Tensión en Fiscalía: la fiscal se rebela contra la orden de archivar la filtración contra el novio de Ayuso

La supuesta revelación de datos sobre el pacto que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, propuso en la causa abierta contra él por defraudar a Hacienda ha derivado en un enfrentamiento de primer nivel en el seno de la Fiscalía General del Estado.

María de la O Silva, la fiscal a quien correspondía de informar sobre la querella presentada por el empresario contra el fiscal del caso y su superior, la jefa provincial en Madrid Pilar Rodríguez, no está de acuerdo con la orden que recibió de instar a su inadmisión, y su desobediencia obligará a celebrar una Junta de la cúpula fiscal este mismo miércoles, confirman a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes fiscales.

O Silva ha dado a conocer su decisión este lunes acudiendo al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es el que permite no obedecer la orden de un superior, al considerar improcedente la que recibió a finales de la semana pasada por parte de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, número dos del fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Concretamente, se le ordenó informar en contra de la admisión de la citada querella que fue presentada por González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si bien ella considera necesario llevar a cabo unas diligencias previas para aclarar cuál fue la cadena de mando que propició la difusión de la nota de prensa en la que se daba cuenta del pacto que el novio de Díaz Ayuso buscaba con la Fiscalía. Este comunicado es considerado una revelación de secretos por parte del empresario.

Por lo que respecta a la Junta del miércoles, que tiene carácter consultivo, se celebrará a puerta cerrada y, una vez escuchado el criterio mayoritario, Sánchez Conde podrá ratificarse en su decisión o corregirla, con independencia de lo que determinen la mayoría de los fiscales presentes en la reunión.

El precedente Puigdemont

Como precedente a lo que puede ocurrir está el procedimiento iniciado en el Tribunal Supremo contra el expresidente Carles Puigdemont por su responsabilidad en las actuaciones de Tsunami Democràtic. Un total de 12 miembros de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo apreciaron terrorismo frente al criterio contrario de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y, sin embargo, esta última fue la postura que se adoptó finalmente en el informe elaborado por Sánchez Conde en este asunto.

La decisión de la fiscal Silva era de prever tras la celebración los últimos días de las tres reuniones internas en las que se trató la respuesta que la fiscalía iba a dar a la querella de Sánchez Amador. Desde la asociación mayoritaria de fiscales y otras de carácter minoritario se afeó que para uno de estos encuentros fueran también citados los fiscales concernidos por la querella, algo que califican de "presión inadmisible" que afecta al principio de autonomía que debe regir la actuación de los fiscales. Frente a este principio, según las fuentes consultadas, Sánchez Conde habría apelado a la "unidad de actuación" en el que se basa la organización jerárquica de la propia Fiscalía.

A juicio de la número dos de la Fiscalía, una vez que en otro procedimiento similar instado por el Colegio de la Abogacía de Madrid en un juzgado de instrucción la Fiscalía había instado el archivo, lo pertinente es mantener el mismo criterio con respecto a la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El pasado 15 de abril, García Ortiz ya asumió la "responsabilidad última" de la nota de prensa en cuestión y aseguró que no iba a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".

"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", señaló en una declaración institucional en un acto tras la toma de posesión de varios fiscales.