El PP traslada al juez del caso Koldo las irregularidades detectadas por Puente: "Nunca se buscó el interés público"

Las conclusiones de la auditoría hecha pública el pasado viernes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las dos órdenes ministeriales para la compra de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif durante el mandato de José Luis Ábalos ya se encuentran sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga presuntos delitos de corrupción derivados de estas concesiones.

En un escrito presentado por la acusación popular ejercida por el PP, al que ha tenido acceso este diario, los de Alberto Núñez Feijóo remiten un resumen y análisis de los puntos más destacados de la auditoría. Concluyen que las irregularidades detectadas, y que afectan al hasta el pasado viernes número 3 del Ministerio, Jesús Manuel Gómez y al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, "se traducen en una adquisición de mascarillas que nunca obedeció a fines de interés públicos".

Prueba de ello es el hecho de que buena parte de las mascarillas nunca fueran utilizadas: "En estos momentos se mantienen en los almacenes de este Departamento 238.840 mascarillas y en el almacén en Azuqueca de Henares, unas 206.000 que, en términos económicos, supone 1.128.559 euros", reza el informe de auditoría.

Que la Abogacía represente a Hacienda

Por esta razón, y al igual que ya solicitó tras conocer el cese otra de las acusaciones populares, ejercida por la asociación Liberum, el PP pide al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que ofrezca acciones a Hacienda para que la Abogacía del Estado deje de representar al alto cargo de Transportes cesado --tal y como ha permitido hasta ahora al juez-- y se persone en la causa en defensa del interés general de los ciudadanos.

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El PP destaca también que la auditoría ha detectado que no se tuvo en consideración la estimación de necesidades en la contratación. Así se desprende según los investigadores de los correos electrónicos analizados donde Gómez García --que era subsecretario de Transportes cuando se gestaron los contratos-- acordó la adquisición de ocho millones de mascarillas, "sin que conste que dicho número fuese necesario".

 La explicación dada por Gómez, queda recogida del siguiente modo en el informe encargado por Puente: "Que la oferta era “o todo o nada”, la hipotética inexistencia de margen de actuación entre cero y ocho millones de mascarillas, puesta en relación con la situación de estado de alarma en la que se desarrollaron todas las actuaciones, debería haber sido adecuadamente justificada en el expediente, como motivación del cambio en el alcance de la emergencia".

Según los auditores, la tramitación de emergencia debe limitarse a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia. Por ello no ven justificado que se estimara "una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma), en solo 38 minutos se duplique tal estimación". 

Se pudo comprobar también que, tal y como reconoció Gómez García durante la entrevista que le fue realizada por los auditores, "los 8 millones de mascarillas vienen a coincidir con la oferta de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L.", la empresa de la trama. "De este modo, pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia, duplicada en tan solo 38 minutos, estaría más relacionada con la oferta existente que con las necesidades detectadas en relación con un tiempo determinado, 15 días naturales, que era en aquel momento (20 de marzo de 2024) el oficialmente previsto para el estado de alarma" subraya la auditoría.

No consta, además, añade el PP, que se buscasen otras ofertas durante la tramitación de esta primera contratación, si bien, tras la publicación de la Orden Ministerial distintas empresas hicieron llegar de manera espontánea sus ofertas que llegaron al órgano de contratación; dichas ofertas eran más económicas que el precio contratado con Soluciones de Gestión.

Retrasos en la entrega

Además, el pedido a la empresa controlada por el imputado Juan Carlos Cueto a través de los contactos del asesor de Ábalos, Koldo García, con el comisionista Víctor de Aldama, que iba a llegar en 48 horas, el 22 de marzo, se fraccionó hasta siete entregas y se produjo un retraso de meses en la recepción del material contratado. 

Por otro lado, la auditoría ha detectado también irregularidades en la tramitación de la segunda Orden Ministerial, para la compra de más mascarillas por parte de Adif. De hecho el 25 de marzo de 2020, solo 5 días después de aprobar la primera orden para adquirir 8 millones el Ministerio de Ábalos consideró necesario adquirir 5 millones más. 

40 céntimos más caras

"Téngase en cuenta que en esa fecha aún no había aterrizado ningún avión del contrato firmado por Puertos del Estado con la empresa Soluciones de Gestión, cuya oferta pasó de un suministro en un solo flete en 48 horas a 7 fletes, con un primer aterrizaje en la madrugada del 28 de marzo" dice la auditoría. Agrega que en toda la documentación analizada no se encuentra ningún estudio o análisis de necesidades que venga a justificar la adquisición. 

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En este expediente, a diferencia del primer pedido, tras el efecto llamado a otras empresas tras la publicación de la primera Orden, sí hubo más ofertas. De hecho, la de Soluciones de Gestión habría sido la más gravosa, cuarenta céntimos más cara cada mascarilla que las de Injoo Technologies, la cuál, además, ya se había acreditado por la Administración Pública rápida en el suministro.

Disconformidad en Adif

De hecho, consta en la auditoría que tanto el Director General Financiero y de Control de Gestión de Adif como el Director General de Negocio y Operaciones Comerciales no estaban conformes con la contratación de cinco millones de mascarillas a una empresa como Soluciones de Gestión, S.L.. No obstante, "el día 27 de marzo, tras una reunión por Teams convocada por el Director General de Gestión de Personas y fijada, según consta en la documentación aportada, a las 13:00 horas se adjudicó la totalidad del suministro de 5 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.  A este respecto, el director General Financiero y de Control de Gestión de Adif, Manuel Fresno, indicó a los auditores que no fue una reunión "de debate" -como así la calificó Miranda, sino en todo caso "de traslado de la decisión".

De todo ello el PP concluye que existieron evidentes irregularidades en la gestión del patrimonio público y de la gestión pública "de un bien tan necesario y tan escaso como eran las mascarillas sanitarias en plena crisis del COVID-19", por lo que no tiene sentido que la Abogacía siga defendiendo los intereses del alto cargo, en vez de reclamar por el perjuicio que sufrió el interés y la Hacienda pública.