Entrevista

«El impuesto a la banca no ha impedido los mejores resultados de la historia en el sector»

Entrevista a Carlos Cuerpo, ministro de Economía: “Más allá del ruido político, existe una confianza absoluta en la economía española”

03 feb 2024 / 05:43 h - Actualizado: 03 feb 2024 / 18:53 h.
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  • Fotos: Carlos Ramos
    Fotos: Carlos Ramos

El nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), concede su primera entrevista en el cargo a El Periódico de Extremadura, diario de Prensa Ibérica, grupo editorial que publica El Correo de Andalucía, después de una jornada de trabajo en su tierra natal tras la que confiesa haber disfrutado múltiples emociones. Entre una primera reunión con empresarios de Badajoz, a primera hora, y una cita con la presidenta regional, María Guardiola, el “ministro extremeño” -como enseguida fue bautizado por la prensa local- ha tenido ocasión de participar en un encuentro con estudiantes en la que fue su Facultad de Económicas, en la Universidad de Extremadura.

Y llega con muy buenas sensaciones a la entrevista con El Periódico de Extremadura y el Grupo Prensa Ibérica, en Mérida.

—Vivimos momentos de descontento y movilización entre los agricultores. Se quejan de la competencia desleal que supone la importación de productos de terceros países con legislaciones más laxas en materia medioambiental o alimentaria. ¿Debería tenerse esta queja en cuenta en los acuerdos comerciales con Marruecos o en las negociaciones con Mercosur para poner freno a estas importaciones?

—Desde el punto de vista nacional ya venimos apoyando al sector de manera muy decidida, por ejemplo, con 1.400 millones de ayudas directas o con una ley de cadena alimentaria que se aprobó el año pasado, que tiene novedades importantes y que es una de las demandas de los agricultores franceses, que es conseguir una ley como la que tenemos en España, donde, por ejemplo, se prohíben las ventas a pérdidas. Son avances que hemos ido consiguiendo en España para apoyar al sector. También tenemos las ayudas al gasóleo. Con respecto a los tratados de libre comercio con otras áreas, por parte de España se han defendido y se siguen defendiendo las llamadas cláusulas espejo, donde exigimos que los productos asimilables a los españoles que vengan de otros países tengan que cumplir las mismas normas, sobre todo en elementos fitosanitarios.

—La banca se queja de España es el único país en el que se va a extender el impuesto extraordinario sobre el sector financiero a 2024 ¿Cómo justifica usted la prórroga de este impuesto decidida por el Gobierno?

—Hay un elemento que ha quedado muy claro en estos dos últimos años, los primeros de implementación del gravamen al sector financiero. Y es que el gravamen ha sido compatible con los mejores resultados de la historia del sector. No ha supuesto eso que se auguraba de que iba a ser un elemento perjudicial para el sector. Ni siquiera con respecto a sus competidores en Europa. En segundo lugar, tanto en el caso de la figura del impuesto a sobre la banca, como en el resto del sistema tributario, existe en el Gobierno un análisis continuo con respecto a la situación y las condiciones estructurales o coyunturales, y en función de ese análisis que hacemos de manera continua, es dónde se valora efectivamente la calibración la especificación de las distintas figuras, pero no en particular parar el impuesto financiero. Es decir, hacia adelante, lo que esperamos es que podamos seguir teniendo una contribución justa del sector financiero a los presupuestos, y en particular, al escudo social de este 2024, que es el año en el que lo hemos prorrogado.

—¿Caben modificaciones en este impuesto como, por ejemplo, deducciones en función de la financiación verde que puede hacer la banca, tal como plantea el sector?

—Son dos elementos separados. Yo creo que el sector tiene que contribuir a la financiación verde, ya lo está haciendo. Y yo no ligaría este elemento a deducciones en el gravamen. Son dos elementos distintos.

—El fuerte crecimiento de los resultados de Caixabank va a reportar al Estado un mayor dividendo. ¿En el actual contexto de revalorización de Caixabank, cree que en esta legislatura se podría retomar la venta de la participación del Estado en esta entidad financiera?

