El PSOE se opone al Supremo y confía en que su revés a la amnistía no influya en "nada" sobre Junts y ERC

El PSOE ha dejado claro este lunes que discrepa del revés del Supremo a la ley de amnistía, después de que los magistrados de la Sala de lo Penal hayan rechazado aplicar la medida de gracia a los dirigentes independentistas, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que han sido condenados o están procesados por malversación. Oponiéndose a la tesis del alto tribunal, una reacción poco habitual en el partido, los socialistas muestran su "discrepancia". Al mismo tiempo, esperan que el movimiento judicial no contribuya a alejar a ERC y Junts en un momento especialmente sensible. 

Desde la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, la portavoz, Esther Peña, ha rechazado en varias ocasiones entrar en el fondo de una decisión judicial que, ha explicado, no conoce “en profundidad” porque se acababa de difundir cuando ella ha comenzado la comparecencia. Pero la dirigente socialista sí ha anticipado que el auto del alto tribunal no debería influir en “nada” sobre la relación que republicanos y posconvergentes mantienen con el Gobierno central, el PSOE y el PSC. “Son procesos diferenciados”, ha dicho. 

El Supremo no aplica la amnistía a la malversación y mantiene la orden de detención de Puigdemont

Se trata más de un deseo que de una constatación. La amnistía fue la piedra sobre la que Pedro Sánchez construyó su investidura, garantizándose el apoyo de Junts y ERC a cambio de la norma que pretende dar carpetazo a los procedimientos contra el procés, así que el flanco judicial y el político siempre han estado relacionados.

Justo después, fuentes de la dirección del partido han ido mucho más allá. "Mostramos, como siempre, nuestro respeto a las resoluciones judiciales, aunque discrepemos con argumentos de la decisión acordada hoy. No entraremos a valorar las consideraciones políticas que ha hecho Supremo, sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas", han explicado los socialistas, argumentando que la medida de gracia debe aplicarse a la malversación.

"Sobre el contenido de las resoluciones, conviene recordar el clarísimo artículo 1.4 de la ley de amnistía: 'No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados a) y b) cuando, independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial'. Y también procede recordar que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE", han continuado las mismas fuentes, que también consideran que el auto contiene una "buena noticia": "Que no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE", porque el Supremo "no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE".

“Tenemos que respetar los procesos judiciales. Pero la voluntad es firme. Hemos hecho una ley de amnistía para generar una ruta de reencuentro, de superación de viejos conflictos. Vamos a hacer una apuesta importante por la convivencia como una de las bases para desarrollar Catalunya y España. Hemos generado una ley para superar disputas pasadas. Nunca dijimos que el proceso iba a ser corto y fácil”, ha señalado por su parte Jordi Hereu, ministro de Industria y exalcalde de Barcelona, transmitiendo así la tesis que siempre ha defendido el Gobierno: todos los delitos asociados al procés deben ser amnistiados gracias a la ley.   

Los efectos sobre Puigdemont y Junqueras

Con su auto, el Supremo toma dos decisiones que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Por un lado, rechaza levantar la orden de detención que pesa sobre el expresident de la Generalitat, complicando así su vuelta a Catalunya. Por otro, mantiene la inhabilitación del exlíder de ERC para ostentar cargos públicos hasta 2031.

El movimiento del alto tribunal, contrario a la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, llega en un momento especialmente delicado para los socialistas. En Catalunya, el PSC necesita a ERC para lograr la investidura de Salvador Illa, con Junts disputándose este hipotético apoyo a pesar de que en el nuevo Parlament, salido de las elecciones del pasado 12 de mayo, no hay mayoría independentista. Y en Madrid, el Gobierno ha comenzado los trabajos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto que no puede salir adelante sin los votos de republicanos y posconvergentes, que suman cada uno siete escaños en el Congreso de los Diputados. De momento, el PSOE cruza los dedos y espera.