Pederastas que esquivan la cárcel por el 'atasco' en la justicia: "Da idea de impunidad"

A sus 6 años, una niña de Écija aprovechó que sus padres dormían para ir al sofá a ver la televisión. Y, a su vez, el pederasta José Eduardo C. I. también vio su oportunidad: la de sentarse a su lado y realizar "reiterados" tocamientos en las partes íntimas de la pequeña, que, sin ser consciente de lo que estaba pasando, le pidió que "parara". No era la primera vez que este hombre abusaba sexualmente de una menor de 16 años. En 2012 ya fue condenado a dos años de prisión por un hecho similar. Por esta nueva agresión, y a pesar de la reincidencia, la Audiencia de Sevilla le condenó este verano a otros dos años entre rejas, pero no pisará la cárcel por ello.

No lo hará, según la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer un delito en los próximos cuatro años, que pague una multa de 600 euros y que haga un curso de educación sexual. La razón por la que va a librarse de la cárcel un hombre que ha reconocido abiertamente en el juicio haber abusado sexualmente de una niña de seis años, y que, además, es reincidente, se debe en parte al poder negociador que consiguió su defensa por el 'atasco' que existe en la justicia española.

La falta de personal, de medios y, en ocasiones, las zancadillas que se pone a sí misma sin quererlo la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal retrasan los procesos hasta el punto en el que el condenado se puede llegar a beneficiar de lo que se conoce como dilaciones indebidas, que no son más que las demoras de los procesos judiciales por causas ajenas a los acusados. Una circunstancia a la que se agarran los agresores para bajar de grado su condena y que incluso puede ayudarles a cerrar un trato que les libre de entrar en prisión.

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Siete pederastas en libertad en Murcia

Esta semana, esto ha permitido esquivar la cárcel a siete empresarios de Murcia que reconocieron haber pagado a una red de explotación sexual de menores para tener sexo con adolescentes a sabiendas de que lo eran. Y, no solo eso, a alguna se le obligó incluso a mentir para que dijese que era aún más pequeña de lo que era: "Eso les daba más morbo".

A la espera de saber lo que pretende hacer la Fiscalía con las madames que reclutaban a estas chicas, que a petición de los clientes tenían que ser siempre "jóvenes" y "nuevas", la justicia de momento se ha tenido que conformar con condenar a los empresarios a entre cinco meses y dos años de prisión. El motivo, una vez más, la demora del proceso judicial, que ha tardado diez años en celebrarse.

"Con casos como este se perpetúa la idea de que la violencia contra la infancia puede quedar impune", denuncia ante este periódico la ONG Save The Children, que apunta a que "resoluciones como esta contribuyen a la normalización de la explotación sexual" de los menores.

Fuentes jurídicas explican a este periódico que esta grieta de las dilaciones indebidas no es nueva. Tampoco que solo se invoque en casos aislados. Es más bien un "mal endémico" que acompaña a una justicia a la que ya no solo le cuesta moverse con agilidad, sino también a un ritmo que no benefice a los agresores.

"Una de las principales consecuencias de los retrasos es la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas con la consecuencia de reducciones de pena, lo que genera una idea de impunidad y el reconocimiento de un fracaso derivado de la ineficiencia de la Administración de Justicia", reconoce la Fiscalía General del Estado en su memoria presentada hace apenas una semana.

Una idea de fracaso en la que debió de pensar Manuela (nombre ficticio), cuando vio que en 2022 la Audiencia Provincial de Girona rebajó a dos años y medio la condena de su abuelo por dilaciones indebidas. El mismo abuelo que le manoseó los pechos y el culo y que se metió su mano en los pantalones en varias ocasiones cuando ella solo tenía 11 años. Y también se le pasaría por la cabeza ese concepto de impunidad cuando este verano le vio intentando convencer al Tribunal Supremo de que había hecho un "extraordinario" esfuerzo al pagar la indemnización a la que se le condenó y que debía rebajársele aún más la pena. Ahí, en el Alto Tribunal, no se salió con la suya.

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La revictimización, un riesgo

En España, casi la mitad de las denuncias que se registraron el año pasado por violencia sexual tuvieron como víctima a una persona menor de edad, siendo ocho de cada diez niñas o chicas adolescentes, según datos del Ministerio del Interior.

Menores, en definitiva, que suelen tener que convivir con el proceso judicial de su abuso durante los años en los que se conforma su identidad. Media vida, en algunos casos, sufriendo abusos, y otra media reviviéndolos ante jueces y peritos para que a la hora de dictar sentencia esa espera pueda jugar a favor de sus agresores.

"Es necesario adaptar el sistema judicial a las necesidades de la infancia y la adolescencia. Por desgracia, todavía es habitual que estos procesos judiciales se alarguen indebidamente en el tiempo, lo que acrecenta las posibilidades de aumentar el daño sufrido a través de la revictimización o victimización secundaria y pone en riesgo la recuperación del niño o niña", explican a este periódico desde Save The Children.

Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Laura (nombre ficticio), que fue víctima de violaciones por parte de su padrastro, entonces de unos 65 años, desde los 13 hasta los 18 años, cuando ella misma acudió a una comisaria a denunciar el infierno en el que estaba viviendo. Después de casi cinco años peleando en los tribunales, logró que la Audiencia Provincial de Gijón condenase a su agresor a 14 años y tres meses de prisión, pero el pasado junio el Tribunal Supremo, que reconoció dilaciones indebidas en el proceso, tuvo que reducir la pena a 11 años para adaptarse también a la nueva ley.