El juez busca apoyos en Anticorrupción para frenar la entrega del caso Koldo a la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea ha tomado la decisión de hacerse cargo de todo el caso Koldo, sumando los contratos firmados por diferentes organismos de los ministerios de Transportes e Interior a las pesquisas que ya llevaban a cabo en el órgano con sede en Luxemburgo con respecto de la compra de mascarillas en Baleares y Canarias. Pero ni el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ni los fiscales españoles que trabajan en el caso parecen estar de acuerdo.

Fuentes jurídicas y fiscales señalan a Fuentes jurídicas y fiscales señalan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, que el asunto acabará previsiblemente en manos del Tribunal Supremo, que es el competente para dirimir este tipo de diferencias.

Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 tiene previsto pedir a la Fiscalía Anticorrupción un informe, que aunque no es vinculante, le servirá para armarse de razones en el caso de acudir al alto tribunal. Fuentes fiscales señalan a este diario que Anticorrupción es muy celosa de sus competencias y estaría en contra de ceder la parte de la investigación que ahora controla en nuestro país, lo que aventura que su respuesta al juez irá en este sentido.

Según las fuentes consultadas, el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se encuentra actualmente en una posición contraria a ceder toda la competencia en relación con este , mientras que el fiscal europeo delegado en España, Ignacio de Lucas, cree que todos los contratos de la trama están vinculados de forma indisoluble y la causa no se puede partir. 

Misma empresa en poco tiempo

Técnicamente, la Fiscalía Europea ya ha tomado la decisión de asumir esta investigación judicial, con el fin de analizar la afectación a fondos europeos del pelotazo de Soluciones de Gestión por un monto total de 54 millones de euros. Se trata de investigar todos los contratos adjudicados por las distintas autoridades públicas a la misma empresa en un breve período de tiempo.

El trámite es el que regula artículo 19 de la ley de la Fiscalía Europea, que dice expresamente que cuando la Fiscalía o un órgano judicial hayan iniciado una investigación por hechos cuya competencia podría ser ejercida por los Fiscales europeos delegados, estos deben ponerlo en conocimiento de estos últimos, a efectos de permitir "el ejercicio del derecho de avocación". Se añade que "deberán abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo".

Si el órgano europeo ejercita este derecho de avocación, "las autoridades nacionales que estuvieran investigando estarán obligadas a remitir las actuaciones, absteniéndose de conocer, sin perjuicio de la realización de las medidas urgentes necesarias para asegurar la investigación". Además, no se producirá la retroacción de actuaciones, salvo en lo que resulte indispensable para la continuación de la investigación.

Quejas por ocultar información

En este asunto, y según informó en su día este diario, la Fiscalía Europea incluyó en uno de sus decretos serios reproches la Fiscalía Anticorrupción por no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades cometidas en determinados contratos de la trama Koldo.

En concreto, por supuestas irregularidades en los fondos europeos que no fueron detectadas hasta que no se hicieron públicas las noticias de varios medios de comunicación con las sospechas "que afectaban a los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud y el Servicio de Salud de Islas Baleares". La falta de información suministrada por Anticorrupción, proseguía el decreto, obligó al organismo con sede en Luxemburgo a llevar a cabo una calificación inicial sin conocer todos los datos disponibles en el departamento dirigido por Alejandro Luzón.

En dicho desencuentro puede situarse el conflicto que previsiblemente se planteará ahora ante el Tribunal Supremo. De hecho , la Fiscalía Europea aseguró que tuvo conocimiento de uno de los contratos que investigaba el juez Moreno "había sido cofinanciado con fondos europeos" gracias a la información entregada por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Conflicto con el hermano de Ayuso.

Según los últimos datos dados a conocer, relativos a 2023, la Fiscalía Europea mantiene en España un total de 47 investigaciones en curso que afectarían un total de 321 millones de euros procedentes de fondos europeos y que podrían haber sido objeto de una gestión o gasto irregular. Los desencuentros, sin embargo, parecen limitarse a los casos más mediáticos.

En marzo de 2022 el conflicto orbitó en torno al contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia, una adjudicación al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

En dicha ocasión no estaba implicado ningún juzgado --el asunto se mantenía en una fase preprocesal-- pero los desencuentros entre Anticorrupción y la fiscal delegada entonces, Concepción Sabadell, derivaron en la celebración de una Junta de Fiscales de Sala -- siendo Dolores Delgado fiscal general del Estado-- en la que se impuso el criterio de Luzón y el caso se partió el caso en dos: Anticorrupción siguió con la investigación en España, si bien no pudo prohibir que la Fiscalía Europea siguiera adelante con el expediente abierto sobre una posible malversación de fondos comunitarios. Ambos terminaron archivándose.

En cuanto a conflictos que han llegado al Supremo, existen dos precedentes, en uno de ellos, del que informó en su día esta redacción, se resolvió respecto de la reclamación de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe (Madrid) por el uso irregular de más de 100.000 euros en ayudas europeas. En el segundo caso también fueron los fiscales europeos los que se llevaron el gato al agua, falta conocer qué ocurrirá en el caso Koldo.