Un TC fracturado aparta al exministro Campo de todos los recursos de la amnistía

Como se veía venir las deliberaciones sobre la amnistía van a ser a partir de ahora cualquier cosa menos pacíficas. El pleno del Tribunal Constitucional de este martes ha necesitado varias horas para abordar uno de sus primeros asuntos del orden del día, que era prácticamente de mero trámite: la extensión de la abstención de Juan Carlos Campo acordada en el pleno anterior, en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Supremo, a todos los recursos sobre la amnistía. La decisión refleja la división que vivirá a partir de ahora la corte de garantías: el exministro quedará apartado de todas las impugnaciones de la medida de gracia por seis votos frente a cinco, informaron a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.

El TC se prepara para reeditar con la amnistía la guerra de recusaciones que vivió con el Estatut

El debate ha sido denso y finalmente ha triunfado, pero por la mínima, la posición defendida por el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que ha defendido que por economía procesal y para agilizar las deliberaciones debía ser él el ponente de la extensión de abstención de Campo, acordada por unanimidad hace 15 días a partir de la ponencia redactada por el magistrado de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez.

El exministro, que ya se ha apartado de alrededor de 200 asuntos sin problema alguno, alegaba que calificó de "inconstitucional" la amnistía en los informes en los que proponía al Consejo de Ministros la concesión del indulto a los líderes del `procés'. A partir de su propuesta de abstención, Conde-Pumpido redactó la resolución finalmente aprobada, aunque incluirá los votos particulares de los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. Los otros dos jueces de sensibilidad conservadora, César Tolosa y Ricardo Enríquez, se han reservado la posibilidad de hacer otro o sumarse a los de sus compañeros.

Las fuentes consultadas han señalado que la discusión se ha centrado en dos puntos: uno consistía en que Conde-Pumpido no podía ser el ponente de todas las abstenciones y otro, que tanto él como Laura Díez Bueso y José María Macías debían abandonar el pleno y no pronunciarse ni siquiera en estos puntos previos al fondo del asunto, por haber sido recusados. Los dos primeros por el PP y varias comunidades autónomas recurrentes y el tercero por la fiscalía y la Abogacía del Estado.

El sector progresista ha defendido que no tiene sentido que se reproduzca un debate sobre la abstención de Campo en los 16 recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, porque la decisión solo puede ser una: que quede apartado de todas. Lo contrario solo supondría una pérdida de tiempo semejante a la que se ha vivido este martes, al destinar toda la mañana a extender una decisión acordada en el pleno anterior.

Recusaciones

En cuanto a que los recusados no pueden participar en los debates preparatorios de la resolución de los recursos tampoco ha habido acuerdo. Los progresistas defendían que sí, porque no tiene nada que ver determinar si alguien tiene comprometida su imparcialidad o su apariencia de imparcialidad con el debate de si la amnistía es constitucional o no lo es.

Durante la discusión Conde-Pumpido ha explicado la razón por la que en 2022 firmó un voto particular en el que se mostró partidario de que los recusados se apartaran de cualquier debate, cuando ahora defiende justo lo contrario, señalando que entonces todas las decisiones se adoptaban por unanimidad y su presencia no sería determinante en un sentido u otro. Solo ha convencido a los magistrados de sensibilidad progresista.

En la cabeza de todos estaba una recusación concreta que iba a ser rechazada y se acordó porque todos los que habían sido recusados abandonaron el pleno que debía abordarla: la de Pablo Pérez Tremps durante las deliberaciones sobre el Estatut. El magistrado ya fallecido, de sensibilidad progresista, quedó excluido de la sentencia más polémica redactada por el Constitucional.