La imaginativa solución de Guilarte para desbloquear el CGPJ: un sorteo en una lista menguante de jueces

La renovación del Consejo General del Poder Judicial se encuentra en un callejón sin salida tras el fracaso de la vía Europea -pendiente ahora de que pueda retomarse si Didier Reynders vuelve a ser Comisario de Justicia- y el rechazo por parte del PSOE de la propuesta de sus socios para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los vocales. 

Mientras tanto, el órgano se acerca semana tras semana a la fecha en la que cumplirá un total de seis años con todos sus miembros fuera de mandato y el único plan b frente a la falta de acuerdo político parece ser el Plan Guilarte. La idea tiene el nombre del presidente suplente del Consejo que lo propone, y que ha sumado en los últimos días una nueva propuesta: sortear los puestos a sillón de vocal ente el Consejo entre la lista de candidatos que en su día se remitió al Congreso al Senado para que entre ellos se eligiera a doce nuevos vocales de origen judicial. 

El sorteo, de aceptarse esta idea del presidente Vicente Guilarte, -basada en una propuesta de la Fundación Hay Derecho- nacería ya con un hándicap, puesto que desde que en 27 de diciembre de 2018 el dimitido Carlos Lesmes remitió a las Cortes el listado de candidatos -que suma propuestas de las asociaciones y a los jueces sin asociar que han conseguido aval de sus compañeros-, se han producido ya 11 bajas, señalan a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Y es que el tiempo no pasa en balde, y muchos de quienes hace seis años apostaban por representar a sus compañeros en el Consejo ven como esta eterna espera frustra sus expectativas laborares, por lo que optan por renunciar, mientras que otros han alcanzado ya otras metas profesionales en diferentes organismos o simplemente se han jubilado. Entre las bajas se cuenta además con un fallecimiento, el de magistrado Cesar García Otero, que se presentaba en la lista de independientes.

Progresistas en el aire

Del total de bajas hay que tener en cuenta las especiales circunstancias que rodean a dos de los candidatos propuestos por la asociación de corte progresista Juezas y Jueces para la democracia. La primera es la que fuera hasta el inicio de la reciente legislatura delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que renunció a ser candidata, pero hace unos meses pidió volver a estar disponible, tras renunciar a la política. La decisión al respecto depende de las Cortes, que aún no se han pronunciado.

Otro candidato progresista en el aire es Ignacio Espinosa , de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y también posible candidato por la cuota de Podemos, dado que se jubila en agosto de 2025. Por ello desde el propio Consejo le incluyen entre los que de facto se han caído ya de la lista.

La iniciativa del sorteo entre los 38 candidatos a vocal que quedan aún vivos, que no ha sido aún valorada por ningún partido, o asociación judicial, fue lanzada en un acto público el pasado día 28 por Guilarte, que este lunes incide en la misma idea en un artículo publicado en El País.

Recoge una idea defendida por la Fundación Hay Derecho, como vía de urgencia y un poco a la desesperada, puesto que supone apartarse del procedimiento que regula tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar el órgano. 

Sería una solución de carácter transitorio que además tendría que contar con el compromiso previo de aceptación por parte de los partidos de los vocales resultantes de esta especie de rifa, que únicamente afectaría a los doce vocales de origen judicial. Para los ocho restantes, que tienen que elegir igualmente las Cortes entre juristas de reconocido prestigio, se precisaría igualmente un acuerdo político.

El sorteo del que se habla ahora completaría el denominado Plan Guilarte que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a estudiar públicamente, cuando fue preguntado por ello en una de las entrevistas que concedió tras su retiro de reflexión de cinco días. Según este plan serían los propios jueces, sin mediar la intervención del Consejo del Poder Judicial, quienes eligieran a quienes deben ocupar puestos clave como son las presidencias de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o integren las salas del Tribunal Supremo, que de este modo "quedarían sustraídas a la aleatoriedad de su designación por el Consejo". Cree que sin este interés en las designaciones, será menor el interés de los partidos por controlar a los vocales, lo que ayudará a despejar el acuerdo.

Candidatos fuera de sorteo

En cuanto a los que entrarían en el sorteo para ser vocales, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de sensibilidad conservadora, presentó doce candidatos de los que uno se retiró en noviembre de 2018, Luis Rodríguez Vega, magistrado de la Audiencia de Barcelona. Recientemente, también ha renunciado Juan Ángel Moreno García, de la Audiencia Provincial de Madrid. Continúan aspirando el resto, entre los que destaca el juez sustituto en la Audiencia Nacional Alejando Abascal, que ha instruido parte del 'caso Púnica' e inició la investigación de la trama 'Lezo', y al que se considera cercano al PP.

La segunda asociación por número de afiliados, la Francisco de Vitoria, no ha registrado ninguna baja entre sus seis aspirantes, que lograron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España después de que incluso el Tribunal Constitucional ignorara sus quejas por la paralización de la renovación del CGPJ en las Cortes.

Aseguran que la falta de acuerdo político por lo que ya son años afecta a sus planes laborales y personales de los candidatos, si bien tras el fallo de Europa nada ha cambiado y tampoco el órgano de garantías ha movido ficha para ver el fondo de su reclamación. Entre ellos se encuentra la juez María Tardón, actualmente juez instructora en la Audiencia Nacional y que fue teniente de alcalde y concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid que dirigía José María Álvarez del Manzano y entre 1999 y 2003. 

En cuanto a los que fueron tras reunir avales de sus compañeros, han renunciado la magistrada del Supremo Inés Huerta y la actual miembro del Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán, dos importantes bajas de la lista para el sorteo por parte de los independientes a las que se suma Diego Íñiguez, que fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas y la jubilación de Jesús María Calderón.