Sánchez justifica su plan de medios con Bruselas y anuncia 100 millones en subvenciones para digitalización

Pedro Sánchez ha cubierto su plan de regeneración democrática con el manto de la Comisión Europea y la Constitución. El presidente del Gobierno ha justificado así las medidas de este primer paquete, centradas principalmente luchar contra la difusión de “bulos” y los “pseudomedios”, en el desarrollo del reglamento europeo sobre libertad de medios de comunicación y en el artículo 20 de la Constitución. Para limar las críticas de la oposición sobre intervencionismo, Sánchez ha remarcado durante su comparecencia en el Congreso este miércoles que dicho reglamento fue aprobado por el PP en Bruselas y citó varios de sus artículos para ironizar sobre su carácter “revolucionario”.

“No es la función del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre unos medios y otros, pero sí desarrollar lo acordado en Europa”, tranquilizó. Por otra parte, el plan estará acompañado de un paquete de 100 millones de euros de ayudas "a la digitalización" de los medios de comunicación.

Su aplicación para ahondar en la transparencia, obligando a dar cuenta de los propietarios y accionistas, y limitar la financiación pública a “pseudomedios” se desarrollará mediante una reforma de la ley de publicidad institucional y la CNMC tendría más funciones de control. “Debemos limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores” y “asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes”, defendió el jefe del Ejecutivo apelando en todo momento al respaldo de Bruselas y el “sentido común”.

Más allá de la aplicación de este reglamento europeo, Sánchez ha puesto sobre la mesa su intención de reformar la ley electoral para regular los debates entre candidatos en campaña y la difusión de encuestas por parte de los medios de comunicación. Esto es, para establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación y que las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados. Una reforma que “depende de los grupos parlamentarios”, señaló Sánchez en referencia a la negociación que ahora abrirá con los socios de investidura para desarrollar legislativamente este plan.

El jefe del Ejecutivo también ha apuntado a medidas de transparencia a través de una nueva ley de administración abierta, para “mejorar y ampliar la cantidad y calidad de información gubernamental”, y a un endurecimiento de los reglamentos del Congreso y el Senado. Con esto último se pretende endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa o incompleta.

Sánchez se ha centrado en esbozar un esqueleto del plan para abordar ahora una negociación con sus socios de investidura. La idea es iniciar ahora una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para proponer un plan de acción que "ayude a proteger y fortalecer nuestra democracia, dotándola de más transparencia y rendición de cuentas".

Negociación con los socios

El jefe del Ejecutivo ha evitado concretar las medidas de este plan, a la espera de "escuchar" a sus socios, para limitarse a esbozar un esquema con propuestas genéricas sin desarrollo legislativo. Este es el caso de la propuesta para "reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía". 

Desde Sumar avanzaban este martes un principio de acuerdo con sus socios para incluir una “reparación pública” en el caso de instrucciones con repercusión mediática que no culminen con la apertura de un juicio oral. La conocida como “pena del telediario”. En el Ejecutivo reconocían conversaciones para “revisar” esta cuestión, pero sin concretar hasta el punto de que no se ha decidido en qué consistiría dicha reparación y si sería de carácter económica.

El otro preacuerdo con el espacio de Yolanda Díaz, que ha incluido Sánchez en su intervención, es la propuesta de una "nueva reforma de la ley mordaza en lo relativo a la libertad de expresión". El jefe del Ejecutivo no concretó más, mientras que fuentes del Ejecutivo se refieren a "revisar" en el Código Penal los delitos sobre injurias y calumnias a la Corona, los símbolos nacionales o los sentimientos religiosos.