Yolanda Díaz acelera para descongelar el salario mínimo y prevé citar a patronal y sindicatos esta semana

Superado el paréntesis navideño, el Ministerio de Trabajo pretende acelerar para descongelar el salario mínimo interprofesional (SMI) este 2025 y convocar "de inmediato" a patronal y sindicatos para tratar de consensuar una subida. El actual suelo salarial, de 1.134 euros brutos mensuales, arrancó el año con la misma cifra que el anterior y sin que la comisión asesora del Gobierno haya propuesta una cifra sobre la que estudiar una revalorización. Unos 2,5 millones de trabajadores aguardan a la expectativa, 300.000 de ellos en Cataluña.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se comprometió durante la rueda de prensa del pasado viernes para valorar los datos del paro a reactivar el proceso de revalorización de inmediato. "En los próximos días" esperan tener el veredicto de su comisión de expertos, que les diga cuánto debe subir el SMI para adaptarse al 60% del salario medio, según el objetivo que se ha marcado el Gobierno.

"El diálogo social lo convocaremos inmediatamente después de Reyes", afirmó Pérez Rey a preguntas de los periodistas. Es decir, la agenda del Ministerio pasa por, si no hay contratiempos, presentar a lo largo de esta semana la propuesta de incremento de sus expertos y, a renglón seguido, citar a patronal y sindicatos para empezar a negociar.

Como mínimo un 2,8%

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya avanzó que la subida mínima que contemplaba era de alrededor del 2,8%, que es lo que han subido de media los precios este pasado 2024. Con la intención de que los trabajadores que perciban el SMI no pierdan poder adquisitivo.

Ese es el umbral mínimo, si bien la vicepresidenta tampoco ha descartado incrementos mayores, para sostener esa referencia de que el SMI sea el 60% del salario medio que cobra un español. Algo que, teniendo en cuenta que ese sueldo medio se ha movido este pasado ejercicio entre un 3,75 y un 4,1%, según si se mira la estadística de sueldos pactados por convenio o la encuesta de costes laborales del INE, pasaría por un incremento mayor que ese 2,8%.

Otros países europeos, como la vecina Portugal, ya han aplicado sus revisiones y los trabajadores lusos verán incrementado su SMI un 6,1%, de 820 a 870 euros.

En años anteriores ha sido habitual que la comisión experta del Gobierno, integrada por personalidades propuestas de los ministerios de Trabajo, Economía y Hacienda, así como de CCOO y UGT, le propuesiera al Ejecutivo una horquilla de incrementos. Y luego esa horquilla la negociara el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales.

La patronal ya ha avanzado sus recelos a aceptar nuevos incrementos y ha calificado algunas declaraciones del equipo de Díaz como "chantaje". Los sindicatos, por su parte, ya han anticipado que reclamaran irse a la parte alta de la horquilla y que sus ambiciones pasan por incrementos del 5% o superiores. Presumiblemente esta semana o a mucho tardar la siguiente tendrán un primer encuentro para ver si hay posibilidades de perfilar una cifra que genere el apoyo de todas las partes.

Este 2025 el proceso para definir el SMI va con retraso. No es inhabitual que este suelo salarial arranque el año congelado, ya que otros años también se fijó pasado el 1 de enero una cifra de aumento y se aprobó con carácter retroctivo. No obstante, sí era habitual que Trabajo y los agentes sociales hubieran tenido un primer encuentro antes de acabar el año para sondear si existía o no posibilidad de entente a tres bandas.

Este pasado 2024 el proceso para definir el nuevo SMI se ha visto lastrado por las negociaciones de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, que prácticamente han monopolizado la agenda reciente del Ministerio. Hasta el punto de que el acuerdo con los sindicatos y sin el apoyo de la patronal fue presentado el pasado 20 de diciembre. No obstante, Díaz ya ha avanzado que los efectos de la revalorización serán retroactivos a primeros de año. Es decir, si se acaba alargando meses el proceso de subida, algo que ha ocurrido otros años, las empresas deberán abonar una paguilla en concepto de atrasos.