Banca

El BCE critica el impuesto a la banca del Gobierno y pide "un análisis exhaustivo" de su impacto

Sostiene que puede reducir el acceso al crédito y afectar a la rentabilidad de las entidades financieras

Archivo - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Archivo - La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. / Boris Roessler/Dpa - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

El Banco Central Europeo (BCE) critica el impuesto a la banca del Gobierno de España, ya que va contra la unión bancaria y recomienda realizar "un análisis exhaustivo de su impacto" sobre la rentabilidad de las entidades financieras o el acceso a la financiación. El organismo que preside Christine Lagarde carga contra el proyecto de ley por el que se establece un impuesto sobre el margen de intereses y las comisiones del sector bancario español.

Este impuesto, que sustituye al gravamen extraordinario, gravará los márgenes y comisiones de las grandes entidades financieras con tipos progresivos entre el 1% y el 7% con dos deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de descenso de la rentabilidad.

El dictamen, fechado el 17 de diciembre y firmado por Lagarde fue emitido por el Consejo de Gobierno del BCE en respuesta a una solicitud del Banco de España (BdE) en representación de las Cortes Generales. En su análisis, el BCE evaluó la norma desde las perspectivas de política monetaria, estabilidad financiera y supervisión prudencial.

Este enfoque es similar al utilizado en 2022, cuando el BCE fue consultado sobre los gravámenes temporales. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, el BCE destaca que la exposición de motivos del proyecto actual "no incluye explicaciones específicas sobre la justificación del impuesto".

Desde el punto de vista de la política monetaria, el BCE subraya la importancia de garantizar que las medidas adoptadas no comprometan la capacidad de las entidades financieras para mantener bases de capital robustas, provisiones adecuadas para pérdidas, y su habilidad para transmitir las decisiones sobre tipos de interés.

Recomienda analizar su impacto

En cuanto a la estabilidad financiera, el BCE insiste en la necesidad de realizar un seguimiento continuo de los posibles efectos adversos del impuesto. Particularmente, señaló la importancia de evaluar las implicaciones a largo plazo sobre la resiliencia del sistema financiero y las posibles distorsiones en el mercado.

El BCE recomienda llevar a cabo un análisis detallado sobre el impacto del impuesto en la rentabilidad y la base de capital de las entidades, su acceso a financiación, la liquidez, la concesión de préstamos y las condiciones de competencia en el mercado. Además, advierte que este impuesto podría fragmentar el sistema financiero europeo, generar asimetrías competitivas y perjudicar la igualdad de condiciones en la unión bancaria.

Impacto en los colchones de capital

El BCE reconoce que, aunque las entidades podrían beneficiarse inicialmente de ingresos netos por intereses debido al aumento de tipos, estas ganancias podrían verse compensadas por mayores costes de financiación y potenciales pérdidas en sus carteras de valores. A largo plazo, las subidas de tipos podrían incrementar el riesgo de crédito y reducir la rentabilidad bancaria.

En el caso específico de España, el BCE observa que las entidades no se verían afectadas por el impuesto si registran pérdidas y que su impacto sería menor cuando los beneficios no superen el umbral del 0,7% de rentabilidad sobre activos totales. Sin embargo, incluso en esos casos, el BCE advirtió que el impuesto podría limitar la capacidad de los bancos para mantener o restablecer colchones de capital sólido, especialmente en períodos de alta rentabilidad.

El organismo reitera que los gravámenes bancarios pueden reducir la capacidad de las entidades para construir colchones de capital, limitar el crédito disponible y crear condiciones menos favorables para los clientes. También recomendó analizar cuidadosamente los efectos contables del impuesto para evitar impactos negativos en la solvencia y competitividad de las entidades.

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