El PP plantea un conflicto institucional entre Cámaras por la amnistía: el Senado exigirá al Congreso su retirada

El grupo del PP en el Senado propondrá un pleno en la Cámara Alta para exigir formalmente al Congreso que retire la ley de amnistía. Esta iniciativa, anunciada por la portavoz conservadora, Alicia García, en una interpelación al ministro Félix Bolaños, implica un choque entre las dos instituciones. La senadora afirmó, como defiende la propia Mesa de la Cámara Alta con mayoría absoluta del PP, que la norma supone "una reforma constitucional encubierta" y que no se ha tramitado de esa manera.

Los populares apuestan por celebrar un pleno donde se requerirá formalmente al Congreso que preside Francina Armengol la retirada de la proposición de ley orgánica. La Cámara Baja tendrá un plazo máximo de respuesta de 30 días y si no lo hace o su respuesta es negativa (como lo será) el siguiente paso será llegar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.

El informe de la secretaría general de la Cámara Alta en el que se apoyan los populares para fijar su posición planteaba precisamente "ese choque entre los dos órganos constitucionales" que se produciría en dos fases. La primera y esencial es el pleno anunciado por la portavoz y solo después de ese trámite el PP podría pedir la suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el TC.

Los letrados del Senado han sido muy críticos en sus informes jurídicos, reiterando que la ley de amnistía del Gobierno y los independentistas es "un fraude constitucional" y asegurando que afecta a la separación de poderes.

El debate político entre García y Bolaños también contó con un importante cruce de reproches. La portavoz del PP aseguró que el Senado es una Cámara de representación como lo es el Congreso, “aquí controlamos y no somos parlamentarios de segunda porque no estamos dispuestos a doblegarnos”, dijo al titular de Justicia. También insistió en advertir de las consecuencias que tendrá “la gestación de esta amnistía corrupta”. Bolaños respondía con una retahíla de críticas hacia el PP por plantear ahora este conflicto y felicitándose por el hecho de que la Comisión de Venecia, en su opinión, haya avalado la norma

El órgano asesor en materia constitucional del Consejo de Europa también ha servido para promover enfrentamientos entre los dos grandes partidos. Cada uno hace una lectura. El Gobierno cree contar con luz verde porque la Comisión considera que la reconciliación social es un motor reconocido para las amnistías, y el PP considera que está lleno de varapalos al PSOE por haber utilizado un trámite de urgencia y porque advierte de que las amnistías nunca pueden hacerse para individuos específicos.

El primer choque, en la Mesa

Con la llegada de la ley de amnistía a la Mesa del Senado se produjo el primer gran choque entre PP y PSOE. El origen del conflicto estuvo en la propuesta que los populares llevaron para comenzar la tramitación de la norma, asumiendo que no había otra opción porque la Constitución así lo exige en su artículo 90.1. El texto, de siete páginas, está lleno de reproches y advertencias sobre su posible inconstitucionalidad. La pretensión del PP era curarse en salud a pesar de admitir la tramitación y dar respuesta a la presión por su derecha, Vox, que amenazó incluso con querellarse si el PP no utilizaba su mayoría absoluta para frenar la norma. Hacerlo así sería ilegal.

El PSOE se negó a participar en la votación de esa propuesta, entendiendo que la admisión a trámite se produce "siempre directamente" con las leyes que llegan del Congreso, y rechazando tener que votar a favor de todas esas consideraciones políticas y jurídicas que aportaba el PP. "Es una trama", decían los socialistas. "¡Qué paradoja!", respondían en el PP, por el hecho de que sean los conservadores "quienes cumplan con la legalidad, aun estando tan en contra de la ley", y los socialistas los que no voten a favor de tramitarla.

Un enfrentamiento que anticipa cuál será el tono en los próximos dos meses en la Cámara Alta, escenario de la amnistía y coindiendo, además, con la precampaña de las elecciones catalanas.