta, enunciada pero no concretada por la ministra del PSOE, no ha sentado bien a sus socios de Sumar. "Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha manifestado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de su cuenta de X.

Tampoco ha gustado a los sindicatos. Desde CCOO, el secretario de política social, Carlos Bravo, ha criticado que no se les haya consultado previamente la propuesta. "No se debe transmitir incertidumbre alguna sobre su situación a personas en situación de incapacidad temporal", ha afirmado. Desde UGT, su homóloga, Cristina Estévez, teme, entre otros, los riesgos de esa "voluntariedad" en retorno progresivo ante potenciales presiones de un jefe.

En los despachos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social existe una severa preocupación por el repunte del número y duración de las bajas por incapacidad temporal, especialmente acentuado este tras la irrupción del covid. No es una preocupación que se circunscriba a esos despachos, ya que las patronales también hace tiempo que lamentan el incremento del absentismo -legal o ilegal- entre sus plantillas.

Desde el Gobierno quiere atajar ese repunte de varias maneras. Una ya la han pactado con patronal y sindicatos, aunque tienen pendiente aprobarla vía reglamento y es la posibilidad de que las mutuas hagan pruebas y rehabilitaciones a pacientes que se lesionaran de alguna patología traumatológica -por ejemplo, romperse una pierna- en su tiempo libre. Ahora las mutuas intervienen si el accidente tiene origen en el ámbito profesional, pero no en el personal. Con ello buscan acelerar su tratamiento y reincorporación, para así tenerlo menos tiempo de baja. Y ahora Saiz pone encima de la mesa esta nueva propuesta de retorno "flexible" y "voluntario", que deberá desarrollar y trabajar ampliamente con los agentes sociales.

Reunión con los autónomos

La ministra también ha citado el próximo lunes 7 de octubre a las organizaciones más representativas del trabajo autónomo para abordar la regularización de cuotas que ya está efectuando Hacienda y que culminará en breve. El principal objetivo será informar cuántos autónomos les sale a pagar y a cuántos les sale a devolver este año.

En las próximas semanas -el colectivo lo espera a lo largo del mes de noviembre- la Agencia Tributaria procederá a cobrar o devolver la diferencia entre lo que los trabajadores por cuenta propia han pagado y la cuota mensual que les correspondería. Y el Gobierno quiere engrasar la coordinación con ATA, Upta y Uatae para resolver dudas y evitar el mínimo de incidencias.

Fuentes conocedoras explican que, a falta de datos más depurados y definitivos, entre un 25 y 30% de los autónomos deberá pagar algo más de lo que ha cotizado a lo largo de este año.

Este año es el primero en el que los trabajadores por cuenta propia cotizan en función de sus rendimientos. Es decir, no deben pagar la cuota que quieren -que era la práctica común hasta ahora-, sino la que corresponde en función de los 'beneficios' que obtienen de su actividad. Un sistema pactado hace dos años con las organizaciones más representativas y que tiene un despliegue progresivo, primero hasta 2025 y posteriormente hasta 2032.

En Cataluña, los primeros datos muestran que el nuevo sistema ha estimulado mayoritariamente una mayor contribución entre los autónomos. Por primera vez en la historia de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta propia no cotizan por la base mínima, sino que apuestan por una base ligeramente superior, entre 1 y 1,5 veces su base mínima. Unas mayores aportaciones que pueden disparar la recaudación de la Seguridad Social entre el colectivo, según apuntan algunas fuentes, alrededor de un 10%.

Este nuevo sistema de cuotas, que se divide en 15 tramos de ingresos, tiene un primer horizonte hasta 2025. A partir de 2026 debe regir un nuevo sistema (o un sistema reformado) que deberán acordar el Gobierno y los agentes sociales y asentar las bases del mismo hasta 2032. La Seguridad Social pretende iniciar la negociación del mismo a lo largo del primer semestre del año próximo.

Más de 9.000 millones en la hucha de las pensiones

La reforma del sistema de cuotas pretendía, entre otros, mejorar las futuras pensiones del colectivo autónomo y mejorar, en global, la sostenibilidad del sistema. Ya que hasta ahora, con la voluntariedad de las cuotas, la mayoría de trabajadores por cuenta propia elegían pagar lo mínimo y luego se quedaban con pensiones mínimas.

En ese sentido, la ministra Saiz también ha anunciado una revisión al alza de su previsión sobre cómo acabará la hucha de las pensiones este año. Según los últimos datos disponibles, en el fondo de reserva había 7.000 millones de euros, su mayor nivel desde 2018.

La previsión es que acabe el año por encima de los 9.000 millones de euros. Y el Gobierno mantiene su objetivo de finalizar la legislatura en los 25.000 millones de euros. Va así recuperando la esquilmada hucha, que llegó a acumular más de 65.000 millones de euros y que los gobiernos, especialmente el del PP de Mariano Rajoy, vació para costear otras partidas públicas.