La incógnita del destino de 8 millones de mascarillas desvelados en la auditoría de Puente: Una acusación pide al juez que lo investigue

La auditoría realizada bajo el mandato del actual ministro de Transportes (MITMA), Óscar Puente, sobre la compra por parte de su predecesor, José Luis Ábalos, de 13 millones de mascarillas a la trama Koldo hoy investigada por la Audiencia Nacional sigue dando lugar a nuevas peticiones al juez del caso Ismael Moreno. Si el pasado lunes era el PP el que trasladaba los resultados del informe para evitar que la Abogacía del Estado siga defendiendo al hasta la semana pasada número tres del Ministerio, ahora es la asociación Liberum la que pone el foco en la incógnita que el informe apunta sobre el destino de unos 8 millones de mascarillas de los que no se puede acreditar documentalmente su entrega y posterior reparto.

Por ello, solicitan al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 toda una batería de diligencias dirigidas a aclarar el destino de las compras realizadas por Soluciones de Gestión bajo la exigencia de "8 millones de mascarillas o nada" que sus directivos, a través del asesor del ministro Koldo García realizaron a la Administración. Entre las peticiones, los registros de los vuelos de Air Europa que participaron en la operación, tanto de llegada como de salida desde España, poniendo también en el foco la posible implicación de Globalia, cuyo entonces CEO, Javier Hidalgo, ya ha sido llamado a declarar como testigo el próximo día 12 de septiembre.

Según el escrito de alegaciones presentado por esta acusación popular, al que ha tenido acceso este diario, del contenido del informe de auditoría queda evidenciado el desconocimiento del destino final de 8 millones de mascarillas --20 millones de euros aproximadamente--lo que a su juicio "genera la necesidad de investigar qué sucedió realmente con esta mercancía, si fue extraviada o no registrada debidamente, fruto de una desastrosa gestión de lo público, o más bien, nos hallamos con la posibilidad de la reventa en el mercado".

Puente no puede acreditar que la trama Koldo entregara casi 3 millones de mascarillas por valor de 7,2 millones

Las cuentas que hace Liberum afectan a las dos Órdenes de compra firmadas por Ábalos, por un lado, estarían 2,8 millones de mascarillas (equivalentes a 7.262.832 euros) del lote de 4 millones comprado por Puertos del Estado con destino a las entidades públicas adscritas al Ministerio; a las que habría que sumar otros 4.000.000 de mascarillas con destino al sector del transporte terrestre de los que tampoco existen actas de entrega y recepción y no ha podido acreditarse su entrega a Correos, empresas ferroviarias y comunidades autónomas. Del segundo envío -pagado por Adif-, otras 1.140.977 unidades están sin acreditar su distribución, según apunta la acusación en su escrito.

Koldo se llevó mascarillas

Además, se afirma que el propio Koldo García se llevó personalmente al Ministerio dos palés con unas 25.000 mascarillas, "de las que no hay acta de recepción, y que fue custodiado por el entonces Asesor del Ministro, y el Subteniente de la Guardia Civil, bajo llave en un almacén, y retirado por ellos más tarde, sin que exista tampoco documento de la retirada".

Así, "salvo error u omisión", según Liberum en total se reconoce que no existen actas de distribución a los destinatarios finales de 8.002.783 mascarillas (2.861.806 + 4.000.000 + 1.140.977 unidades); lo que, supone un importe aproximado a las arcas públicas de: 20.006.957,50 euros (8.002.783 x 2,50 € + IVA).

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Por ello consideran que es "necesario y útil para esta investigación esclarecer la cadena de custodia del objeto del presente procedimiento que, no fue otro que la adquisición de material sanitario, mascarillas, para el personal del MITMA; empero más de 8 millones de unidades se desconoce su destino, lo que, supone un enorme importe económico, y merece al menos practicar las diligencias" que proponen.

Nuevos testigos

Entre las diligencias a acordar para aclarar este asunto, Liberum pide al juez que cite como testigos al presidente de la empresa repartidora, Raminatrans; y también del director Financiero y de Control de Gestión de ADIF, Manuel Fresno y de otros responsables públicos como son el director de Recursos Humanos y el secretario general de Políticas Públicas de Correos.

Igualmente, creen interesante que el Juzgado Central acceda a aporte el listado por fechas de todos los contratos suscritos con el Grupo Globalia (Air Europa) de los ejercicios 2020 a 2023, tanto para la entrada o salida de mercancías del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta información debería añadir el desglose de los puntos de salida y llegada de vuelos nacionales e internacionales, y la naturaleza de la mercancía que fue transportada.