El Gobierno responsabiliza al PP de la citación de Sánchez: “Esto no es una causa judicial, sino política”

El Gobierno ha respondido a la citación de Pedro Sánchez como testigo con un tono inusualmente duro y cuestionando al juez del caso Begoña Gómez por desarrollar lo que califican como una investigación “prospectiva” que la jurisprudencia “impide en nuestro país”. “No es una causa judicial, es una causa política”, señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras ser preguntada por estas nuevas diligencias del juez Juan Carlos Peinado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En privado, fuentes de Moncloa se adhieren a las tesis de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno para referirse a “incoherencias” en la instrucción, a una “causa general” y a “falta de garantías procesales”.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, guarda silencio desde que este lunes se conoció la providencia del juez solicitando su declaración como testigo en la causa por la que investiga a su esposa, en Moncloa llaman la atención sobre que ni siquiera ha sido notificado. Los pasos que a partir de ahora dé el jefe del Ejecutivo, explican, dependerán primero del efecto de los recursos presentados tanto por la defensa de su esposa como por la Fiscalía sobre su citación.

“Se verá obligado a responder”, señalan fuentes del Gobierno, cuestionando el margen de tiempo desde que reciba la notificación hasta que se produzca la declaración, que Peinado fijó para el próximo martes. El escrito de recurso de la Fiscalía considera la citación de "inútil, innecesaria e impertinente, al ser notorio su cargo y que son cónyuges, lo que, según la ley de enjuiciamiento criminal, le permite no declarar".

Si en las filas socialistas se alienta la recusación del juez por lo que algunos dirigentes tildan abiertamente en privado como “prevaricación”, en Moncloa se desentienden porque las actuaciones contra juez “corresponden a las defensas procesales”. Con todo, coinciden con sus tesis al señalar que las investigaciones prospectivas “están prohibidas por ley” e irán “contra el Estado de derecho”.

Desde la sala de prensa de Moncloa, la portavoz del Gobierno se centró en atacar a la oposición al considerar que esta “causa política” estaría arengada “por la derecha y la ultraderecha”. “Lo que no le dieron las urnas no lo van a conseguir con oscuras maniobras”, añadió. Responsabilizando a los populares de este proceso, Alegría insistió en pedir a Alberto Núñez Feijóo que “asuma de una vez con responsabilidad el mandato de las urnas”. Su no aceptación, dijo, “es lo que lleva provocando la política del PP durante todo este año con una estrategia que únicamente se ha basado en el odio en la rabia y en la ira continuada durante este último año”.

Proceso "innovador"

La también ministra de Educación y Deportes se ha apoyado en las valoraciones de “juristas de reconocido prestigio” que coincidirían en señalar que “este proceso que estamos viendo es cuanto menos innovador”. De ahí recordó el inicio de la instrucción, “con una denuncia que empieza con recortes de prensa llenos de bulos” presentada por “pseudosindicatos de la derecha y de la otra derecha”.

Frente a ello, los socialistas enarbolan los informes de la Guardia Civil “que desmontan mentira tras mentira de esta denuncia”, además de que “la propia Fiscalía también ha pedido archivar” el caso. A ello añadió Alegría que “todas las testificales hablan de absoluta inocencia” para concluir que “no hay caso”.