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Ejemplares de cangrejo rojo americano. / Pepo Herrera
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía presentó ayer en un Comité de Pesca extraordinario, adscrito al Consejo Andaluz de Biodiversidad, un plan de control del cangrejo rojo como especie exótica invasora, con el que se pretende cumplir con la resolución del Tribunal Supremo y evitar la expansión del mismo sin perjudicar al sector económico que vive de la especie, al cultivo del arroz ni a la avifauna que se alimenta de este crustáceo.
El director general de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, Javier Madrid, señaló a Europa Press que, bajo la necesidad de una respuesta «rápida» a la situación del Bajo Guadalquivir, se presentado un plan que, entre otros aspectos, recoge la delimitación de un área fuera de la cual el cangrejo rojo no podrá comercializarse.
Se pretende así facilitar la actividad económica en una zona en la que casi el 50 por ciento de la población está en paro. «La Junta no podía permanecer de espaldas», resumió Madrid que, en cuanto al posicionamiento de los agentes presentes en el Comité de Pesca, señala que «todos han entendido la gravedad del problema y que es necesario poner herramientas. Este plan es un buen instrumento, aunque, lógicamente, algunos han expuesto sus observaciones», subrayó.
Estas puntualizaciones podrán ser incorporadas al texto en el periodo de una semana en el que el texto permanecerá en audiencia pública y durante el que cabe la presentación de alegaciones. Si se cumplen los plazos estimados, la orden se publicaría a finales de la semana que viene, al objeto de que el plan entre en vigor de inmediato. «Los servicios jurídicos estudian una fórmula con credibilidad a largo plazo», aseveró Madrid, cuestionado por posibles incompatibilidades con la sentencia del Supremo, aún no publicada y, por tanto, no vigente.
El plan establece una serie de términos municipales donde se puede proceder a la captura, que se contempla «todos los días del año y de todos los tipos de tamaño», la utilización de nasas precintadas y la autorización específica a pescadores, entre otros puntos.