La CNMV advierte del riesgo de deslocalizaciones si se cambia el régimen fiscal de las socimis

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pide "cautela" ante los cambios que el Gobierno prepara para eliminar el régimen fiscal del que disfrutan las socimis en España. Fuentes del supervisor señalan que si se llevan a cabo modificaciones en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas pueden producirse "efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos", según recoge la agencia Europa Press. La mayor parte de los países europeos mantiene una regulación similar para estas compañías, por lo que tan solo tendrían que trasladar su actividad a otra jurisdicción para poder seguir disfrutando del marco jurídico por el que se han regido hasta ahora en España y que el Ejecutivo busca modificar.

"La socimi no es una figura específica de España, sino que también está presente en otros países europeos de forma similar, donde la cotización y apertura a inversores va asociada a una fiscalidad especial", señalan fuentes del supervisor. En este sentido, las dos grandes socimis del Ibex 35, Merlin y Colonial, no han descartado que entre sus opciones se encuentre abandonar España si finalmente el Gobierno decide suprimir el régimen de socimis del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuesto de sociedades, frente al 25% de tipo general.

La posible eliminación de las socimis supondría una reducción de entre el 7% y el 9% en el beneficio de Merlin Properties y de entre el 1% y el 5% en el de Colonial, según los cálculos del banco de inversión Jefferies, que recuerda que la primera tiene el 88% de sus activos en España y la segunda el 30%.

Presiones del sector

La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) ya ha advertido del posible cierre de los centros y parques comerciales que se encuentren en una situación económica complicada si el Gobierno aprueba la supresión del régimen de socimis.

La patronal argumenta en un comunicado que algunos centros no podrían absorber el incremento fiscal que supondría para las empresas operadoras dejar de ser socimis (lo que supone pagar un 1% de impuesto de sociedades) y pasar al tipo general de hasta el 25%, con la consiguiente pérdida de actividad económica, empleo y recaudación tributaria.

Por su parte, La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España.

Las principales consultoras inmobiliarias de España miembros de ACI --BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills-- creen que esto representaría "un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos y agravaría los problemas que ya existen en el mercado".

PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi). Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades "solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades" y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas. Se trata de una enmienda a una ley que traspone una directiva comunitaria relativa a una reforma del Impuesto sobre Sociedades y que se debate este jueves en comisión y luego irá al pleno.

Pero el Gobierno aún no tiene los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante esta nueva regulación. Los socios del bloque de investidura ya sopesan que el proyecto quede únicamente en nuevo tributo del 15% a las multinacionales. Horas antes de que este paquete fiscal se debata en la Comisión de Hacienda del Congreso, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han deslizado la idea de que la norma se ciña exclusivamente al impuesto, que nace de una transposición de una Directiva Europea, por las dificultades para acordar el futuro del impuesto a banca y energéticas.

Funcionamiento de las socimis

Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas, aunque sí retienen el impuesto a los dividendos para ingresarlo en Hacienda.

Para poder ser socimis, estas empresas tienen que distribuir a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores. A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.