El bloqueo en el Congreso aleja la estabilidad de la legislatura y avisa a Sánchez para los Presupuestos

La agenda legislativa del Gobierno sigue sin lograr desplegarse medio año después de la investidura de Pedro Sánchez. A la inestabilidad parlamentaria de un Gobierno en minoría, dependiente del apoyo de todos sus socios de investidura, se ha sumado un largo ciclo electoral entre las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero y las europeas del próximo 9 de junio. El adelanto de las elecciones catalanas ya obligó a prorrogar los Presupuestos, al congelarse las relaciones con ERC y Junts, y la actividad legislativa quedó prácticamente en pausa. El Ejecutivo trató de retomar esta semana la iniciativa y se ha topado de frente con un bloqueo legislativo.

El PSOE se quedó solo el martes en su ley contra el proxenetismo y este jueves ha tenido que retirar la reforma de la ley del suelo para no sufrir el mismo revés. Eran las dos primeras grandes reformas "de consenso" de la legislatura, para las que se contaba con el seguro del PP, pero ni los de Alberto Núñez Feijóo ni tampoco sus socios de coalición ni de investidura han prestado su apoyo. Sin Presupuestos, con el apoyo de los independentistas en el aire a la espera de que redefinan estrategias y liderazgos tras su derrota en las catalanas, y con Sumar pendiente de Podemos para no perder pie en el espacio a la izquierda del PSOE, la gobernabilidad se antoja cada vez más compleja.

Feijóo considera que la retirada de la ley del suelo demuestra que el Gobierno de coalición está "roto"

El rechazo del partido de Yolanda Díaz a la ley del suelo no es baladí, pues se trata de una norma que proviene del Consejo de Ministros y, como lamentaba ayer un ministro del núcleo duro de Pedro Sánchez, “ni Podemos llegó tan lejos” durante la anterior legislatura. Las cuentas públicas, la principal norma que determinará el alcance de la legislatura, tampoco parece que puedan negociarse en tiempo y forma. El Gobierno no retomará estas conversaciones con los independentistas hasta después de resolverse la gobernabilidad en Cataluña y tener claro quienes serán sus interlocutores por parte de los independentistas.

Para la investidura se cuenta con agotar el plazo hasta finales de agosto y ERC ha fijado su congreso para el 30 de noviembre. La intención pasa no dar pasos en falso y evitar la presentación de las cuentas públicas hasta tener la garantía de que no serán tumbadas a través de una enmienda a la totalidad. En el Ejecutivo asumen que por el debate interno en las formaciones independentistas “necesitarán tiempo”. El calendario queda así a expensas de resolverse la gobernabilidad en Cataluña y tantear las posibilidades de acuerdo, pero posiblemente también la agenda legislativa después del aviso de esta semana.

En La Moncloa se confía que tras las europeas será más sencillo buscar apoyos. De hecho, la retirada de la ley del suelo se ha justificado desde el ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez “para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral”. A los populares se les acusa de haber “primado sus intereses electoralistas a una demanda de ayuntamientos y comunidades autónomas, para favorecer el desarrollo de vivienda pública”.

A los socios de coalición desde el PSOE se les reprocha falta de “lealtad”. "Es puro electoralismo", lamentan fuentes de Moncloa para dar por sentado que tras las elecciones europeas volverá a "normalizarse" la relación con sus socios. Eso sí, reconocen que Sumar "mira por el retrovisor" a los morados. En el espacio liderado por la vicepresidenta segunda responden que la norma miraba más a los intereses de la patronal inmobiliaria que al derecho a la vivienda. De ahí que celebren la retirada de una norma, pese a haber pasado por el Consejo de Ministros del que forman parte, como "una victoria de izquierda".

Los socios parlamentarios, por su parte, concluyen que lo ocurrido es un aviso al Ejecutivo tanto para no mirar a la derecha como para cuidar sus apoyos. “Hay que cuidar esta mayoría tan diversa y plural, de lo contrario el resultado es el bloqueo y la suma cero”, avisaba esta mañana en los pasillos del Congreso el coportavoz de Bildu, Oskar Matute. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, se jactó del "baño de realidad" que habría sufrido el Gobierno para recordar que "no tiene mayoría ni en Madrid ni en Cataluña".

Pinza entre izquierda y derecha

El PP ha demostrado esta semana que no saldrá al rescate del Ejecutivo y priorizará esta estrategia de oposición implacable a su coherencia ideológica. Los populares sí apoyaron en la pasada legislatura tramitar la misma ley contra el proxenetismo que ahora han rechazado. La ley del suelo, por su parte, es una iniciativa que cuenta con el respaldo de la patronal y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), un organismo que precisamente controlan los populares, y el texto es muy similar al impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de perder la moción de censura en 2018. Los socialistas aseguran que la norma estaba pactada con los populares, pero que "les puede su obsesión por desgastar al Gobierno".

La pinza de los socios y el PP en normas pensadas "para generar un amplio consenso" aleja la posibilidad de sacar adelante las otras grandes leyes pendientes en este primer tramo de la legislatura y siembra dudas sobre las reformas comprometidas con Bruselas de las que dependen los fondos europeos. El Ejecutivo está ultimando la reforma de la ley de extranjería, pero nuevamente sin garantías de apoyo por parte del PP.

Reformas pendientes

La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería es uno de los principales retos del Gobierno que en Moncloa califican como una “modificación histórica”. El Ejecutivo aspira a implantar un reparto obligatorio a las comunidades autónomas de los migrantes menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias. Se trata de un compromiso adquirido en el acuerdo de investidura con Coalición Canaria.

El Ejecutivo necesita un acuerdo previo con el PP antes de llevar la norma a las Cortes tanto por su trascendencia como por la necesidad de evitar su bloqueo por parte de las comunidades autonómicas presididas mayoritariamente por los populares. El marco competencial autonómico dificulta el encaje, pero sobre todo se quiere buscar un consenso previo para evitar recursos de inconstitucionalidad de los gobiernos regionales de PP y Vox. Precisamente, la presencia de la formación de Santiago Abascal en varios ejecutivos autonómicos es la principal dificultad para sacarla adelante.

Plan anual normativo

La sequía legislativa, más allá de la ley de amnistía y un paquete de decretos a principios de año con una votación agónica, se impone sin visos por el momento de superar esta situación. Todo ello, a pesar de que el Gobierno diseñó un primer plan anual normativo con muchas menos iniciativas y más moderadas para buscar una mayor transversalidad. Frente a la hiperactividad legislativa de otros ejercicios, el Gobierno limitó los riesgos en su primer plan anual de la legislatura con ocho reales decretos ley y seis leyes orgánicas.

En 2022, el último año completo de la anterior legislatura, las leyes orgánicas ascendieron a once y los reales decretos-ley a una veintena. Pese a los equilibrios entre los socios de investidura más progresistas (ERC, EH Bildu y BNG) y los más conservadores (Junts, PNV y CC) y la mirada al PP en grandes reformas, la gobernabilidad sigue sin asegurarse.