—Nosotros tenemos un compromiso de salir de nuestra participación de CaixaBank. Avanzar en este compromiso de desinversión se ha de hacer bajo un criterio claro: maximizar la recuperación de las ayudas aportadas. En este sentido, nosotros seguimos viendo que la evolución de la cotización de CaixaBank tiene recorrido al alza y por lo tanto, seguimos apostando, siendo un accionista estable y que da garantías a la propia entidad.

—¿Habrá que alargar esa fecha tope de diciembre del 2025 para salir del capital de Caixabank?

—Iremos viendo. Lo hemos cambiado anteriormente y eso no supone ningún tipo de restricción. La condición es maximizar la recuperación del dinero del contribuyente.

—¿En relación al código de buenas prácticas hipotecarias, se prevé una nueva reunión en marzo que pueda servir para ampliar el alcance de las medidas de alivio para las familias?

—Tenemos reuniones trimestrales y nos vamos a reunir en marzo. Vamos a ver a lo largo de este año cómo va evolucionando no solo la utilización del código -es decir, cuántas familias se están viendo en la necesidad de acceder a estas medidas de alivio-, sino también las condiciones macro. El euríbor está bajando. Y el Banco de España ha señalado que en este primer trimestre probablemente muchas familias ya verán cómo vuelve a bajar su cuota cuando actualice. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación antes de tomar una decisión.

«El impuesto a la banca no ha impedido los mejores resultados de la historia en el sector»

—La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lanzado un debate sobre la conveniencia de poner un tope a los sueldos de los directivos del Ibex sobre la base de la “injusticia” que a su juicio supone la brecha que existe sobre los salarios de los trabajadores de base. ¿Ve usted conveniente poner algún tipo de tope a los sueldos de los directivos?

—Yo prefiero redireccionar esta discusión hacia otro ámbito. Pensemos por ejemplo en el sector financiero. Es un caso claro donde tenemos unos jóvenes que están entrando en el segmento de menores salarios y lo que tenemos que hacer es centrarnos en el objetivo de que tengan unos salarios acordes con el nivel de formación que tienen. Ir mejorando los salarios de estos jóvenes formados, de manera automática va a reducir la brecha con los sueldos de los directivos. Ya hay alguna entidad, como Kutxabank, que está avanzando también en esta línea, que nos parece adecuada.

—¿No le parece conveniente, entonces, poner topes a los sueldos de los directivos?

—Prefiero el otro planteamiento.

—El acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar incluye reducir la jornada laboral hasta 37,5 horas. ¿Cómo encaja este debate con el de la débil productividad total de los factores de la economía española?

—Depende mucho de cómo se haga. Y eso es lo que nos tiene que llevar a un elemento de prudencia y de flexibilidad. Sobre todo, confiar y apoyarnos en empresarios y trabajadores, porque son los que mejor conocen cómo ir ajustándose de la mejor manera hacia ese gran objetivo que es reducir las horas de trabajo. Yo creo que en este ámbito la reducción de jornada va a tener un resultado positivo en términos de productividad.

—Las dificultades políticas, la fragmentación parlamentaria y las exigencias de los independentistas catalanes en relación a la ley de amnistía, abren dudas sobre la capacidad del Gobierno de sacar adelante los Presupuestos y reformas ¿Puede derivar todo ello en una legislatura más corta y en una mayor desconfianza inversora hacia España?

—Nosotros vemos en los datos una enorme confianza de los inversores internacionales. Hablo de inversiones reales, en nuestra industria; pero también de las inversiones financieras, es decir, las compras de nuestras emisiones de deuda. Esa confianza en la economía española está y tiene que dar tranquilidad también a los ciudadanos, porque más allá del ruido político, existe una confianza absoluta y unas buenas previsiones de futuro para la economía española. Y esto sí es un mensaje que me gustaría dejar claro. A partir de ahí, estamos trabajando, como es lógico y normal en cualquier gobierno, por sacar adelante las medidas que creemos que son las mejores para el país. En un contexto en el cada vez va a ser más difícil que en el futuro volvamos a ver mayorías absolutas, el trabajo va a tener que ser siempre de negociación y de diálogo. Y ahí es donde estamos.

—Al final de este semestre toca renovar el cargo de gobernador del Banco de España. ¿Cuál es el perfil idóneo que debería tener el próximo gobernador o gobernadora?

