El PP confía en que Clavijo imponga al Gobierno sus exigencias para reformar la Ley de Extranjería

Aunque todavía no hay avances en las conversaciones ni novedades aparentes, la sensación de que PP y PSOE no están tan lejos para llegar a un pacto en materia migratoria crece. A la urgencia de Canarias -que en los últimos días ha elevado el tono con el Gobierno- y de la ciudad autónoma de Ceuta, se suma un giro en el discurso que los populares percibieron en Pedro Sánchez hace unos días cuando habló de cortar los flujos de inmigrantes irregulares en origen como no lo había hecho antes. Además, el Consejo de Ministros aprobó este martes un paquete de 35 millones de euros para que las CCAA puedan hacer frente a la acogida de los menores migrantes pactada en julio, dando respuesta a lo que todos los territorios piden: financiación y recursos. Y también se confirmaron contactos a lo largo del mes de agosto que no han dado sus frutos, pero que prueban la interlocución.

En la dirección nacional del PP insisten en que “la pelota está del tejado” del Gobierno después de la reunión del 12 de agosto en Madrid que mantuvieron el ministro Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias y el portavoz parlamentario conservador, Miguel Tellado. 

El dirigente gallego explicó que Fernando Clavijo puso encima de la mesa una propuesta que incluía las principales exigencias del PP. La más importante se refiere a cómo se fija la ocupación máxima de los gobiernos autonómicos para hacer frente a la acogida de los menores migrantes, las plazas disponibles en sus centros, la capacidad que pueden dar de sí y la implicación directa del Estado cuando esa capacidad se ve sobrepasada. 

Se pusieron cifras encima de la mesa y tanto el gobierno canario (del que también forma parte el PP) como el partido a nivel nacional (es el grupo parlamentario el que debe votar una reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso) quedaron a la espera de una respuesta concreta del Ejecutivo central, que debía hacer una simulación de datos y comprobar la viabilidad económica de la propuesta. El PP asegura que no ha habido movimientos desde entonces y Canarias critica ya “la dejación de funciones” por parte del Gobierno, que es quien tiene la competencia en materia migratoria. 

Los populares, que llevan días reconociendo la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo, aseguran que sus exigencias -además de la financiación, la declaración de emergencia nacional en el resto de comunidades, la convocatoria de los presidentes autonómicos e impulsar medidas en los países de orígen con la implicación de la Unión Europea- se mantienen como requisitos. Lo que admiten es que “no necesitan autoría” ni que lleven el sello del PP. Sobre todo ahora que Clavijo las ha hecho suyas casi en su totalidad. 

En el entorno de Feijóo recuerdan que el peaje por cumplir lo acordado -los menores migrantes que se reparten entre las comunidades autónomas este año- llevó a la ruptura de sus gobiernos autonómicos con Vox. “Nuestra coherencia provocó esa ruptura” insisten en Génova. Y, por eso, reiteran que mantendrán las exigencias hasta el final. “El Gobierno no puede pretender una reforma de la Ley de Extranjería que las comunidades autónomas del PP tienen que implementar sin llegar a un acuerdo ni atender lo que los territorios necesitan”, zanjan.

Reforzar el Gobierno canario

En mitad de toda esta crisis que no termina de cerrarse y que ha hecho subir el tono a Coalición Canaria con el Gobierno, también ha habido una derivada política en evolución. 

Cuando Clavijo intentó buscar apoyos en el Congreso en el mes de julio para reformar la Ley de Extranjería, el PP reconoció tensiones. La cercanía del presidente canario en ese momento al ministro Torres y las dificultades que el resto de comunidades conservadoras manifestaban para una reforma legal en aquellos términos - que el PP rechazó- despertó desconfianza en la dirección nacional popular, que veía en la sintonía de su socio canario con Torres un intento de desestabilizar el ejecutivo de las islas.

En Génova aseguraban entonces que la situación del archipiélago era límite y que Clavijo “cumplía su función como presidente autonómico”. También hubo reproches bajo el convencimiento de que el Gobierno “estaba engañando” al dirigente canario y no terminaba de moverse. 

A lo largo del verano Clavijo insistió en que las peticiones del PP “eran razonables” y que entendía que el partido conservador exigiera una negociación directa con el Gobierno teniendo en cuenta que la mayoría de autonomías están gobernadas por ellos. Poco a poco el presidente de Canarias ha ido verbalizando las principales exigencias del PP. En Génova reconocen que “lejos de la fractura que se podía promover” este verano “ha habido un reforzamiento” del pacto con Coalición Canaria en las islas y que ahora “es Sánchez el que puede sufrir” por un solo escaño en el Congreso.