La ONU concluye que las "leyes de concordia" de PP y Vox vulneran los tratados internacionales

Varapalo de la ONU a las "leyes de concordia" contra la memoria democrática promovidas por los gobiernos de PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Un informe elaborado conjuntamente por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH concluye que las normas regionales que buscan derogar en sus comunidades autónomas la ley de memoria democrática del Gobierno vulnerarían diferentes preceptos de los tratados internacionales suscritos por España.

Concretamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, advierte que estas normas van en contra de las recomendaciones realizadas para la creación de mecanismos para la memoria histórica y violaciones de derechos humanos y obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, según el documento al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Después de que el Gobierno haya anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional estas normas, el informe señala que la violación a los derechos humanos detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no actúa para revertirlas. Fuentes del Ejecutivo avanzan que pedirán a las comunidades autónomas concernidas la revisión urgente de estas iniciativas, activando el artículo 33.2 [el mecanismo de la ley del Tribunal Constitucional para abrir un proceso de negociación].

Desde el Ejecutivo de Aragón ya plantearon su negativa a revisar sus planes para derogar la ley de memoria democrática, una de las medidas incluidas en los acuerdos de coalición entre PP y Vox, y defendieron tras su aprobación que se trataba de una norma “jurídicamente intachable”. Si la respuesta de los gobiernos autonómicos concernidos sigue siendo negativa a sentarse con el Ejecutivo central, automáticamente se activaría la vía del Tribunal Constitucional con un informe previo del Consejo de Estado.

El informe elaborado por los organismos dependientes de la ONU hace énfasis en el blanqueamiento de la dictadura franquista por no hacer “referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975). En lugar de ello, según se observa, “se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil’, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada ‘Segunda República’ que le antecedió (1931-1939)".

Por otra parte, se advierte que estos proyectos de ley podrían “llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.

Tesis revisionistas

Estas leyes, según sostiene el informe, “podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, toda vez que ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia, pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”.

De no revisarse las leyes de concordia que promueven los gobiernos de PP y Vox, la ONU avisa de que el Gobierno español contravendría la obligación de proteger los derechos humanos. El incumplimiento de estas obligaciones “por parte de tales entidades u autoridades”, se concluye, “está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español y la propia". En este sentido, se insisten en “la obligación del Estado español en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural”. Por ello, se reitera que “esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.

El Gobierno también ha recurrido al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, para promover un debate sobre la derogación de las leyes de memoria democrática y reclamado la elaboración de un informe al respecto. Tras el emitido por la ONU, en Moncloa entienden que se pone de manifiesto “la gravedad de las infracciones constatadas” y acelerará el proceso para frenar las que todavía están en tramitación parlamentaria o recurrir al TC la ya aprobada por Aragón.