El juez irrumpe en las negociaciones de la amnistía al implicar a Carles Puigdemont en Tsunami Democràtic

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha irrumpido en plenas negociaciones de la amnistía entre el PSOE y Junts al implicar por primera vez al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en la investigación que tiene abierta desde 2019 por Tsunami Democràtic. Como es aforado ante el Tribunal Supremo solo el alto tribunal, tras recibir una exposición razonada instándole a hacerlo por parte del magistrado, puede cursar el correspondiente suplicatorio al Parlamento Europeo para proceder a imputarle. Por ello a la que sí ha imputado directamente el magistrado es a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a las personas a las que la Guardia Civil situaba en la cúpula de la plataforma desde la que se coordinó la protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas por el 1-O.

A diferencia de Rovira y de las otras personas a la que el juez imputa por terrorismo, en su modalidad de subvertir el orden constitucional, para imputar al expresidente catalán debe elevar una exposición al Supremo y que este vea conveniente mandar un suplicatorio al Parlamento Europeo. El auto se limita por eso a darle la oportunidad de presentarse voluntariamente en la Audiencia Nacional para aclarar su responsabilidad en los hechos que le atribuye, algo que con la trayectoría del expresident, huido de España en el otoño de 2017, se presume harto improbable.

En medio de las negociaciones, Puigdemont tampoco ha perdido la oportunidad de denunciar ser víctima del 'lawfare' (persecución judicial contra enemigos políticos) que esgrime estos días, a través de X, antes Twitter: “¡A por ellos!”, por no perder la costumbre. Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla".

En una situación similar a la del expresident se encuentra el diputado de ERC Rubén Wagensberg, que como tal es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por lo que tampoco puede ser investigado por el juez de la Audiencia Nacional y menos sin cursarse antes un suplicatorio al Parlament. El juez, como a Puigdemont, le da la opción de declarar voluntariamente. Su partido también ha criticado la decisión del juez; la considera "la reacción previsible y antidemocrática de los poderes reaccionarios del Estado" contra la ley de amnistía. Argumenta que es la prueba de "calidad" del pacto de investidura alcanzado con el PSOE. "Cuando Catalunya avanza políticamente, los poderes del Estado despliegan todos sus tentáculos para sabotear los acuerdos democráticos", dicen en un comunicado, informa Quim Bertomeu.

La fiscalía recurrirá la resolución porque considera que, tras la derogación de la sedición, los hechos atribuidos a Tsunami Democràtic son constituticos de desórdenes públicos, no de terrorismo, por lo que deben ser investigados en los juzgados de Barcelona, no en la Audiencia Nacional. El ministerio público ya trabajaba en esta línea en junio, como adelantó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, pero cuatro meses después aún no ha presentado su informe definitivo.

Los que sí están formalmente imputados en la causa son las personas que aparecían mencionadas en el informe con el que el Instituto Armado daba por concluidas sus pesquisas sobre la financiación y organización de Tsunami Democràtic. Entre ellas, pero en un plano menor, estaba el historiador Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont y nexo por el que el juez llega hasta el dirigente de Junts. En la misma situación se encontraba Nicola Flavio Giulio, que se dirigió a Alay para donar dinero a Tsunami. Coincidiendo con el instituto armado, el juez imputa a Marta Rovira, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani, Oleguer Serra.

Otegi, de testigo

García-Castellón acuerda citar como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, según explica en su resolución, para esclarecer la reunión que mantuvieron en Ginebra a finales de agosto del 19 y así concretar la asistencia y participación de cada uno en la planificación y aparición de la organización. También la de la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, porque también asistió a la reunión de Ginebra.

La resolución considera "imprescindible" escuchar a Puigdemont y precisa que “su citación, en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”.

Se trata, argumenta, de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente, a la vista del análisis de la agenda de Alay, que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra entre el 29 y el 31 de agosto de 2019, donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic. Su nombre, añade, aparece en un mensaje que figura en el dispositivo de Alay enviado por Jesús Rodríguez: "El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia". En otra comunicación que mantiene con Alay habla del “grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democratic", y afirma que las decisiones y dudas que son consultadas con Puigdemont.

El magistrado cita más conversaciones en las que aparece el expresidente, como una en la que se le atribuye decir que se intentará que el Gobierno "se ponga las pilas”, y Campmajó responde: “President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado…"

La plataforma

El juez señala en su resolución que Tsunami fue "una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

Su intención era "la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España". En concreto, se le atribuye: el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado como el del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el intento de bloqueo de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà o el intento de bloqueo del Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez-Barajas. También le atribuye la huelga general de 18 de octubre de 2019, el intento de afectación del proceso de Elecciones Generales de noviembre o las acciones cometidas a propósito del clásico del FC Barcelona y el Real Madrid FC en diciembre del 19.

El magistrado, que pide que se localice a los perjudicados, así como a los familiares del fallecido durante el bloqueo del aeropuerto del Prat, para ofrecerles personarse en la causa, señala que los hechos investigados pueden tener la consideración de actos de terrorismo. Señala que también podrían ser desórdenes públicos terroristas, pero precisa que no se puede considerar grupo terrorista a la plataforma.