La trama recurrió a Koldo tras negarse Canarias a pagar por mascarillas no aptas: "Parece difícil de creer"

Los integrantes de la trama que logró contratos del Gobierno de Pedro Sánchez por 53 millones para comprar mascarillas en plena pandemia recurrieron a Koldo García Izaguirre, el asesor del Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras negarse el Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres --ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática-- a pagar por 2 millones de mascarillas que no cumplían la normativa, según se desprende del contenido de diferentes correos electrónicos interceptados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso este periódico.

Estos mensajes comienzan el 22 de julio de 2020 a las 11:39 horas, cuando el Gobierno canario se niega a abonar los tapabocas suministrados por la trama. El investigado Íñigo Rotaetxe, desde su correo electrónico de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL --que fue la que obtuvo los contratos millonarios de Transportes-- escribió al asesor del ministro para trasladarle la reclamación que había realizado a la trama el Ejecutivo canario: "Buenas noches Koldo, te remito la comunicación que hemos recibido esta tarde de la señora Pérez [de la] D.G. de Recursos Económicos de SCS [Servicio Canario de Salud] sobre el estado de los 2 contratos de suministros".

En concreto, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud informaba a este directivo de Soluciones de Gestión SL de que en los dos pedidos de mascarillas, de 2.750.000 y 2.000.000 de unidades, solo 991.200 mascarillas eran aptas. Ambos tenían un importe de 6.875.000 y 5.000.000 euros, respectivamente, lo que suponía un total de 11.875.000 euros. El resto, 2.275.000 mascarillas, no eran aptas porque no cumplían el nivel de filtración exigido para que su uso protegiera a los sanitarios; es decir, no llegaban a ser FFP2.

De hecho, el Gobierno canario aseguraba que todos los tapabocas del segundo pedido, que eran 2.000.160, no estaban validadas para su uso. Por eso, el Gobierno canario comunicó a Rotaetxe que le había abonado 2.805.000 y 1.970.500 euros, pero que el resto quedaba "condicionado al resultado" de unas pruebas. La sanidad pública canaria envió muestras al Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que certificó las sospechas.

"Nos parece muy grave"

Por esta negativa, Rotaetxe traslada a Koldo García Izaguire su malestar con la Comunidad entonces gobernada por Ángel Víctor Torres: "Nos parece muy grave que hemos recibido noticia hoy, que todo el segundo pedido había sido considerado no apto, 2 meses después de la última entrega, lo que genera graves perjuicios para esta empresa, que es una PYME", explica este directivo de Soluciones de Gestión, una empresa que según la investigación desarrollada por la UCO y por la Fiscalía Anticorrupción era propiedad de los comisionistas de las mascarillas Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama.

En el email, Rotaetxe explica a Koldo García Izaguirre que había mantenido una conversación al respecto con Ángel Víctor Torres: "En un correo posterior te enviaré la comunicación que me pidió hoy el Exmo. Presidente que he enviado por indicación suya a Antonio Olivera", quien entonces era director del Servicio Canario de Salud, y que ahora es el jefe de gabinete del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, recuerda al asesor de Ábalos que cuando hay una incidencia "se debe comunicar a la mayor urgencia, de otra forma no se trata de una incidencia y se estima aceptando el pedido".

Unos minutos después Rotaetxe envía un nuevo mensaje a Koldo García Izaguirre, en el que vuelve a aludir a su conversación con Ángel Víctor Torres: "Estimado Koldo. Este es el certificado remitido hoy por petición telefónica del Exmo. Presidente a don Antonio Olivera, donde se indica en el documento anexo los certificados informes de ensayo de todas las mascarillas consideradas no aptas. Indica hoy la Sra. Pérez que remite a INSS las muestras de las mascarillas, 2 y 3 meses después de detectada la incidencia. Parece difí­cil de creer. Atentamente, Iñigo Rotaetxe", dice de forma literal el email.

Un 66% más baratas

Según informó la agencia Efe, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió 837.800 mascarillas de la empresa del caso Koldo en abril de 2020 que sus hospitales descubrieron que no tenían el nivel de seguridad encargado (FFP2) y que no aceptó hasta noviembre, cuando se certificó que al menos eran FFP1 y la empresa ofreció cobrarlas un 66% más baratas, al precio de quirúrgicas.

Sin embargo, el informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), que llegó en septiembre de 2020, ofreció una salida a la que se acogió la empresa implicada en el suministro: las mascarillas no eran FFP2 (lo que exige filtrar el 94 % de las partículas presentes de aire inhalado), pero estaban por encima de un nivel de filtrado FFP1 (78 % de las partículas).

La empresa de la trama Soluciones de Gestión SL ofreció al Servicio Canario de Salud venderle esas mascarillas al precio que tenían las quirúrgicas en abril, cuando se hizo el encargo: 0,845 euros por unidad; o lo que es lo mismo 707.5718 por el lote completo de esas 837.800 piezas. Su propuesta contenía un segundo apartado: suministrar además 555.000 mascarillas FFP2 de un modelo ya contrastado al precio pactado al inicio, 2,50 euros la unidad (1,38 millones, en total).

Dos opciones

El Gobierno de Canarias tenía en ese momento dos opciones: resolver el contrato con la empresa o aceptar su oferta de compensación, opción última que fue la elegida. En un documento firmado el 3 de noviembre de 2020, el entonces director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, explica el motivo de esa elección: en ese momento, alega, los hospitales públicos de las islas consumían 510.828 mascarillas quirúrgicas y FFP2 a la semana y seguían tendiendo necesidad de aprovisionarse.

"Valorando los tiempos de entrega de un nuevo pedido, así como la disponibilidad inmediata de contar con dicho material, esta dirección acepta como compensación y resarcimiento de la situación generada, ajena a esta administración", dice Domínguez en ese documento. Pero se fijó una cautela: el importe total en el que se quedaba la factura, 2.095.018 euros solo se abonaría cuando se entregasen las 555.000 mascarillas FPP2 y ese lote fuera inspeccionado para comprobar que respondían al estándar de seguridad exigido.

Fondos Europeos

Ya en 2021, en los documentos de ese expediente aparecen no solo los logotipos del Servicio Canario de Salud (SCS) y del Gobierno de Canarias, sino también la bandera de la Unión Europea, porque el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres decidió aprovechar la oportunidad legal que se abrió a las autonomías de cofinanciar esos gastos extraordinarios en material sanitario con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es este detalle, el empleo de fondos comunitarios, el que ha habilitado a la Fiscalía Europea a asumir la investigación de esos expedientes para verificar si el dinero de la UE empleado en pagar esos lotes se empleó correctamente o si fue malversado.

Conrado Domínguez dimitió de su cargo el 3 de noviembre de 2022 al verse imputado en el primer 'caso Mascarillas' de Canarias, la presunta estafa cometida por una empresa a la que se pagaron cuatro millones de euros por adelantado por una partida de cubrebocas que nunca entregó. Ese caso también está en manos de la Fiscalía Europea, completa la Agencia Efe.