La investigación en RTVE sobre la filtración del examen de oposición estrecha el cerco: los delegados de UGT, en la diana

La investigación abierta en RTVE por la filtración del examen de oposición de informador estrecha el cerco sobre el tribunal, con los todas las miradas puestas en los dos delegados sindicales de UGT. La mayoría de organizaciones sindicales ha tratado de sacudirse las sospechas con la firma de un documento donde niegan que sus delegados en el órgano sean los responsables de filtrar las preguntas y se comprometen a hacer frente a los gastos que la suspensión del examen pudiera acarrear, en caso de que así fuera. Un documento al que rechazó adherirse el sindicato mayoritario de la corporación, UGT, y el Sindicato Independiente.

Los movimientos no cesan en Prado del Rey desde el lunes, cuando se decidió fijar la nueva fecha para las pruebas y renovar tanto los miembros del tribunal como la elaboración del examen, para blindarla ante nuevas filtraciones. El martes se reunió el Consejo de Administración para que la presidenta interina, Concepción Cascajosa, informase sobre lo ocurrido.

En esa reunión, según afirman fuentes conocedoras, la propia Cascajosa se mostró convencida de que la filtración partía del tribunal, que está compuesto por 10 miembros, de los cuales cinco son nombrados por la corporación y otros cinco son designados por los sindicatos, de los que UGT tiene dos, mientras CCOO, USO y Sindicato Independiente (SI) tienen uno. En esa misma reunión, la presidenta se comprometió a abrir una investigación interna y llegó a plantearse que las pesquisas se encargaran a algún ente externo a la corporación, para evitar su posible contaminación.

"Corresponsables económicamente"

Este miércoles tuvo lugar otro movimiento con la firma de un documento por parte de los sindicatos a propuesta de CGT, donde niegan que sus miembros designados estén implicados en las filtraciones. El documento en cuestión, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, compromete a sus firmantes a responder económicamente de los gastos acarreados por la suspensión del examen en caso de demostrarse que sus delegados sean los responsables. Sólo UGT y Sindicato Independiente (SI) rechazaron firmarlo.

"Los sindicatos firmantes aseguramos que los miembros del comité de valoración propuestos por nosotros no han sido los responsables de la filtración de las preguntas", reseña el texto, extremadamente escueto, que añade un compromiso.

"Las secciones sindicales abajo firmantes nos hacemos corresponsables económicamente de las consecuencias derivadas de esta filtración si el origen de la misma fuera de un miembro del tribunal propuesto por nuestra sección sindical", continúa el escrito, que está sellado por CGT, CCOO y USO, y donde queda en blanco la casilla de UGT y SI.

En el segundo caso, afirman fuentes de SI, se negaron a firmarlo por diferencias con CGT, que "llevó el documento" antes de la reunión, por considerar que no eran las formas."Ni siquiera lo leímos", explican.

UGT denuncia "caza de brujas"

En el caso de UGT, apelan a la presunción de inocencia: "No es que no se confíe para firmar o no, es que todos son inocentes hasta que la Policía diga qué paso". "Por qué tengo que firmar algo que otro sindicato me pone encima de la mesa", defienden desde UGT, donde advierten: "Hay un procedimiento judicial y mientras no se resuelva, hablar de nadie es cuanto menos punible". Critican además la presentación "circense" del documento por parte de CGT, el único sindicato sin representación en el tribunal.

Desde UGT apelan a la "situación de personas anónimas que se han visto expuestas", en referencia a sus dos miembros en el tribunal, Julián Pérez Olmos y Guiomar Zaballos, que están en el centro de todas las sospechas, según aseguran otras tres organizaciones sindicales. Critican que "se está poniendo en tela de juicio su credibilidad y honestidad al verse envueltos en una situación donde los diez pueden ser culpables. Los diez. ¿Por qué la parte sindical y no la empresarial?", se preguntan.

El sindicato mayoritario cree que las acusaciones del resto de organizaciones responde a una "guerra sindical" y una "caza de brujas injustificada", cuando ya hay una investigación policial en marcha, y advierten de que en caso de que sus delegados en el tribunal sean inocentes emprenderán "demandas" contra quien haya asegurado lo contrario.  

"Mafia sindical"

En CCOO, el segundo sindicato de la corporación, han considerado que el documento "es una forma de desenmascarar o evidenciar quién puede estar detrás, por si alguno tuviera dudas", ironizan. "Nosotros no tenemos ningún problema en responder por uno de los nuestros porque cuando ponemos una persona lo primero que pedimos es que tenga prestigio, fiabilidad y solvencia", destacan.

