La mano derecha de Puigdemont pide al juez García Castellón que aplique la amnistía a Tsunami Democràtic

El historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha preferido no agotar el plazo de 10 días que concedió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía a la causa de Tsunami Democràtic y le ha reclamado que acuerde su sobreseimiento libre, como prevé la norma que entró en vigor la semana pasada, para quedar exento de cualquier responsabilidad penal.

En un escrito de 12 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Alay, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, argumenta que los delitos de terrorismo que se imputan en la causa son inexistentes, pero en cualquier caso estarían fuera de los declarados exentos por la propia ley de amnistía, pese al fallecimiento del ciudadano francés, que sufrió un infarto durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat-Barcelona.

En este sentido argumenta que faltaría el requisito previsto en la propia ley de amnistía para dejar fuera los casos en que se hubiera producido una muerte, porque exige intencionalidad. "Cualquier otra interpretación conlleva un retorcimiento de la norma y un forzamiento de la voluntad del legislador", asegura el escrito para forzar la aplicación de la medida de gracia.

"Mucho se ha especulado y abusado respecto de un suceso luctuoso acaecido el día de la manifestación de Tsunami. Sin embargo, se mire por donde se mire, dicho hecho, que no guarda relación alguna con la manifestación, no puede ser calificado de intencionado", asegura el escrito, que añade que se trató de una muerte "fortuita y jamás intencionada" no relacionada con las manifestaciones de Tsunami Democràtic.

Añade que las manifestaciones organizadas por la plataforma Tsunami Democràtic en ningún caso pueden verse como "actos que puedan ser calificados como violaciones de los derechos reconocidos en el artículo 3 del Convenio, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes", que son los únicos que quedan excluidos de la amnistía. "En definitiva, en el caso que nos ocupa, es evidente que no estamos ante la vulneración de ninguno de estos dos preceptos", señala el escrito. 

"Estamos ante unos hechos que no pasan de ser el ejercicio legítimo del derecho de manifestación, por muy amplias y concurridas que hayan sido esas manifestaciones", por lo que procede aplicar la ley que entró en vigor la semana pasada y "declarar amnistiados los hechos por los que se investigaba" a Alay, cuyo estado de salud impidió al magistrado citarle a declarar por videoconferencia, diligencia a la que solo se presentó en los juzgados de Barcelona la dirigente de ERC Marta Molina.

"Pretender algo distinto, sobre hechos que son públicos y notorios, no es más que la criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales y contraviene directamente lo establecido por el Consejo de Europa" respecto al pueblo Kurdo en 2021, asegura el escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6.

En su respuesta al juez Manuel García Castellón las autoridades suizas niegan que los hechos investigados en Tsunami Democràtic puedan ser considerados terrorismo, según la legislación helvética, con independencia de las resoluciones del Tribunal Supremo español, en relación con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Este mismo martes el líder de Junts ha pedido personarse en la causa abierta en el alto tribunal, después de que gendarmes franceses le comunicaran su imputación.