ESTE MARTES SE REÚNE LA MESA

El Senado arranca la tramitación de la amnistía advirtiendo que es "una reforma constitucional encubierta"

La Mesa de la Cámara Alta aprobará su propuesta este martes, admitiendo a trámite la norma, pero dejando por escrito duras advertencias sobre la constitucionalidad y los "vicios" del procedimiento, insistiendo en que las Cortes "no tienen facultad para otorgar amnistías"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria en la Cámara Alta. / Carlos Luján

La Mesa del Senado admite a trámite este martes la ley de amnistía después de que el jueves pasara el primer filtro en el Congreso. El órgano de gobierno de la Cámara Alta se reúne al mediodía donde, según lo previsto, acordará la admisión de la iniciativa a pesar de las presiones de Vox, que sigue insistiendo en que el PP podría frenarla con su mayoría absoluta. Sin embargo, los populares dejarán claro que “no se podría acordar la no admisión” porque el artículo 90.1 de la Constitución es muy claro y los textos legislativos remitidos por el Congreso deben ponerse en marcha en el Senado.

Con esta respuesta el partido de Alberto Núñez Feijóo espera dar carpetazo a la insistencia de su rival por la derecha. Aún así, según ha podido saber este diario, el órgano encabezado por el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, llenará de advertencias el arranque de la tramitación de la amnistía, recalcando “las dudas sobre la constitucionalidad” que aprecian también los letrados en su informe, los “vicios del procedimiento” por emplear trámites de urgencia y sin pasar por órganos consultivos y, sobre todo, por lo que consideran “una reforma constitucional encubierta”.

La Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podrá aprobar sin problemas su propuesta, considera que “existe una manifiesta incompetencia para legislar sobre la amnistía porque las Cortes no tienen la facultad de otorgarlas” y, además, habla de la vulneración del artículo 23 de la Constitución “por utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios”.

Los populares insistirán en su propuesta de la Mesa este martes -teniendo en cuenta un detallado informe de los letrados de la Cámara y otro de la secretaría general de la Cámara Alta sobre “la inconstitucionalidad” del dictamen del pleno del Congreso que el PSOE sacó adelante con todos sus socios la semana pasada, en que la ley que tramitarán durante dos meses “vulnera principios y derechos reconocidos en la Constitución, además de artículos recogidos en la carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

Los ataques más duros del PP se centran, como vienen denunciando, en que la amnistía cubra delitos de malversación -aunque no haya enriquecimiento personal- porque dan por hecho que vulnera las directivas europeas, que siempre han hablado de “perjudicar los intereses financieros de la Unión” de cualquier manera, incluso aunque no se persiga un enriquecimiento personal. Y también en el último acuerdo entre socialistas, ERC y Junts para incluir casos de terrorismo dejando fuera los que hayan derivado en “graves violaciones” de derechos humanos.

La Mesa del Senado insistirá en que “no se puede justificar” esos delitos en la amnistía con la directiva europea 2017/541 del Parlamento Europeo “porque supone ignorar la aplicación de nuestro Código Penal” que ya traspuso dicha directiva. Además, también pone en duda la fórmula utilizada para excluir los actos tipificados como delitos de traición y contra la paz porque “podrían vulnerar el principio de legalidad en materia penal” en la medida en que trasluciera un criterio de interpretación ajeno al propio Código Penal. 

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El texto que será aprobado en la Mesa del Senado antes de que la ley empiece su andadura está repleto de reproches a los procedimientos de urgencia y también se basa en otras advertencias de los letrados de la Cámara Alta, que lanzan algún dardo contra el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que vio dudas constitucionales en la ley de amnistía, pero no tan “palmarias” como para frenarla. Los letrados del Senado consideran que sería positivo que el Tribunal Constitucional se pronunciara en algún momento al respecto porque entienden que no hay grados de constitucionalidad posibles.

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