El PSOE carga contra el juez tras citar a Sánchez: “La investigación prospectiva está prohibida”

El PSOE modifica su estrategia en el caso Begoña Gómez para cuestionar abiertamente al juez. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado contra la investigación al referirse a un “montaje” y una “persecución política”. Un proceso falto de “ética y estética”, según reprochó tras enumerar lo que consideró irregularidades en el proceso, para alinearse con la defensa al denunciar que “habrá que preguntar al juez Peinado” de qué investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Según apuntó el portavoz de los socialistas en declaraciones a los medios en la Cámara baja, “hacer una investigación prospectiva está absolutamente prohibido y vetado por la doctrina y la jurisprudencia”.

Unas críticas que se producen después de que el juez Juan Carlos Peinado haya citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio a las 11:00 horas en relación a los negocios de su mujer, Begoña Gómez.

El juez Peinado cita el 30 de julio a Pedro Sánchez como testigo por los negocios de su mujer

En privado, fuentes parlamentarias socialistas pasan también de cargar contra la acusación a hacerlo directamente contra el juez: "Es una prevaricación de libro. Otras fuentes del partido deslizan que previsiblemente Sánchez declarará, pero no a través de video, sino por escrito. El propio Patxi López sugirió que se prestaría a declarar, al recordar que se ofreció a hacerlo en la comisión de investigación del Senado promovida por el PP. "Ya presuponía que esto es una causa contra Begoña Gómez, pero que se dirigía a su persona y que lo llevarían a declarar”, añadió. Fuentes de Ferraz trasladan que Sánchez decidirá en las próximas si presta declaración y de qué forma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está obligado a declarar como testigo, según especifica el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y como Peinado ha acordado su comparecencia en virtud de hechos que no tienen nada que ver con su cargo, el juez irá a interrogarle "en su domicilio o despacho oficial, es decir, en Moncloa.

Sin embargo, el artículo 416.1 de la misma ley dispone que, en los procedimientos penales, están dispensados de la obligación de declarar los parientes en línea directa ascendente y descendente del procesado, así como sus hermanos, cónyuge o pareja. Por eso, Pedro Sánchez podría acogerse, al igual que ha hecho su mujer, a su derecho a no prestar declaración. Ese es el motivo por el que el juez tendría que informar antes al testigo, que de todas formas estaría obligado a comparecer.

Diligencias "injustificadas"

Los socialistas insisten en que "no hay nada de nada" en la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra la mujer del presidente del Gobierno. "Hay dos informes de la Guardia Civil que dicen que no hay nada, el fiscal no la acusa de nada, los testigos no la implican y en la documentación no aparece nada", ha relatado López para reiterar su pregunta al juez: "¿De qué se la acusa?".  

Desde Ferraz sostienen que estas nuevas diligencias "son absolutamente injustificadas y revelan la naturaleza política de este caso", avanzando que serán recurridas, "como lo han sido el resto de actuaciones". Según remarcan haciendo una enmienda a la totalidad, "todo el procedimiento consiste en una investigación prospectiva sin fundamento jurídico alguno y está pendiente de resolución de varios recursos". Frente a ello concluyen que "España cuenta con un Estado de derecho sólido y la justicia acabará prevaleciendo".

Dudas en el Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en pedir la dimisión de Sánchez después de esta citación. Algo que para los socialistas es una "utilización indecente" de este caso para conseguir en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas. "Ya que Feijóo no puede, a ver si algún juez se carga a Pedro Sánchez", ironizó López. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondía a esta petición que Sánchez es presidente del Gobierno "porque así lo han decidido los españoles" para advertir que "ninguna utilización torticera de las instituciones impedirá que siga gobernando para la mayoría social y ampliando derechos".

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha deslizado también sus dudas sobre el proceso al asegurar que "los jueces de instrucción tienen que trabajar siempre con mucha prudencia a la hora de determinar determinadas diligencias". "Espero que el juez Peinado esté haciendo diligencias que son necesarias y no algunas que quieran tener simplemente proyección pública", concluía.

El Gobierno ya subió el tono contra la investigación tras la citación de Begoña Gómez el pasado viernes, cuando se negó a declarar. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, deslizó una investigación prospectiva, en línea con el abogado de la defensa. “Ni siquiera se sabe de qué se la imputa” y sobre “qué tendría que ir a declarar”. “Si sobre su vida entera, sobre los últimos seis años o sobre las mentiras que invaden ese procedimiento”, cuestionó. Bolaños tildó el proceso como una como un “capítulo más de persecución cruel y terrible al presidente del Gobierno y a su familia”.

"Situación de indefensión"

Sobre la petición de declaración de Sánchez avanzada el pasado viernes por la acusación popular que ejercer Vox, el titular de Justicia zanjó entonces que estas intenciones dejaban “muy a las claras cuál es su objetivo”. Desde el punto de vista procesal", censuró, "esas peticiones son absurdas y ridículas como tantas cosas que estamos viendo, pero yo creo que lo que sí pone claramente sobre la mesa es que se trata de una persecución contra el presidente”. “Todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada y por eso la verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará”, vaticinó Bolaños para acto seguido preguntarse “quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez”.

Este lunes antes de conocerse la citación, la portavoz del PSOE, Esther Peña, iba un paso más allá al criticar que “no es la manera habitual de actuar del poder judicial”. Esto es, según denunció, que en lugar de que sea el acusado quien debe sostener las pruebas de su acusación, tenga que ser el denunciado quien deba demostrar su inocencia. Algo que tildó como “una clara situación de indefensión”. Unas actuaciones del juez que, según lamentó, dañarían la “imagen del poder judicial”.