El Supremo frena el intento de las grandes eléctricas de ahorrarse obras millonarias para demoler presas

El Tribunal Supremo trunca el intento de las grandes eléctricas de ahorrarse costes millonarios tras la extinción de las concesiones para explotar centrales hidroeléctricas. El Alto Tribunal acumula ya cuatro sentencias en que da la razón al Gobierno y confirma la legalidad de la decisión de diferentes confederaciones hidrológicas de ordenar a las compañías energéticas a asumir el coste de demoler las presas una vez expiran los permisos para gestionar las centrales.

El Supremo ha desestimado en los últimos meses cuatro recursos de Endesa y de Iberdrola con los que buscaban no tener que pagar las obras de demolición de algunos de los embalses con los que generan electricidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha rechazado la pretensión de Endesa de no afrontar el derrumbe de las instalaciones en las centrales de Hoz Seca (Guadalajara) y Bembézar (Córdoba) y también lo ha hecho con el intento de Iberdrola con las centrales de Albentosa-Los Toranes (Teruel) y Contreras-Mirasol (Cuenca), según se desprende de las sentencias aprobadas entre el pasado junio y este mismo noviembre.

El cambio legal de 2012

Las cerca de 800 centrales hidroeléctricas españolas son explotadas de manera generalizada por las grandes eléctricas mediante concesiones públicas que se alargan durante décadas. Cuando el plazo de vigencia de las concesiones expira, las confederaciones hidrológicas pueden ordenar su prolongación -permitiendo a las eléctricas que sigan gestionando las centrales-, su reversión al Estado -con lo que su explotación pasa a manos públicas- o su extinción definitiva. En este último caso, la Administración puede ordenar la demolición de las instalaciones y, tras una reforma legal aprobada en 2012, que el coste de los trabajos lo asuman las propias eléctricas.

El Gobierno ha ordenado en los últimos años la demolición de cerca de una quincena de centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño según han ido expirando las concesiones públicas y ha aprobado que sean las eléctricas concesionarias las que ejecutaran las inversiones necesarias para demoler y retirar las infraestructuras ubicadas en dominio público.

En los últimos años han sido los Tribunales Superiores de Justicia de diferentes comunidades autónomas los que han ido rechazando los recursos de las eléctricas y confirmando la legalidad de la medida. Ahora es el Tribunal Supremo el encargado de refrendar las sentencias de los altos tribunales autonómicos y de tumbar los nuevos recursos de las energéticas. El Alto Tribunal sienta jurisprudencia con las sentencias dictadas en los últimos meses y abre la puerta a que las eléctricas estén obligadas a costear obras millonarias según vayan expirando las concesiones de de en torno a 250 centrales hidroeléctricas en la próxima década.

El aval del Supremo

Endesa e Iberdrola han venido defendiendo en sus recursos la ilegalidad de la orden de tener que asumir las inversiones de demolición porque cuando se otorgaron las concesiones la normativa vigente no contemplaba tal posibilidad y porque las propios títulos de las concesiones no lo recogen, así que se les estaría aplicando una nueva regulación con carácter retroactivo.

El Tribunal Supremo desmonta esta argumentación en sus cuatro sentencias y avala las órdenes del Gobierno al considerar que puede aplicarse la nueva regulación que permite cargar las obras de derribo a las eléctricas (vigente desde 2012) porque es la que estaba vigente cuando las diferentes confederaciones hidrográficas iniciaron los expedientes para decretar la extinción de las concesiones de las centrales hidroeléctricas.