La batalla sindical que se libra en la corporación es el telón de fondo de la última polémica en RTVE. Comisiones Obreras denuncian la praxis de UGT, sindicato mayoritario del ente público con el 40% de los delegados sindicales. En las últimas oposiciones de 2023, "hicieron campaña diciendo que te iban a pasar las preguntas", relatan. "Algunos trabajadores -sin plaza fija- venían al sindicato y nos preguntaban si pasábamos las preguntas, y les decíamos 'vete a otro sindicato'", critican estas mismas fuentes, que censuran lo que califican como una "mafia" o "red clientelar".

"Aquí el problema no es que hagan la mayoría de su campaña de organización sindical a base de clientelismo, el problema es que la dirección de recursos humanos lo conoce y lo consiente", resumen desde CCOO.

En general, existe cierto escepticismo sobre la investigación interna de RTVE, y hay quien advierte que "lo van a intentar tapar", pero creen que los hechos deberán esclarecerse ante la presión pública y después de la denuncia policial. En UGT y SI advierten de que no será posible abrir una investigación interna, como a la que se ha comprometido la presidenta interina, y advierten de que cualquier pesquisa interna deberá "paralizarse" al estar en curso una investigación policial.

Revisión de exámenes anteriores

En la reunión de este miércoles, CCOO pidió la revisión de todos los exámenes anteriores (este septiembre han tenido lugar ocho pruebas de oposición para distintas áreas) y una investigación al respecto. "No tenemos dudas de que esto ya ha pasado", sostienen, asegurando de que a estas pruebas "se han presentado compañeros contratados a propuesta de UGT". "Estamos pidiendo una revisión y máxima dureza con los responsables. No es un caso puntual, es una mafia sindical organizada desde hace muchos años".  

Desde el sindicato minoritario CGT, en conversación con este medio, coincide en el relato y denuncia que "hay una confusión entre el sindicato mayoritario y Recursos Humanos", asegurando que "no hay una línea entre ellos" y afirmando que "UGT ha colocado a mucha gente que les debe favores".

En CCOO y USO, sin embargo, ironizan con el hecho de que el documento lo presentara precisamente CGT, el único sindicato que no está representado en el tribunal y el único libre de sospecha.

Desde USO sí creen que el documento era una "forma de demostrar quiénes son los responsables o quiénes se pueden sentir culpables", puesto que no han firmado, creen, "quien puede tener alguna duda sobre los suyos". Critican que la Comisión de Empleo, encargada de preparar el proceso de oposiciones, no ha recibido ninguna información sobre lo ocurrido, ni la denuncia policial ni cómo se tiene constancia de los hechos.

La denuncia

Todos dan por hecho que el miembro del tribunal que dio la voz de alarma es Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas, algo de lo que, sin embargo, no tienen constancia oficialmente.

El texto de la denuncia, al que ha tenido acceso este medio, relata que fue a través de una llamada la noche anterior al examen, el sábado 28 de septiembre a las 22.37 horas, cuando se tuvo conocimiento de las filtraciones. La alerta la daba un trabajador que "no quiere aportar más datos por miedo a que pueda sufrir futuras represalias".

En la denuncia consta también "que una tercera persona es la que envía este documento a su correo personal", que "se corresponde con las respuestas a las preguntas en unos casos", y en "los enunciados y respuestas en otros". A las 23.17 horas, realizó una llamada a los miembros del tribunal pertenecientes a la cuota de RTVE, que decidieron avisar a la secretaria del tribunal, que a su vez elevó el asunto a sus superiores. La hora oficial a la que se suspendió el examen fueron las 10.35 horas del domingo 29 de septiembre, 25 minutos antes de que empezara el examen.

Entre 500.000 euros y un millón

Las consecuencias económicas de la suspensión del examen están aún por ver, teniendo en cuenta que se presentaban 5.000 opositores que incurrieron en gastos de alojamiento y manutención para asistir a la cita. La presidenta interina de la corporación, Concepción Cascajosa, trasladó al resto de consejeros del ente que la cifra podría ascender a medio millón de euros, aunque otros miembros de la cúpula apuntan a que la cifra podría aumentar hasta el doble.

El Consejo ha elevado una consulta a la asesoría jurídica de la casa ante las obligaciones que tendría RTVE a la hora de responder a los perjuicios económicos de los aspirantes. Distintas voces del Consejo de Administración, además de los sindicatos, han pedido habilitar una plataforma online para facilitar las reclamaciones.