—Antes que nada, me gustaría señalar el excelente trabajo del gobernador actual, porque Pablo Hernández de Cos está situando el Banco de España entre los bancos centrales con mejor reputación, con mayor actividad y mayor impacto, no solo del área euro, sino a nivel internacional. De cara a la decisión que tenga que tomarse antes de verano, iremos viendo en los próximos meses el perfilado concreto de la persona que vaya a ser la sustituta de gobernador.

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—¿Gobernador o gobernadora?

—Ya lo veremos. Desde luego, el perfilado tendrá que incluir un elemento de profesionalización claro y ahí veremos si al final tenemos la primera gobernadora, o si tenemos un mix, como ya tenemos ahora, con una subgobernadora excelente, que también ha hecho un trabajo espectacular.

Veremos cómo lo configuramos, pero que el elemento de equilibrio de género en este tipo de puestos siempre es una prioridad.

—¿Cómo se va a abordar la compra del 10% del capital de Telefónica por parte del Estado?

—Es algo que aún estamos mirando con la SEPI.

—En todo caso, eso supondrán un mayor endeudamiento, en 2.000 millones o el valor que resulte de esa participación...

— Es algo que debemos estudiar muy detenidamente con la SEPI.

—También entre sus tareas estará la reforma de la ley de sociedades de capital, que forma parte de otro de los acuerdos recientes entre el PSOE y Junts, que tiene que ver con las decisiones para cambiar la ubicación de las sedes empresariales.

—Aquí hay un marco genérico, que nos viene de Europa, sobre el libre establecimiento de las entidades, de las empresas. Y bajo este marco, que está en el tratado fundacional de la Unión Europea, es donde cada país desarrolla su normativa doméstica. En nuestra ley de sociedades de capital se establecen los criterios que tiene que cumplir una empresa a la hora de domiciliar su sede en la comunidad autónoma o en la localidad que sea.

Estos criterios están relacionados con la presencia de sus principales órganos directivos, de su principal actividad.... Y en el marco del cumplimiento de estos objetivos es donde vamos a estar. Esa certeza y seguridad para las empresa va a estar. Y no se trata solo de un elemento relacionado con una comunidad autónoma, sino con todas.

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—¿En concreto, se va a revertir el cambio de la ley de sociedades de capital que favoreció en 2017 el cambio de sedes de empresas que querían dejar Catalunya por el procés, al trasladar la decisión de la junta de accionistas al consejo de administración?

—El punto de partida respecto al texto que se pueda cerrar en este ámbito tiene que ser el de mantenimiento de las condiciones específicas de determinación de la sede de las entidades. A partir de ahí, el cumplimiento de estas condiciones, que no van a cambiar, supone de facto, que las sedes que ya estén establecidas en cualquier comunidad autónoma no van a tener ningún elemento diferencial respecto a la normativa anterior, independientemente del resto de elementos sobre quién determine o no el cambio.

—En la práctica, las nuevas reglas fiscales qué grado de ajuste van a exigir a las cuentas públicas en los próximos años.

—Las nuevas reglas fiscales tienen en cuenta la necesidad de reducir la deuda y el déficit, pero esto tiene que ser compatible con crecimiento. No podemos reducir una ratio de deuda sobre PIB pensando solo en el numerador. Hay que pensar también en el denominador, en cuánto vamos a crecer. ¿Cómo lograrlo? Con la inversión. Las nuevas reglas son conscientes de que estamos adquiriendo objetivos de transición verde, de digitalización de nuestras economías, autonomía estratégica, seguridad económica.... Antes, con las reglas anteriores, teníamos que ir convergiendo a un equilibrio presupuestario o como mucho a un déficit del 0,5% del PIB. Ese era el objetivo de medio plazo que teníamos todos los países. Ahora ese objetivo está en el 1,5% del PIB. Es decir, que vamos a tener todos los años de manera continua, un espacio adicional para invertir de un punto de PIB con las nuevas reglas, y esto con el PIB español actual está en torno a 15.000 millones. Es decir tendremos 15.000 millones más para invertir en el nuevo marco de regles. Y yo creo que este, sin duda, es un elemento destacable.