Aragonès propone un referéndum con el artículo 92 de la Constitución y la pregunta '¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?'

Uno de los compromisos que asumió el president Pere Aragonès cuando fue investido en el cargo es que durante su mandato propondría una vía para resolver el conflicto político catalán. Este martes, ya con el Parlament disuelto y en plena precampaña electoral, ha presentado su propuesta: celebrar un referéndum de independencia en Catalunya pactado con el Gobierno. Una votación como la que se celebró en Escocia en 2014 y que, según ha dicho, sería la solución "más factible e idónea" también para Cataluña. La novedad, en esta ocasión, es que su propuesta viene avalada por un informe que asegura que esta consulta podría hacerse sin vulnerar la legalidad vigente. En concreto, a través del artículo 92 de la Constitución. El president también ha explicado cuál debería ser, según él, la pregunta exacta de esta votación: "¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente?".

El informe lleva la firma del Institut d'Estudis d'Autogovern (IEA), un organismo dependiente de la Generalitat al que el propio Aragonès encargó en el mes de octubre pasado encontrar las "vías jurídicas" para celebrar esta consulta. La vía que finalmente este organismo ha propuesto es este artículo de la Constitución que establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". Un referéndum que debería ser "convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno y previamente autorizada por el Congreso".

El president lanza esta propuesta en plena precampaña de  para ganar notoriedad en el debate público y ante los electores. Su intención es, si revalida el cargo tras los comicios, llevar este informe a la mesa de diálogo que la Generalitat tiene con el Gobierno para empezar a negociar este asunto. Hasta ahora el PSOE siempre se ha negado a una votación de estas características -la propia Moncloa este martes lo ha vuelto a hacer-, por lo que las perspectivas de convencer al Ejecutivo central son escasas. Sin embargo, el president tiene un argumento ya preparado para combatir a los independentistas más pesimistas: ha recordado que no hace tanto Sánchez también rechazaba la amnistía y al final la ha acabado aceptando, al igual que hizo antes con los indultos. "No estamos ante un imposible", ha dicho en un acto desde el Palau Centelles, sede el Institut d'Estudis d'Autogovern. Más tarde, en un acto de partido, ha reforzado esta idea: "La gente de ERC sabemos que la palabra imposible no sale en nuestro diccionario".

No es la primera vez que desde la Generalitat se propone el artículo 92 de la Constitución para celebrar un referéndum en Catalunya. Desde el año 2013, el Govern ha recibido al menos cuatro informes distintos que recogen hasta siete vías diferentes para convocar un referéndum amparándose en el marco jurídico vigente. De hecho, en 2014 ya hubo una expedición de políticos catalanes al Congreso -entre ellos Marta Rovira (ERC) y Jordi Turull (Junts)- que defendieron convocar la consulta del 9-N a través de la Constitución. La Cámara tumbó la propuesta.

Siempre ha habido un debate infinito entre los académicos que consideran que es posible celebrar una votación así con la actual Carta Magna y los que consideran que cualquier referéndum de estas características -que pusiera la unidad de España en entredicho- sería totalmente inconstitucional. Este martes, Aragonès ha defendido que esta es una vía "sólida y robusta" que solo requiere de "voluntad política" entre las partes.

Los argumentos y las vías alternativas

El Institut d'Estudis d'Autogovern ha presentado un documento de 37 páginas para sustentar esta propuesta jurídica, un informe hecho por Joan Ridao, director del organismo con una amplia trayectoria tanto jurídica como política que incluye haber sido el exletrado del Parlament y también exsecretario general de ERC.

El IEA defiende que en 2014 hubo un cambio de doctrina del Tribunal Constitucional por el cual deberían ser posibles los "referéndums autonómicos" y que, además, deberían poder convocarse "sin necesidad de reformar la Constitución". Un cambio de doctrina que, asegura, se produjo con la sentencia de 2014 en la que el TC falló en contra de la Declaración de Soberanía del Parlament, pero que, a la vez, admitió que "el derecho a decidir" podía ser "objeto de una interpretación constitucional". En definitiva, el IEA sostiene que con voluntad política entre las partes -Gobierno y Generalitat-, el encaje legal en el artículo 92 no debería ser un problema.

Eso sí, el mismo informe del IEA deja claro que el referéndum no sería vinculante. Es decir, que los resultados de la consulta, en caso de ganar el 'sí', lo que harían es "abrir simplemente las puertas a una negociación de buena fe entre los actores territoriales y a una eventual implementación de sus resultados". Por lo tanto, deja en el aire como debería acabar implementándose la independencia.

Finalmente, el documento también aporta algunas vías alternativas para convocar una consulta que van más allá del artículo 92 de la Constitución. Se citan dos: en primer lugar, propone una reforma de la ley orgánica sobre la convocatoria de referéndums que permita a Catalunya celebrar una votación así. En segundo, que el Estado delegue a la Generalitat, a través del artículo 150.2, su competencia exclusiva para convocar consultas refrendarias. También son dos vías que ya se exploraron en el pasado sin éxito.

Pregunta, censo y circunscripción

Aparte de las vías jurídicas y de la pregunta que debería formularse, el informe propone otros detalles para el referéndum como por ejemplo que la votación debería circunscribirse solo a Cataluña y que deberían poder votar "todas las personas" que ya tienen "derecho a voto" en unas elecciones convencionales en el Parlament. Además, establece que, para que el referéndum tenga validez, no haría falta fijar ni umbral mínimo de participación ni tampoco un umbral mínimo de partidarios del 'sí'. Lo curioso aquí es que la propuesta del IEA entra en contradicción con la que ERC hizo en su día: los republicanos propusieron que, para tener más legitimidad, un referéndum válido debería contar con un 55% de 'síes' y una participación del 50% del censo.