Encuesta GESOP: la construcción de más viviendas sociales concita la unanimidad de los españoles

Si alguien pusiera en este momento sobre la mesa la posibilidad de un pacto de Estado de vivienda -como sugieren cada vez más colectivos- para así facilitar la construcción de pisos sociales en España, la unanimidad sería absoluta. Incluso los votantes de las fuerzas políticas de derecha, para las que prevalece la propiedad privada apuestan por que se realice un esfuerzo inversor que permita un acceso más asequible a un techo digno. Un 92,8% de los españoles, según la Encuesta Política de España elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP), están a favor de habilitar los mecanismos para que se impulsen nuevas viviendas protegidas. Destaca el apoyo que esta propuesta tiene en el País Vasco (98%) y en Catalunya (94%) frente al 87,5% de los encuestados que la suscriben en la Comunidad Valenciana.

La escasez de vivienda protegida es una de las asignaturas pendientes de la Administración española, desde la central hasta las locales, pasando por las autonómicas. Desde que se acabaron los planes estatales de vivienda en 2013, como consecuencia de los recortes presupuestarios que se aplicaron entonces, el ritmo de construcción de pisos sociales ha caído a apenas una cuarta parte de lo que se edificaba en ese momento. Al mercado inmobiliario español le harían falta unas 600.000 viviendas nuevas para lograr compensar ese déficit, según el Banco de España.

Hay unanimidad tanto entre hombres y mujeres como entre jóvenes y jubilados, con porcentajes en todos los casos superiores al 90%. De hecho, son los mayores de 60 años los más partidarios de que se reincentive la edificación de vivienda protegida, con un 95,7% de apoyos frente al 90,3% de los ciudadanos de entre 30 y 44 años. La medida es ampliamente avalada también por quienes residen en municipios de más de medio millón de habitantes (93,9%), pero pierde algo de peso en las localidades de menor tamaño, aquellas que tienen empadronadas a menos de 10.000 personas, donde recibe el apoyo del 88,2%.

La regulación de precios

Mucho más divididas están las opiniones, en cambio, cuando los encuestadores del GESOP preguntan sobre las medidas para la contención de los precios del alquiler. Un 64,3% de las personas que les han respondido, esto es tres de cada cinco, se muestran más bien de acuerdo con políticas como la creación de zonas tensionadas y el establecimiento de topes, mientras que un 32,1% se declaran más bien en desacuerdo. Un discreto 3,6% no saben o no contestan. Aquí hay, de manera clara, un sesgo relacionado con el recuerdo de voto en las pasadas generales: los electores de Vox y los del PP rechazan, con un 61,8% los primeros y un 55,5% los segundos, cualquier medida que suponga una injerencia en el libre funcionamiento del mercado de alquiler. Defienden estos partidos que la solución al problema habitacional que vive España no debería penalizar a los propietarios de pisos ya existentes, sino que se debería de promover la construcción de obra nueva destinada a ser arrendada. Y para ello, es necesario destinar más recursos económicos, afirman.

Los votantes del PSOE (77,8%) y los de Sumar (88,3%) avalan sin ambages las soluciones impulsadas por el Gobierno de coalición en su ley de vivienda. En la misma senda se encuentran los encuestados que votaron a ERC, que superan incluso a los de la agrupación política de Yolanda Díaz, con un respaldo del 88,6%. En Junts, un 66,5% de las respuestas son favorables, mientras que entre los que no se definen políticamente el apoyo es del 57,2%.

Por otra parte, un 40,5% de los encuestados que votaron el año pasado en las generales a Feijóo son favorables a establecer algún mecanismo de control de precios como el incluido en la ley actual, pese a que todas las comunidades autónomas gobernadas por los populares se han negado a aplicarlo. De hecho, solo Catalunya lo hace, y Navarra y el País Vasco están estudiando el modo de implantarlo. Son justamente los encuestados catalanes los que más respaldo dan a esta propuesta, que, según la Generalitat de Catalunya, ha permitido que, en su primer trimestre de vigencia, los precios de los arrendamientos bajaran un 5% en esta comunidad.

Quizá porque sus empleos son los más precarios y porque las dificultades para encontrar piso están frustrando proyectos personales y sus ansias de emancipación, los jóvenes de entre 18 y 29 años son los más partidarios de que se establezca una regulación de precios en España, una medida que recibe un apoyo del 77,6% de los encuestados de esa edad. En el otro extremo, las personas de 45 a 59 años son las que más en desacuerdo se muestran, en un porcentaje del 37,6%.