Sumar solo logra pactar con el PSOE la modificación de un artículo de la ley mordaza

A primera hora de este martes, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con el PSOE para la "derogación" de la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigor hace nueve años, comúnmente conocida como ley mordaza. Una medida incluida en el programa de la coalición y que en la pasada legislatura se frustró por el rechazo de ERC y EH Bildu, al no aceptar los socialistas sus propuestas para prohibir el uso de pelotas de goma o las devoluciones en caliente de inmigrantes. Sin embargo, el coportavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha puntualizado después que el acuerdo solo incluye la reforma de un artículo, el relativo a las sanciones a periodistas, y, por otro lado, la supresión en el Código Penal de los delitos de injurias a la Corona, a las altas instituciones del Estado y las ofensas a los sentimientos religiosos. El ala socialista del Ejecutivo ha enfriado aún más el alcance de lo acordado, limitándolo al compromiso de "revisar" estas cuestiones.

Un día antes de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para presentar su plan de regeneración democrática, con un primer paquete centrado en los medios de comunicación, Díaz ha anunciado un acuerdo con su socio de Gobierno para acabar con la ley mordaza. Desde Sumar, como ya adelantó El Periódico de España, vienen presionando dentro de la coalición para acelerar la derogación de esta norma. De hecho, fue uno de los asuntos que llevaron a la mesa de seguimiento de la coalición con el PSOE.

No obstante, Santiago ha matizado que el acuerdo se circunscribe a aquellos aspectos que "afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas". En concreto, acabar con las sanciones establecidas en el artículo 36 de la ley y que afectan a los periodistas "en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial". El nuevo texto pactado es el mismo que ya se consensuó en una negociación anterior. Fuentes del ala socialista del Gobierno aseguran que no hay una redacción nueva ya cerrada y que el compromiso es "revisar" este precepto.

Reforma insuficiente

Hace poco más de un año, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos alcanzó un acuerdo bastante amplio para reformar gran parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero la negativa de los socialistas a tocar algunos aspectos llevó a ERC y EH Bildu a votar en contra. Ahora, Santiago ha admitido que es necesario que cualquier pacto que suponga una reforma en profundidad de la ley mordaza debe "alcanzar al máximo de fuerzas políticas y democráticas". Así, ha apuntado que hay una "buena sintonía" para que se pueda seguir avanzando en las negociaciones sobre la base que se cerró en 2023.  

Los cambios que se pactaron entonces afectaban a 36 artículos. Entre ellos, se reducía el tiempo de identificación en comisaría de seis a dos horas; se reforzaban los criterios objetivos para realizar registros corporales; se garantizaba el derecho a manifestación sin comunicación previa siempre que fuera pacífica; se rebajaban las sanciones por consumo de cannabis u otras sustancias; se eliminaban las sanciones por la toma o difusión de imágenes de las actuaciones de los agentes; e, incluso, se establecía una reducción de la cuantía de las multas en función de la capacidad económica.

Sin embargo, hubo cuatro asuntos claves en los que el PSOE se cerró en banda y que llevaron a ERC y a EH Bildu a votar en contra y tumbar todos los avances: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y, por último, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Ahora, fuentes de ambas formaciones critican que no se les haya avisado del nuevo pacto y que se hayan tenido que enterar por los medios.

Otros acuerdos

La otra parte del acuerdo, también adelantada por Díaz y que ha sido explicada después por Santiago, es la derogación de varios artículos del Código Penal que, primero, Unidas Podemos y, después, Sumar llevan años reclamando. El pacto con el PSOE es suprimir cuatro artículos: el 491 y un apartado del 490 que hacen referencia a las calumnias e injurias contra la Corona; el artículo 525 que recoge los delitos contra los sentimientos religiosos; y el 504 que alude a las calumnias, injurias o amenazas contra el Gobierno, el Ejército y otras instituciones del Estado. Nuevamente, fuentes socialistas matizan que se revisarán estos delitos, pero no dan por hecha su derogación.

En declaraciones a los medios en Bruselas, Díaz también ha dicho que en la comparecencia de este miércoles, Sánchez va a anunciar "una ley que va a impedir que quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública". El jefe del Ejecutivo dará a conocer un primer paquete centrado en los medios de comunicación, principalmente para aplicar el reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación. Para ello está previsto reformar la ley de publicidad institucional y las del derecho al honor y la rectificación.

Medios de comunicación

El Gobierno busca retomar la iniciativa tras el largo semestre electoral y abrir mesas de negociación con sus socios al margen de los Presupuestos, sin garantías por el momento a la espera del proceso de investidura en Cataluña. La financiación de los medios de comunicación y su “transparencia”, obligando a dar a conocer a sus propietarios y accionistas, son dos de los pilares que guiarán las reformas previstas.

La reforma de la ley de publicidad institucional afectará a todas las administraciones y obligará a hacer públicos los recursos que destinan a los medios de comunicación. Una información que en estos momentos ni siquiera hace pública el propio Gobierno de forma sistematizada y ocultando el gasto de las empresas públicas en publicidad institucional.

La norma comunitaria señala que debe hacerse público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”. El propio jefe del Ejecutivo ha acusado en las últimas semanas a los gobiernos de coalición de PP y Vox de financiar a “pseudomedios” dedicados a “propagar bulos” y ha puesto el foco en el “dinero que hay detrás de la máquina del fango”.